El gobierno de Tucumán a través de la Fiscalía de Estado y el Partido Justicialista (PJ) local presentaron ayer, por separado, recursos de “per saltum” ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia para que el máximo tribunal se expida a la brevedad sobre la validez del fallo de la Sala I en lo Contencioso Administrativo que anuló las elecciones provinciales del 23 de agosto, a solicitud de la alianza opositora Acuerdo para el Bicentenario y en las que se impuso el candidato oficialista Juan Manzur. “Nosotros entendemos que, en un sentido o en otro, la Corte tiene que fallar y si bien no sabemos cuál va a ser la decisión que tomará, si esta situación se extiende en el tiempo no tenemos ninguna duda que los mandatos constitucionales de las autoridades van a fenecer y vamos a correr el riesgo de que se intervenga no sólo el Poder Ejecutivo y el Legislativo, sino también el Judicial”, advirtió el apoderado del PJ, Marcelo Caponio, quien dijo que el fallo de la Cámara “se ha tomado como un golpe de Estado institucional”. La urgencia para resolver la judicialización de la elección se debe a que el mandato de las actuales autoridades vence el 28 de octubre, cuando deben asumir las elegidas por el voto popular y la provincia no tiene una ley propia de acefalía.

“Nosotros estamos defendiendo la institucionalidad de la provincia”, explicó Caponio. “Queremos que todos los poderes continúen con su normal funcionamiento, y por eso vamos a agotar todas las instancias judiciales, recurriendo a la Corte Suprema de la provincia, y si correspondiera Corte Suprema de la Nación”, insistió el apoderado.

El PJ ya había apelado el fallo con un “recurso de casación” que presentó el jueves ante la propia Corte. Caponio sostuvo ayer que ahora recurrió al per saltum ante la Corte Suprema de Tucumán “para que atienda directamente en el tema y dicte una resolución en el corto plazo”. Un recurso jurídico que tiene como objetivo abreviar los pasos procesales para que la Corte aborde inmediatamente la causa. “Nos encontramos ante un fallo que es un mamarracho, que no tiene antecedentes desde lo jurídico. Se ha tomado como un golpe de Estado institucional”, sostuvo Caponio.

“Al igual que en la Nación, la Junta Electoral Provincial tiene un rango constitucional, es un órgano extra que se constituye con una única función que es organizar y proclamar ganadores a los candidatos electos”, explicó el apoderado y cuestionó que la Cámara “se ha arrogado facultades propias de la Junta Electoral, las que son indelegables”. Luego agregó que el único órgano que tiene la facultad de declarar la validez o nulidad de una elección “es la Junta Electoral Provincial”, al tiempo que adelantó que van a avanzar con la denuncia de prevaricato en contra de los jueces Salvador Norberto Ruiz y Ebe López Piossek, que firmaron el fallo.

Para el abogado Javier Amuchátegui de la Fiscalía de Estado de Tucumán el fallo que declaró la “nulidad” de las elecciones provinciales es “arbitrario y antojadizo” y estimó que la Corte Suprema provincial dentro de “48 horas deberá dictar” una resolución frente al pedido de apelación.

Amuchátegui indicó que la Ley Electoral establece que “para modificar todo el comicio” tendrían que haberse detectado irregularidades “en la mitad más una de las mesas del comicio”. “Por eso nosotros, usando la segunda instancia, pedimos que revisen los argumentos que ha tenido el juez para dictar el fallo que entendemos arbitrario y antojadizo”, resaltó el abogado que representa al Estado tucumano.

En tanto el fiscal general ante la Cámara federal de apelaciones de Tucumán, Gustavo Gómez, dio muestras de alineamiento corporativo. Consideró que el conflicto judicial en torno a la elección provincial “va para largo”, con lo cual sostuvo la intervención federal “es inevitable” y responsabilizó al gobernador José Alperovich de estar “provocando que se llegue” a esa situación. Gómez dio una explicación poco jurídica ante una pregunta periodística sobre su opinión de si hubo o no “fraude”: “Seguro que sí y el fraude comienza en 2006 cuando la constitución provincial elige un sistema de acoples que permite tener 25 mil candidatos, es decir, un candidato cada cuatro electores”. Un sistema que consagró dos mandatos de gobernador en elecciones anteriores sin inconvenientes y del que se valió la oposición para consagrar a sus propios intendentes y legisladores. Alperovich también salió al cruce de uno de los camaristas que decretó la nulidad de la elección provincial. “Les quiero decir a los tucumanos que el doctor Ruiz tiene un hijo que es empleado de la Junta Electoral Provincial, y por ese motivo se tendría que haber excusado y no tendría que haber fallado”, reclamó el mandatario. “Se tiene que solucionar lo antes posible porque no se puede vivir con esta intranquilidad que provoca mucha tristeza porque hace 12 años que venimos trabajando bien, tuvimos muchas elecciones en Tucumán y nunca hubo un problema”, recordó el gobernador cuyo mandato finaliza el 28 de octubre. Alperovich también volvió a insistir en que “Manzur ganó por más de 110.000 votos, con el 52 por ciento, y no tendríamos que vivir esta situación de incertidumbre”.