Abuelas de Plaza de Mayo y el Servicio Paz y Justicia exigieron ayer que el represor Luciano Benjamín Menéndez y otro puñado de imputados en condenados a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en los meses previos a la última dictadura cívico militar en Córdoba. Los organismos alegaron por el secuestro, las torturas, el asesinato y la desaparición de una decena de jóvenes, un cúmulo de hechos analizados en el juicio que evalúa responsabilidades en violaciones a los derechos humanos sucedidas en torno de los centros clandestinos La Perla, el más feroz de esa provincia durante los años de terrorismo de Estado, y La Ribera.

En su exposición, María Teresa Sánchez, representante legal de Abuelas de Plaza de Mayo, señaló que Menéndez conocía del accionar de los grupos paramilitares que actuaban entonces y recordó que fue quien creó el “grupo interrogador de detenidos”, aquellos encargados de las torturas en los centros clandestinos de detención. Además de Menéndez, solicitó las penas de prisión perpetua por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado a Fernando Andrés Pérez; Marcelo Luna; Yamil Jabour; Antonio Filiz; Francisco Melfi y Carlos Yanicelli. También solicitó condenas para Calixto Flores, Marcelo Luna, Juan Molina, Fernando Pérez, Luis Lucero y Francisco Melfi. Abuelas de Plaza de Mayo participa del debate oral en representación de los familiares de Oscar Domingo y Juan José Chabrol, secuestrados por miembros del grupo paramilitar Comando Libertadores de América (CLA), el 18 de octubre de 1975; y los de Marta Susana Ledesma y su esposo Sergio Héctor Comba, también detenidos de manera ilegal la noche del 10 de diciembre de 1975. Todos ellos fueron mantenidos cautivos en el centro clandestino de detención La Ribera y luego asesinados. Sus cuerpos permanecen desaparecidos. En nombre de Serpaj, la abogada Adriana Gentile solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Córdoba que condene a prisión perpetua a Menéndez y también a Ernesto Barreiro, Carlos Alberto Díaz; Juan Eusebio Vega; Ricardo Ramón Lardone, Arnoldo José López y Héctor Raúl Romero, así como también a Jorge Exequiel Acosta y Luis Manzanelli por su responsabilidad en el secuestro, las torturas y la desaparición de Juana del Carmen Avendaño de Gómez y Mario Alberto Nívol, secuestrados el 15 de mayo de 1976 y el 14 de febrero de 1977, respectivamente. Para los represores Luis Diedrichs, Héctor Vergez, Hugo Herrera y Emilio Morard esa parte solicitó 25 años de prisión.