El intendente electo de Merlo por el Frente para la Victoria, Gustavo Menéndez, acusó al jefe comunal saliente Raúl Othacehé de estar detrás de la toma de 60 hectáreas y un complejo de viviendas en el distrito, donde se asentaron más de dos mil familias. La ocupación lleva 21 días y ayer, luego de convertirse en noticia en los medios nacionales y tema de la campaña presidencial, atravesó una jornada de tensión cuando seiscientos policías bonaerenses se desplegaron frente al predio esperando la orden de desalojo. Finalmente se abrió una instancia de diálogo y se realizará un censo entre los ocupantes, mientras se negocia para encontrar una salida que evite la represión.

En el lugar, los ocupantes permanecen con carpas de nylon y casillas de madera y chapa. La toma incluye, además de los terrenos privados, 340 viviendas en construcción de un plan federal.

“Estoy absolutamente convencido de que está impulsado por él”, sostuvo Menéndez al responsabilizar a Othacehé; “hay punteros políticos que actúan con el fin de generar caos social”. Según el intendente electo, en el complejo de viviendas que Othacehé no llegó a terminar “habría habido una sobrefacturación que no pueden explicar” por 80 millones de pesos. “Eso explicaría también por qué cuando tomaron las casas muchas fueron quemadas. Cuando uno toma una vivienda por necesidad, no la quema”, apuntó el dirigente.

Menéndez aseguró que pudieron “ver a funcionarios de la municipalidad, que actúan como punteros, tomando terrenos que luego les venden a las familias que necesitan la tierra”. El dirigente denunció a Othacehé ante la justicia. Othacehé rechazó las imputaciones y acusó a su vez a Menéndez de estar vinculado “a las drogas y a la delincuencia”.

El Vasco deberá dejar el municipio el 10 de diciembre después de seis mandatos consecutivos –24 años– en el poder, durante los que se convirtió el paradigma de los barones del conurbano por los hechos de violencia que caracterizaron su gestión. Este año intentó postularse por un nuevo período, pero perdió las PASO ante Menéndez, que agrupó a toda la oposición interna a Othacehé y le ganó la candidatura del Frente para la Victoria, con la que fue electo el 25 de octubre como nuevo jefe comunal.

Carta blanca

Othacehé “dio carta blanca para agarrar los terrenos. Metió gente de él, con coches de 120 mil pesos, que estaban con una carpita”, denunció a las cámaras de TV uno de ocupantes. Otros contaron que se sumaron al ver cómo punteros del jefe comunal saliente tomaron las construcciones sin terminar del plan federal de viviendas.

En la toma hay también presencia de agrupaciones de izquierda, como el Polo Obrero y el Frente Darío Santillán, integrantes del FIT. “Estamos desde el 21. Nos llegó de boca en boca que se iban a tomar unos terrenos que hacía más de treinta años que estaban desocupados, abandonados, con muchos bichos, que era en una zona peligrosa por donde nadie pasaba”, contó Tomasa Paredes, del Frente Darío Santillán. “Yo estaba alquilando, pagaba 1800 pesos por una pieza con baño compartido. Soy madre soltera y nunca podría llegar a pagar un terreno.” Agregó que con el correr de los días, al grupo que inició la ocupación se fueron sumando más personas, a medida que se corrió la voz. En el predio demarcaron los lotes, abrieron calles y tendieron cables para llevar electricidad.

El despliegue de la infantería fue antecedido por un oficio del juez federal de Morón, Juan Pablo Salas, que pidió al ministerio de Seguridad bonaerense que impida el ingreso de más personas y materiales en los terrenos tomados. Salas recibió una denuncia sobre la ocupación y, si bien se declaró incompetente y la pasó a la Justicia provincial –porque los predios pertenecen a la órbita del gobierno bonaerense– mandó un oficio al Ministerio de Seguridad de la provincia en el que pidió que garantice “la paz social”.

Mientras la policía se desplegaba en el lugar, el titular de la cartera, Alejandro Granados, sobrevoló la zona. Granados, que subió al helicóptero con quien fue designado por la gobernadora electa María Eugenia Vidal como su sucesor, Cristian Ritondo, dijo que los efectivos estaban “a la espera” de la orden de actuar. “Cuando la Justicia nos ordene desalojar, desalojamos”, advirtió. El ministro consideró que la ocupación se produjo a raíz de que “un vivo que quiso perjudicar a alguien y que hizo correr la voz que se podían tomar esos terrenos”, y consideró: “no va a haber ningún problema en que la gente se retire porque no están afincados”.

La apertura de una instancia de diálogo evitó, avanzada la tarde, llegar al desalojo compulsivo. Las familias que acampan en el lugar fueron convocadas a elegir delegados, que mantuvieron una reunión con el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Eduardo Aparicio, el subsecretario de Urbanismo Social, Ricardo Spalletti, y funcionarios de la intendencia. Allí acordaron abrir una negociación que, como primer paso, incluirá un censo para registrar a los que necesitan una vivienda. El censo comenzará esta mañana, a las diez.

“El camino es una vez más el diálogo”, aseguró Aparicio. “Las viviendas en construcción deben ser desalojadas y quienes acampan tienen que tener un censo social, lo que nos permitirá un principio de solución definitiva con la retirada de los ocupantes”, concluyó el funcionario.