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La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, que integran distintas agrupaciones de derechos humanos, denunció que, como castigo por las críticas a la política de “seguridad” del gobernador Felipe Solá, éste pretende transformar el organismo en una dependencia del Poder Ejecutivo. “Esto cambiaría de lleno las funciones que tiene asignadas la Comisión, para cuyo ejercicio es imprescindible conservar la autonomía”, aseguraron sus miembros en un comunicado. El lunes se entrevistarán con el presidente Néstor Kirchner para pedirle apoyo.
La Comisión por la Memoria fue creada por una ley de la Cámara de Diputados de la provincia en julio de 1999 con el objetivo de “reconstruir, documentar e investigar la historia del autoritarismo que asoló a la República Argentina durante todos los golpes militares de este siglo y, fundamentalmente, sobre el terrorismo de Estado instaurado entre 1976 y 1983”. Entre quienes la integran hay legisladores de distintos partidos políticos, personalidades del ámbito jurídico y religioso y miembros de organismos de derechos humanos como Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo; Laura Conte, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Adolfo Pérez Esquivel, del Servicio Paz y Justicia (Serpaj).
Ayer, en un comunicado encabezado por Pérez Esquivel, el fiscal Hugo Cañón y el rabino Daniel Goldman, la comisión aseguró que “viene soportando una serie de ataques” y que el último es “un proyecto que pretende reemplazar las leyes que la crearon como una institución autónoma, para transformarla en una dependencia del Poder Ejecutivo”. Los dirigentes del organismo identificaron la ofensiva de Solá con “las denuncias que la Comisión ha venido realizando acerca del accionar de la policía bonaerense, las torturas y otras violaciones a los derechos humanos en cárceles y comisarías de la provincia” y aseguraron que “las maniobras del gobierno bonaerense para desarticular la comisión y someterla a los dictámenes oficiales se inició a partir de la publicación del documento en el que se cuestionó las medidas que otorgaron mayores facultades a la policía en una suerte de regreso a la nefasta ‘mano dura’”.
“Cuando Solá confrontaba con (Carlos) Ruckauf apoyaba a la comisión, pero cuando se marcan sus defectos en materia de derechos humanos se molesta”, señaló Cañón. Habitualmente, la comisión presentaba su presupuesto ante el Ministerio de Economía de la provincia, para que luego fuera aprobado por la Legislatura. Este año, el pedido fue derivado a la Secretaría de Derechos Humanos. Cañón y Pérez Esquivel intentaron reunirse con Solá, pero el gobernador les negó la entrevista. El lunes, serán recibidos por Kirchner, a quien le solicitarán apoyo para las tareas que están siendo comprometidas por el conflicto con las autoridades provinciales: la digitalización del archivo de la policía bonaerense –que custodia la comisión– y la ayuda, con personal, al Juicio por la Verdad que lleva adelante la Cámara Federal de La Plata.
Consultada por Página/12, Sara Derotier, subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, aseguró que desconocía el comunicado de la comisión al igual que algún proyecto de Solá respecto de quitarle autonomía al organismo. Derotier fue integrante de la comisión por la Memoria hasta la semana pasada, cuando le fue otorgada una licencia compulsiva por pertenecer al Ejecutivo provincial. “No contesté esa carta, firmada por algunos miembros de la Comisión, porque la presidenta, Estela Carlotto estaba y sigue fuera del país”, afirmó Derotier.