A contramano de sus abundantes discursos en defensa de la “independencia judicial”, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, consiguió en cuestión de días la aprobación de un paquete de reformas que le permitieron nombrar a dirigentes radicales y otros aliados en puestos clave del Poder Judicial local. En el caso más flagrante, logró llevar el número de integrantes del Superior Tribunal provincial de cinco a nueve y en la misma semana designó entre sus nuevos miembros a dos de los diputados radicales que acababan de votar la ley de ampliación, Pablo Baca y Beatriz Altamirano, y a un tercero que también había sido legislador de la UCR, Federico Otaola. La legislatura creó a su vez un sistema acusatorio para las investigaciones penales y al frente del Ministerio Público Fiscal quedó un funcionario judicial también de origen radical, en el de la Defensa una de las hermanas del vicegobernador Carlos Haquim, mientras que la otra hermana está en la Secretaría de Derechos Humanos, sin experiencia en el tema. Uno de los dos jueces que ordenaron ayer el desalojo del acampe de la Tupac Amaru, Matías Ustares Carrillo, le debe su flamante cargo a Morales, que lo incluyó entre los más recientes elegidos. Con la lógica de disciplinar y aleccionar que implica de por sí la detención de Milagro Sala, el mandatario denunció al fiscal Daniel Osinaga por no perseguirla ni imputar a los dirigentes que mantienen la protesta.

“Fue entre gallos y medianoche, y es literal, ya que la ampliación del superior tribunal se votó sorpresivamente a las cuatro de la madrugada”, relata Ariel Ruarte, quien reemplazó a Milagro Sala en su banca para que ella asumiera en el Parlasur. El proyecto estaba incluido en el temario de la Legislatura del 15 de diciembre para las 12 del mediodía, pero en plena sesión maratónica la noche anterior el radicalismo resolvió adelantarlo. Los 25 votos oficialistas bastaron para la aprobación. El peronismo se plantó en contra y el Frente Unidos y Organizados por una Soberanía Popular (Fuyo) se retiró en señal de desaprobación. El más alto tribunal de la provincia pasaba así a tener nueve jueces, el mismo número casualmente en los noventa eligió Carlos Menem para tener su Corte amiga.

Para defender el plan de agrandar el superior tribunal, el oficialismo jujeño habló de la lentitud de las decisiones judiciales, de la falta de eficacia y la necesidad de especialización, para lo cual impulsó la división del cuerpo en cuatro salas. Pero lo más sorprendente fue que el presidente de la bancada radical, Alberto Bernis, desplegó todo un discurso sobre “mejorar la justicia para garantizar la independencia”. “Estamos dando condiciones para consolidar la transparencia del Poder Judicial”, prometió. A las pocas horas de votar la ley en cuestión, los diputados de la UCR Baca y Altamirano renunciaron a sus bancas y el viernes 18 estaban jurando en la función de jueces supremos como si nada. Morales también nominó a Otarola, otro hombre del radicalismo, diputado en los ochenta y candidato a vicegobernador también. En el cuarto lugar fue designada Laura Lamas, quien a diferencia del resto viene de carrera judicial, en una mini concesión al peronismo.

El superior tribunal de cinco integrantes con el que debía convivir Morales estaba integrado por mayoría de jueces que le deben su cargo al ex gobernador Eduardo Fellner. Ellos son María Silvia Bernal, Sergio Jenefes (hermano del ex vicegobernador), José Manuel Del Campo y Sergio González. La integrante radical de la vieja composición es Clara De Langhe de Falcone, también ex diputada, quien ahora fue elegida como presidenta del tribunal y tendrá la facultad de definir las votaciones de salas (que tendrán dos jueces) que queden trabadas. Es decir, el máximo tribunal provincial tiene en la actualidad de nueve miembros cuatro directamente vinculados con la política por su militancia radical y los cargos ejercidos. A ellos se suma una jueza, Lamas, que le deberá su cargo a Morales.

Organismos de derechos humanos, abogados de origen diverso, diputados de Fuyo e integrantes de Justicia Legítima repudiaron la reforma, denunciaron que se salteó el debate en comisión, que no se cumplían los requisitos de necesidad y urgencia de una sesión extraordinaria, y aun antes de que asumieran los nuevos jueces alertaron sobre la inminente y anunciada “pérdida de independencia” en una maniobra de “cooptación” explícita del Poder Judicial jujeño que algunos compararon con un “golpe de Estado” en Tribunales.

Pero la reforma judicial en Jujuy resultó más grande y el combo incluye diez leyes. Una de ellas, que da los primeros pasos para un sistema acusatorio (donde las investigaciones están a cargo de los fiscales y los jueces tienen función de garantes) definió la autonomía del Ministerio Público en la provincia, que no existía como tal, por eso esto implicó que hubiera nombramientos. Al frente del Ministerio Público Fiscal, en el cargo de Fiscal General de la Acusación, quedó Sergio Lello Sánchez, quien si bien viene de carrera tribunalicia, donde era secretario de Cámara, su familia es de origen radical. A cargo de la Defensa Pública fue nombrada Ivonne Haquim, la hermana del vicegobernador. A la otra hermana, Susana Haquim, le tocó la Secretaría de Derechos Humanos, aunque no se le conocen antecedentes en el tema según señalan los abogados de causas de lesa humanidad.

La detención de la dirigente Milagro Sala también es utilizada como un modelo aleccionador para esta nueva “Justicia” que se propone instalar Morales. Y así es como anuncia la denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público contra el fiscal Osuna, quien decidió trasladar al juez la decisión sobre la imputación de un delito y su persecución contra Sala y quienes participan del acampe, que evidentemente él no advertía. Frente a la protesta de las organizaciones sociales que reclaman audiencia con Morales, actuaron dos jueces que ordenaron el desalojo: uno es el juez penal, Gastón Mercau, y otro es un juez contravencional, Ustares Carrillo. Este último juró en la primera semana de enero en su cargo y el expediente sobre el acampe –en el que dicen los abogados de la Tupac Amaru que no podía intervenir porque ya estaba en trámite– lleva el número 001, o sea, su expediente inaugural como juez, todo un símbolo frente en el reinado de Morales.

La reforma de Morales prevé un sistema de concursos para aplicar a futuro, donde el jurado podría estar integrado por mayoría de sus aliados en el superior tribunal, la cámara de Diputados, el Colegio de Magistrados y el de Abogados. De todos modos, se empezará a aplicar por lo menos dentro de un año, cuando muchos de los cerca de 200 cargos (en un sistema judicial que no tiene más de 400) que se crearían podrían ser cubiertos con el viejo sistema, a dedo. Para colmo, los tribunales jujeños arrastran gran cantidad de vacantes. Hasta ahora, cuando a Morales no le gustaban un tribunal, como el que le tocó por sorteo en un juicio que precisamente le inició a Milagro Sala por un escrache en los primeros debates de la ley de Medios, recusaba a los jueces con el argumento de que estaba seguro de que iban a fallar en su contra por falta de independencia. En ese caso eran dos jueces porteños, Fátima Ruiz López y Daniel Morin, a quienes “acusaba” de pertenecer a Justicia Legítima, aunque no eran socios, pero que casualmente habían motorizado juicios de lesa humanidad en la provincia.