Sin hacer públicos los fundamentos, el juez de feria Gastón Mercau decidió que la dirigente social jujeña Milagro Sala continuara detenida al rechazar el hábeas corpus que sus abogados presentaron este sábado a última hora. La noticia llegó al cierre de la tarde de ayer, mientras terminaba una concentración de miles de personas que exigieron la libertad de la líder de la agrupación Tupac Amaru en Plaza de Mayo (ver página 4) y varias horas después de que los integrantes de la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy –entre las que figura la Tupac– acataran parte de la orden de desalojo judicial que le dio luz verde al Ejecutivo provincial, liberando las calles que rodean a la Casa de Gobierno. Para el CELS, el rechazo del hábeas corpus “agrava la arbitrariedad de la detención” de la dirigente y, debido a la gravedad de la situación, solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El gobierno local presentó dos nuevas denuncias penales en contra de Sala, a la que acusa de quedarse con más de 30 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas. “Milagro seguirá detenida. Es lo único que nos informó el juzgado”, transmitió a este diario uno de los abogados de Sala, Luis Paz, por la tarde. Desde la organización sostienen que su dirigente está encerrada “por motivos políticos” ya que “no existen en la causa elementos para mantenerla detenida”. “Cuando Morales la trata de ‘chorra’ a Milagro Sala demuestra su odio racial hacia la clase trabajadora que ella defiende”, completó Paz.

Mercau solo rechazó ayer el pedido de hábeas corpus. Nada dijo de la solicitud de excarcelación que los abogados ingresaron ayer a primera hora, para lo que tiene cinco días hábiles. Ambas medidas apuntaban a lograr la libertad de Sala, que permanece detenida en la Comisaría de la Mujer de la capital de Jujuy. Desde la organización aseguraron que se encuentra “de buen ánimo, activa, interesada en el expediente y animada”. Desistió de la huelga de hambre seca que mantenía desde su arresto por pedido de la asamblea de la agrupación, que la llamó a estar “lúcida y con todas las fuerzas”.

Arbitrario

Para el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, el rechazo del hábeas corpus “agrava la arbitrariedad de la detención” de Sala. “Ya no sólo la arrestan aplicando dos figuras penales absolutamente absurdas como la sedición y la instigación a cometer delitos sino que el remedio para cesar una detención arbitraria como es el hábeas tampoco es efectivo”, planteó. En este contexto y con ese argumento, adelantó que el organismo defensor de los derechos humanos va a plantear un pedido de cautelares a la CIDH. “Causa un daño irreparable al ejercicio de la protesta y al de la libertad de expresión de cualquier ciudadano que quiera hacer uso de esos derechos en todo el territorio del país”, explicó.

Sala fue denunciada por el Estado provincial por “instigación al delito y tumultos” junto con otros tres manifestantes –los diputados Germán Noro y Emilio Cayo Rocabado, y el dirigente social Alberto Cardozo–, pero la Justicia jujeña ordenó el arresto de ella sola. Morales justificó la diferencia en uno y otro caso en las denuncias anteriores que supuestamente pesan sobre Sala. “Es un disparate”, calificó Chillier la respuesta de Morales ya que “la acumulación de causas no influye a la hora de definir la libertad de una persona durante el proceso”. Las organizaciones Ni una Menos, Red de Mujeres, Mujeres Alerta y Acción Emergente presentaron un pedido de hábeas corpus ante el Juzgado de Instrucción porteño número 14. Para las agrupaciones, la detención de Sala “busca disciplinar en forma ejemplar a una mujer referente social de pueblos originarios y trabajadora”.

Desalojo

El gobierno de Jujuy tardó menos de 24 horas en poner en práctica el cheque en blanco que le otorgó el Mercau al resolver que “se arbitren los medios necesarios para el cese del estado antijurídico”, como llamó al acampe que la Red de Organizaciones Sociales sostenían desde hace más de un mes en la Plaza Belgrano y las calles que la rodean. Temprano, el ministro de Seguridad jujeño, Ekel Meyer, la ministra de Desarrollo Humano, Ada Galfre, y Miranda le acercaron a los manifestantes la orden judicial. En asamblea, la Tupac Amaru decidió mantener el acampe ya que “la protesta no está atada a la libertad de Milagro, como dice (el abogado del Ejecutivo, Mariano) Miranda”. Ayer lo denunciaron por extorsión debido a las declaraciones que realizó acerca de que Sala sería liberada una vez que se levantara el acampe. La Tupac sostiene además el pedido de diálogo al gobernador, eje principal y originario del reclamo.

Finalmente, el Ejecutivo provincial cumplió con su amenaza y denunció ayer a Sala ante la fiscal Liliana Fernández de Montiel –la misma que dio curso a su detención– por defraudación al Estado y asociación ilícita. Miranda explicó que la acusan a Sala, junto a tres ex funcionarios del Instituto de la Vivienda y a algunos cooperativistas de la Tupac, de haberse quedado con más de 30 millones de pesos que el Estado aportó a cooperativas de la red de Organizaciones Sociales para la construcción viviendas.