A la izquierda, las marcas de balas. Arriba, los niños reprimidos en su visita ayer al campamento de la Tupac Amaru, en Plaza de Mayo. A la derecha, el director de la murga. Debajo, Bullrich junto a un gendarme herido.

Cuatro días después de que al menos once murgueros, entre ellos chicos de 5 a 10 años, fueran heridos de bala por una bravuconada de gendarmes en el Bajo Flores, y un día después de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negara que hubiera existido un incidente con ninguna murga, el propio gobierno de Macri reconoció, a través de su jefe de Gabinete, Marcos Peña, todo lo contrario de lo dicho por la ministra. Aunque sin artículos determinados, sin precisar nada ni demasiado, Peña reconoció que al gobierno le “preocupa” la información y aunque insistió con la versión de los dos gendarmes heridos de bala (que lo fueron pero en otro operativo), tuvo que admitir que “ha habido varias cuestiones que han ocurrido en ese operativo y queremos ser muy prudentes y colaborar con la Justicia”. Por “varias cuestiones” tal vez se haya interpretado que se refería a los murgueros heridos, ya que poco después, el mismo Ministerio de Seguridad informaba que “se abrió una investigación en la Dirección de Violencia Institucional del ministerio”. Ayer, mientras Bullrich ordenaba la autoinvestigación de un hecho autonegado, los fiscales de la Procuvin en base a los testimonios tomados en el propio territorio por operadores de Atajos y la Procuraduría, denunciaban a los gendarmes participantes y pedían se investigara también la responsabilidad penal de sus superiores.

Nuevos datos permiten reconstruir el rompecabezas de lo que ocurrió con la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo, del Bajo Flores, y lo que ocurrió con los dos gendarmes heridos de bala. Según lo informado el sábado por el Ministerio de Seguridad, el viernes por la noche dos gendarmes habían resultado heridos durante un operativo en la villa 1-11-14. El operativo tenía como objetivo el secuestro de un cargamento de marihuana.

También el viernes, desde la mañana y a varias cuadras del lugar, sobre el barrio Illia 2, pegado a la villa 1-11-14, otros dos gendarmes que nunca fueron heridos mateaban tranquilos mientras custodiaban dos autos robados que debían ser remolcados por una grúa cuando se dispusiera de ésta.

En pocas palabras, el viernes alrededor de las 18, cuando la murga se empezó a desplegar, esta vez una práctica con los chicos, los dos gendarmes del tereré aguardaban con total tranquilidad, a la vuelta, la llegada de la grúa.

A las 21.30, cuando la murga estaba en su punto más alto, la grúa se disponía a atravesar por la misma calle en la que se realizaba la práctica. El prepoteo, la bravuconada, fueron los únicos protagonistas en ese sector, en la Illia 2, en Varela y Charrúa. Allí no hubo gendarmes heridos, los tiros fueron escopetazos con balas de goma y se investiga si también alguna bala de plomo, de acuerdo a algunas de las heridas de los murgueros. Todos los testimonios y las heridas muestran que los proyectiles fueron dirigidos desde las armas de los expertos en fronteras hacia las espaldas, brazos, piernas y rostros de sus enemigos territoriales, niños de 5 años en adelante, mujeres embarazadas, madres con hijos de dos o tres años, ancianos y jóvenes y adultos. Todos murgueros.

Alrededor de una hora más tarde, ese mismo viernes y a unas cuadras de allí, pero en la 1-11-14, un operativo de Gendarmería secuestraba a los tiros un cargamento de marihuana, con el resultado de dos gendarmes con heridas leves. Los uniformados que Patricia Bullrich prometió defender, indignada, “de ataques con tanta impunidad”, como anunció en su cuenta personal de Twitter @PatoBullrich. Hasta ayer a la mañana, el Ministerio de Seguridad negó que gendarmes hubieran disparado contra murgueros, negó las imágenes viralizadas, y negó incluso que se hubiera reunido la murga.

Ayer, la negación no pudo continuar. La fuerza de las imágenes, chiquitos heridos en el rostro y las piernas, mujeres con la espalda lacerada por los perdigonazos, indignó a todos, incluyendo a quienes hasta ese momento difundían la información ministerial. La difusión de las imágenes y los relatos de horror se constituyeron en tema de interés para el gabinete de Macri. Al salir de la reunión, Marcos Peña, jefe de Gabinete, desmintió la desmentida de @Pato Bullrich. Sí habían existido “varias cuestiones” pero se trataba de un solo operativo.

Acto seguido, la ministra de Seguridad informó que iniciaría una investigación sobre lo ocurrido. En su cuenta de Twitter ahora decía todo lo contrario: “Es fundamental dar luz sobre lo ocurrido en Villa 1-11-14, desde el @Minseg lo vamos a hacer” y linkeaba con un tuiter del Ministerio: “Queremos que sepas cómo estamos llevando la investigación adelante”. Allí informa que se abrió una investigación sobre lo que sucedió en el Operativo Cinturón Sur en el Bajo Flores; que fue enviada la Subsecretaría de Participación Ciudadana para recoger testimonios; fue abierta una investigación en la Dirección de Violencia Institucional del Ministerio; abrió un sumario administrativo sobre los gendarmes, “parte del cual permanece en el Hospital Churruca”, insiste. Agrega que no hubo pedido de audiencia de los murgueros, lo que resulta de una obviedad absoluta, y que cuando se acercaron a los murgueros para recabar testimonios “se negaron a hablar”.

“Es una ridiculez”, dijo a Página/12 el abogado Adrián Albor, que representa a los heridos y damnificados. “No se pueden negar a hablar, es una carga obligatoria como testigos, nunca mandaron a nadie”.

Mientras la ministra Bullrich se dedicaba a dar su gran salto de garrocha e intentar caer de pie del otro lado de los hechos sin conmover la vara, los fiscales de Procuvin, encabezados por Miguel Palazzani presentaban un pormenorizado registro de los hechos, realizado con los abogados de Atajos, con toma de cantidad de testimonios y denuncias a metros de donde ocurrió la represión, ante la Cámara del Crimen. Sorteado salió el fiscal de instrucción Carlos Velarde, el mismo que investigara La Usina SRL, de Fernando Niembro.

Del otro lado, Bullrich ofrece toda su producción investigativa a la fiscalía de la jurisdicción, la de Nueva Pompeya, ante el fiscal Adrián Giménez, quien actuara junto con Marcelo Munilla Lacasa en el caso de la Masacre de Pompeya, con el resultado conocido de tomar a la letra la versión policial. Giménez tiene como función la de fiscal correccional, esto es, investigar lesiones leves, no los producidos por disparos de armas de fuego. Habrá conflicto de fiscalías. Ya lo hay de intereses.

En la denuncia de Procuvin aparecen testimonios de mujeres que llevaban a niños de 2 años en sus brazos, otras que tenían entre cinco y seis hijos o nietos de menos de 10 años, que escapaban horrorizadas de las escopetas de los gendarmes, perseguidas por los pasillos del barrio.

Palazzani pidió que además de individualizarse a los gendarmes intervinientes, “también de analizarse e investigarse, eventualmente, la posible responsabilidad de funcionarios jerárquicos de Gendarmería Nacional”.

Para la investigación solicitó que fuera apartada la Gendarmería Nacional.

Primero habrá que despegar a la ministra de las fotos del Hospital Churruca.

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