El gobierno de Mauricio Macri firmó un preacuerdo con una porción de los fondos buitre. El equipo económico se comprometió a pagar en efectivo 1350 millones de dólares para que Task Force Argentina (TFA), el grupo de presión financiado por la banca italiana, desista de su reclamo judicial. El mix de títulos públicos en poder de esos acreedores carroñeros alcanza un valor nominal que ronda los 900 millones. La ecuación implicará entregarles 1,5 dólares por cada dólar de valor nominal de los bonos en su poder. El 92,4 por ciento de los inversores que participaron de la reestructuración recibieron 30 centavos. Por eso, la implementación del convenio requerirá la modificación del cuerpo normativo vigente que hoy bloquea ese tipo de tratamientos privilegiados. Para poner en marcha el convenio firmado el fin de semana también se deberá habilitar el mecanismo de pago que todavía no fue precisado. A diferencia de los litigantes más agresivos que están concentrados en las cortes de Nueva York, las demandas de los autodenominados “bonistas italianos” fueron canalizadas a través del Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, en un caso sin precedentes que todavía no tenía una sentencia definitiva.

Desde la narrativa oficial, el preacuerdo fue firmado con “50 mil bonistas representados por Nicola Stock” que representan el 15 por ciento del total de la deuda todavía en default. El comunicado de Presidencia olvidó mencionar que el abogado italiano es la cara visible del lobby TFA. Ese grupo es un sello creado con financiamiento de la Asociación Bancaria Italiana para hacer propaganda contra el país cuando se lanzó la primera propuesta de canje en 2005 y evitar que los tenedores de esos títulos públicos les inicien acciones legales por colocarles deuda argentina sin advertirles sobre los riesgos. El reclamo inicial de TFA se presentó públicamente como una demanda que nucleaba a 168 mil bonistas jubilados italianos afectados por el default de 2001. Cuando se llevaron ante el Ciadi en 2006, el listado de afectados que rechazaban la reestructuración sólo incluía nominalmente a 51 mil afectados. Al momento de presentar la documentación respaldatoria, otros 5000 quedaron en el camino por no poder demostrar su condición de acreedor.

El preacuerdo presentado ayer les reconoció una abultada ganancia pero los bancos italianos pretendían 2500 millones de dólares (casi 3 dólares por cada dólar en bonos de la deuda), una magnitud similar a la validada por Griesa a los litigantes más agresivos. Si bien lograron avanzar con su reclamo, la demanda arrastra un vasto conjunto de irregularidades y debilidades, como el hecho de ser canalizado a través del Ciadi, que explican por qué los aceptaron reducir las pretensiones de reclamo original. “Básicamente reconocemos el capital y un interés prudente que refleje lo que fueron las tasas de los últimos años, que es menos que la sentencia lograda por ese grupo en el Ciadi”, aseguró ayer el ministro de Hacienda y Finanzas Prat-Gay, durante una conferencia de prensa conjunta con el jefe de Gabinete, Marcos Peña. En su intervención, el ex banquero central y ex empleado del JP Morgan Chase evitó precisar que la disputa todavía no estaba clausurada.

Los funcionarios del Palacio de Hacienda argumentan que los términos alcanzados con ese grupo de litigantes fortalece su posición negociadora ante el tribunal del juez Thomas Griesa y su mediador designado, Daniel Pollack, en la disputa con los buitres originales. Las conversaciones con los buitres están trabadas ya que una facción reclamaría cobrar una tasa de interés “inaceptable”. Argentina se comprometió a presentarles una propuesta pública esta semana (ver aparte). Con esos acreedores encabezados por Elliott Management, de Paul Singer, volvió a reunirse ayer el secretario de Finanzas, Luis Caputo. El funcionario se encuentra en Nueva York supervisado por el responsable de la coordinación interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana.

“Estamos complacidos de llegar a un Principio de Acuerdo que representa el primer paso en la normalización de la relación de Argentina con los mercados internacionales de capitales”, afirmó Caputo a través de un comunicado divulgado por TFA. Desde la conducción del lobby italiano le devolvieron la gentileza al señalar que “apreciamos la voluntad de la administración del Presidente Macri para avanzar con rapidez y madurez para hacer frente a este problema de larga data”.

El comunicado de Stock precisa que “las partes procederán de inmediato con los pasos contemplados en el Principio de Acuerdo, incluyendo la presentación de la propuesta al Congreso argentino cuando éste se reúna el 1º de marzo de 2016”. Según indicó el abogado, espera que los “bonistas italianos” reciban sus pagos entre mayo y junio. Según informó el lobby TFA, el pago de los 1350 millones de dólares se realizará en efectivo. Si bien no se ofrecieron precisiones sobre el origen de los fondos, cualquier mecanismo de pago requerirá del visto bueno del Congreso.

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