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Durante la reunión de intelectuales con el presidente Maurizio Macri del 23 de diciembre, Luis Alberto Romero planteó una ácida visión sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad y reclamó su replanteo. No lo acompañó ninguno de los otros asistentes, quienes se comprometieron a mantener la confidencialidad sobre lo tratado. Pero Romero no soportó el anonimato y al cabo de dos meses confesó que fue él quien introdujo el tema, de modo “extemporáneo” y “audaz”. El hijo del gran historiador José Luis Romero sostuvo en su diálogo con La Nación que los juicios se realizan en carácter de venganza como en los tribunales populares de la Revolución Francesa, con público que grita e insulta a los testigos, sin respeto por el debido proceso, de modo que los militares ya ingresan sentenciados a la pena máxima; que se condena sobre la base de un solo testimonio y por responsabilidad objetiva (“puesto que estaba destinado a una unidad donde se torturaba, eso lo convierte en torturador”) y que los procesados mueren en las cárceles porque se les niega la prisión domiciliaria. Opuso estos procesos, que a su juicio vulneran el estado de derecho y los Derechos Humanos, a los realizados durante la presidencia de Raúl Alfonsín, que considera pulcros e impecables. La realidad es muy distinta. Según los datos del CELS:

1. En los juicios realizados hasta diciembre de 2015, hubo 662 condenados y 60 absueltos; pero en la etapa de instrucción se les dictó la falta de mérito a 199 imputados y otros 60 fueron sobreseídos, es decir que ni siquiera fueron llevados al debate oral. Los 319 absueltos, sobreseídos y con falta de mérito para ser procesados implican que cada dos condenados hubo uno contra quien no prosperaron los cargos ni se afectó su libertad. Esta proporción es similar a la de los dos juicios concluidos durante la presidencia de Alfonsín (contra las primeras juntas militares y contra la cúpula de la policía bonaerense), en los que hubo diez condenados y seis absueltos.

2. De todas las condenas pronunciadas hasta diciembre de 2015 sólo el 38 por ciento fueron a la pena máxima, que es la prisión perpetua. Algo menos, el 31,5 por ciento, recibió sentencias que van de 3 a 15 años de prisión y el 27 por ciento entre 15 y 25 años. El 3 por ciento fue condenado a penas de hasta tres años.

3. Sólo en una cantidad ínfima de casos se permitieron manifestaciones del público contra los acusados, aunque también las hubo a favor. La norma general es que en tal caso los tribunales desalojan la sala.

4. De las 155 sentencias habidas, no se registran condenas basadas en sólo un testimonio, salvo que coincida con documentos que lo corroboren. En todo caso, quien formula esa afirmación debería fundamentarla con datos precisos.

5. Es cierto que muchos imputados han muerto bajo proceso, pero lo mismo ocurre con las víctimas y sus familiares, en todos los casos por su avanzada edad. Por ejemplo, la mitad exacta de los familiares de detenidos-desaparecidos patrocinados por el CELS ya han muerto y varios tienen más de 90 años.

6. De los 925 procesados actuales por delitos de lesa humanidad, 383 están en libertad (es decir 41,2 por ciento) y 542 en prisión preventiva.

7. Pero de los 542 con prisión preventiva, gozan de la prisión domiciliaria 224, es decir el 41 por ciento. Además hay 48 prófugos, de los cuales uno tenía condena al momento de fugarse.

8. En síntesis, apenas hay 318 detenidos en unidades penales (el 32,6 por ciento). Es decir que el uso de la prisión preventiva no se explica por un ensañamiento con este grupo particular. Por el contrario, en el resto de la población blanco del sistema penal argentino casi no hay procesados por delitos graves en libertad ni con arresto domiciliario.

9. Ni la edad avanzada ni los problemas reales de salud se pasan por alto a la hora de disponer el lugar de arresto o de cumplimiento de la pena.

10. Por eso, uno de cada tres condenados se encuentra bajo el régimen de prisión domiciliaria, cosa que entre los procesados o condenados por homicidios comunes sólo ocurre con enfermos terminales.

La única venganza de esta historia es la de los duros datos sobre la construcción ideológica del profesor Romero, el investigador del Conicet que ejerce su derecho a opinar pero no su deber de investigar.