La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación impulsa el beneficio de la prisión domiciliaria para los acusados de crímenes de lesa humanidad mayores de 70 años. En una entrevista con el diario La Nación, el secretario Claudio Avruj consideró que tanto él como el Gobierno entienden que los procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad mayores de 70 años deben acceder al beneficio. Hasta ahora la detención domiciliaria es un beneficio al que accede una persona condenada a prisión por cualquier delito que, además de tener 70 años, tiene problemas de salud por los que no puede ser atendida en los centros de salud de las unidades penitenciarias. Ambos requisitos, en realidad, tampoco evitan hasta aquí el elevado número de represores que ya gozan del beneficio: uno de cada tres, según datos del CELS. Ahora bien, la propuesta del Gobierno es abrir ese acceso de forma automática.

“Hay muchos militares que están detenidos que hoy tienen más de 70 u 80 años. Muchos tienen condena y otros no. ¿Hay alguna idea de cambio de estatus para esos detenidos?”, le preguntaron a Avruj. “Es una decisión plenamente de la Justicia –dijo el secretario–, donde el Estado no va a ejercer una presión sobre eso. Nosotros estamos porque se cumplan los juicios (...) Después, el tema de la edad: yo creo que el tema de la excarcelación de la gente de más de 80 años o de más de 70 tiene que ser igualitaria para todos. Y si la Justicia lo considera para todos, habrá que aceptarlo”. El periodista le preguntó: “¿Usted, en lo personal, piensa que los mayores de 70 deben ir a prisión domiciliaria?”. Avruj precisó: “Yo considero que sí, porque tiene que ver esto con un respeto al derecho y a la justicia”. Y cuando le preguntó: “¿Esta posición es suya o la comparte con el Gobierno?” El secretario señaló: “Es del Gobierno”.

En Argentina, los responsables de crímenes de lesa humanidad están siendo juzgados con las garantías del debido proceso. Por eso, el problema de las declaraciones de Avruj no es sólo lo que dicen, sino lo que no dicen. A fines de 2014, el CELS publicó un informe que ya daba cuenta del elevado número de acusados y condenados en crímenes de lesa humanidad con prisión domiciliaria frente al resto de los imputados por otros delitos. El comunicado incluyó un balance sobre el proceso de Justicia ante una ola, para entonces ya “creciente”, que cuestionaba los juicios “poniendo en duda que respeten el debido proceso y afirmando que el sistema penal brinda un trato discriminatorio a los acusados”. Entonces, el número de beneficiados con domiciliaria ya era del 34 por ciento. Hoy es de 41 por ciento, según los datos publicados la semana pasada en este diario por el presidente del CELS, Horacio Verbitsky.

Luz Palmas Zaldúa es abogada del CELS: “Opino que los de más de 70 años tienen que tener un tratamiento de igualdad sin discriminar los delitos por los que se los acusa. Es decir que tiene que darse una situación de edad y una situación de salud que no pueda ser atendida en la Unidad Penitenciaria para que pueda acceder al beneficio, siempre que haya un control riguroso. Respecto de los acusados de lesa humanidad no es cierto que no acceden a ese beneficio. Decir que los imputados al día de hoy tienen que acceder es una desinformación que contribuye a abonar la teoría de los que dicen que los juicios no responden a las garantías de los imputados. Decir que los mayores de 70 años acusados de lesa humanidad no acceden a la domiciliaria o que hoy deben acceder, es desinformar acerca de la realidad de los juicios de lesa humanidad, porque hay un alto porcentaje que ya se encuentra con domiciliaria”.

Para el abogado Pablo Llonto, el problema de Avruj es que tiene el prejuicio del “viejismo”. “El secretario de Derechos Humanos debería ocuparse de pedir por la salud de los presos hacinados en centenares de comisarías y cárceles de todo el país que están en las peores condiciones y sin juicio, y no fijarse en los genocidas de más de 70 años que precisamente son de los que gozan de mayores cuidados en la cárcel, conforme los informes y exámenes médicos que se realizan continuamente en nuestras causas de lesa –dice–. Como dice la perita de nuestros equipos Adriana Taboada, Avruj tiene el prejuicio del ‘viejismo’, ese prejuicio lo lleva a homologar vejez con enfermedad y olvidarse que no son unos viejos que son genocidas, sino unos genocidas que llegaron a la vejez sanos e impunes”.

Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de Santa Cruz, observa en estas declaraciones un gesto político hacia la Justicia. “Me preocupa. Creo que esto es una habilitación a la Justicia. Hay que entender que nos ha pasado que cuando alguien tiene arresto domiciliario, en muchas ocasiones, no está enfermo y se violan las domiciliarias. Por eso tuvimos escraches en tantos casos. Ahora hay que pensar que encima de lo que se demoraron los juicios, si a un represor le dan la domiciliaria es como que no pasó nunca por la cárcel”.