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Las multitudinarias marchas del jueves, en Plaza de Mayo y en todo el país, no fueron casualidad. Reflejan las opiniones negativas que tienen ocho de cada diez ciudadanos respecto de la dictadura militar y que una clarísima mayoría sostiene que “no es un proceso cerrado, porque todavía hay muchas cosas que resolver”. Aunque a los argentinos esas opiniones les parezcan casi naturales, lo cierto es que en otras sociedades no tienen la misma mirada sobre las dictaduras: no es así en Chile, en España, en Uruguay ni en Brasil, donde amplias franjas de la sociedad consideran lo ocurrido como algo no tan grave, del pasado o un tema que se debe cerrar con una reconciliación nacional. En la Argentina, en cambio, amplias mayorías sostienen que hay que seguir juzgando a los que cometieron crímenes y secuestros durante la dictadura y que de ninguna manera debe darse vuelta a la página. Esa postura está incluso fuertemente arraigada entre los más jóvenes, los que no vivieron el Proceso.

Las conclusiones surgen de una amplia encuesta de la consultora Ibarómetro, fundada por Doris Capurro, y que hoy conduce el sociólogo Ignacio Ramírez. En total fueron entrevistadas mil personas de la Ciudad Autónoma de Buenos y de los municipios del Gran Buenos Aires, y se respetaron las proporciones por edad, sexo y nivel económico-social. El cuestionario fue amplio y permitió abordar todos los temas al cumplirse el 40º aniversario del golpe cívico-militar de 1976. El sondeo de Ibarómetro fue especialmente realizado para Página/12.

Rechazos

“El estudio ilumina la anatomía de la memoria colectiva vinculada al Proceso Militar –señala Ignacio Ramírez–. En este sentido, la encuesta alumbra un amplio y transversal consenso en torno al profundo significado negativo que la sociedad le atribuye a la última experiencia militar. A diferencia de lo que ocurre en otras sociedades, como España o Chile, no se observa entre los argentinos una corriente significativa que le otorgue legitimidad o justificación al gobierno inaugurado por el golpe del 76. Quienes lo respaldan representan un bolsón muy minoritario y marginal de la opinión pública. En suma, el masivo rechazo al golpe constituye un dato de la cultura política argentina, donde su defensa no tiene un lugar importante en la sociedad ni tampoco en el sistema político”.

El trabajo de Ibarómetro muestra que los sentimientos negativos suman un 80 por ciento de las opiniones, con ciudadanos que sostienen que asocian la dictadura con un sentimiento de tristeza, de bronca o de miedo. Debe tenerse en cuenta que gran parte de los encuestados no vivieron la dictadura, pero sí tuvieron padres, madres, abuelos y abuelas que transitaron por aquellos años. De manera que la experiencia fue transmitida por los mayores a una buena parte de la sociedad. Del otro lado, hubo campañas de enorme magnitud para sofocar esa manera de ver las cosas. Sobre todo en los años 90, el gobierno de Carlos Menem lanzó extensas campañas por la reconciliación, tratando de instalar ideas del estilo de hay que dejar atrás el pasado. Aun así, en la inmensa mayoría se sigue imponiendo el repudio al genocidio y en las marchas del jueves se pudo ver, con claridad, la adhesión totalmente transversal desde el punto de vista de las generaciones: estuvieron en las movilizaciones miles de abuelos acompañados por sus hijos y nietos.

Del otro lado, la encuesta de Ibarómetro muestra que apenas el 1,6 por ciento de los consultados dice sentir orgullo respecto de lo hecho por los militares durante el proceso. Debe pensarse que a lo largo de estos años han tratado de sumar argumentos: que los uniformados enfrentaron a la guerrilla, que hubo dos demonios, que salvaron al país y otras frases por el estilo. Incluso el presidente norteamericano Barack Obama intentó equiparar derechos humanos con la lucha contra el comunismo para, tímidamente, justificar el apoyo de Estados Unidos a los golpistas. Hoy por hoy, en la Argentina, la reivindicación de lo hecho entre 1976 y 1983 no pasa del diez por ciento de la sociedad. Es el porcentaje tradicional de una franja de la población con posturas autoritarias en casi todos los temas: darle mayor poder a la policía, expulsar a los extranjeros –sobre todo a los de los países limítrofes–, rastros de antisemitismo y rechazo al matrimonio igualitario. De todas maneras, de ese diez por ciento sólo el 1,6 utiliza el término orgullo para referirse a lo hecho por los militares durante el Proceso.

Edades

Ramírez sintetiza la cuestión de las edades de la siguiente manera: “Resulta elocuente que los menores de 30 años, aquella generación socializada políticamente durante el kirchnerismo, sean los menos receptivos de la idea de pasar la página y cerrar el tema. El concepto según la cual es un tema cerrado suscita adhesiones minoritarias en contraste con una enfoque más extendido según el cual aún quedan muchas cosas por resolver en materia de verdad y justicia. Es decir, más allá de la tarea de la justicia, existe una sociedad que no se pronuncia en favor del olvido; lo cual singulariza nuevamente a la Argentina, cuyos avances en justicia y en políticas de la memoria contrastan con otra sociedades donde los reinicios democráticos se transitaron sin condenas ni activas políticas de la memoria”. Uruguay vivió más de un plebiscito sobre la cuestión de la caducidad de la imputación a los militares y siempre la votación fue muy dividida. En España fue imposible colar legislación contra los genocidas del franquismo y en Chile sigue existiendo un bloque político alineado en mayor o menor medida con el pinochetismo. La existencia de los organismos de defensa de los derechos humanos en la Argentina marca toda una diferencia. Cada uno jugó su papel decisivo –se vio con la increíble recepción a Hebe de Bonafini cuando el camión entró en la Plaza de Mayo el jueves y la generalizada emoción que el hallazgo de cada nieto por parte de Abuelas produce en la sociedad.

Juicios

“Desde la perspectiva ampliamente compartida de que a 40 años el caso de la dictadura no está cerrado –afirma Ramírez–, debe comprenderse que un 61,4 por ciento afirma que el actual gobierno de Mauricio Macri debería impulsar la continuidad de los juicios contra los responsables de los crímenes del Proceso. Aquí el pedido de continuidad es transversal a los diferentes segmentos políticos de la sociedad. El reclamo se reduce en el segmento oficialista de la población –o sea los que votaron a Mauricio Macri– pero aun en este sector el pedido en favor de la continuidad de los juicios mantiene proporciones dominantes. En un escenario político fuertemente polarizado, el pedido por profundizar el camino de verdad y justicia se convierte en uno de los pocos puntos de encuentro de sectores con orientaciones políticas muy divergentes”.

Parece obvio que no existe ahora la misma voluntad estatal de trabajar intensamente para juntar pruebas y testigos para los juicios contra genocidas y torturadores. Algunos organismos dedicados a esa función están siendo desmantelados con el argumento del excesivo gasto del Estado. Aun así, el presidente Macri y hasta su par Obama tuvieron que sintonizar con la mirada de la mayor parte de la sociedad con la visita al Parque de la Memoria en la Costanera Norte. El mandatario norteamericano terminó esquivando una autocrítica por el papel de Washington en el genocidio argentino, tratando de disolver las violaciones a los derechos humanos en la lucha contra el comunismo. Nadie mencionó que fue allí, en la capital de Estados Unidos, donde a Leopoldo Fortunato Galtieri lo denominaron “general majestuoso”.

La postura sobre la dictadura se condensa en la cuestión de los juicios. El grado de acuerdo con su continuidad es aplastante. Sólo el 3,5 por ciento afirma que hay que dar marcha atrás en ese proceso de juzgamientos.

Gobiernos

En la encuesta se hizo una evaluación sobre los distintos gobiernos y sus logros en materia de derechos humanos. “A la hora de hacer un balance sobre lo hecho desde la recuperación de la democracia, la sociedad le reconoce a los gobiernos kirchneristas y al gobierno de Raúl Alfonsín valiosas contribuciones respecto a este tema en torno del cual –pese a estar atravesado por debates y revisiones distintas– se configura un activo consenso: Nunca Más. De cualquier manera se advierte un interesante contraste al diferenciar las opiniones en función de la edad: los menores de 50 años tienden a reconocer en el ciclo kirchnerista los principales aportes mientras que los mayores de 50 años (segmento que en general luce una mirada más crítica respecto a los anteriores gobiernos) identifican en mayor medida al gobierno de Raul Alfonsín como la gestión más comprometida con esta tarea. Por su parte, los gobiernos de Carlos Menem, de la Alianza y de Eduardo Duhalde no recogen prácticamente ningún crédito en relación con los derechos humanos vinculados con el terrorismo de Estado”. Parece obvio que el reconocimiento al gobierno de Alfonsín tiene que ver esencialmente con el juicio a los comandantes en jefe, muy valorados por los ciudadanos de todas las edades, y no con las controvertidas leyes de obediencia debida y punto final. Por el otro lado, los gobiernos kirchneristas están atravesados por el debate político actual, pero parece cantado que en la última década se produjeron los avances reales en materia de juicios a los responsables de crímenes durante la dictadura.

“Frente a estos marcados contrastes y discontinuidades percibidas –concluye el titular de Ibarómetro–, surge de aquí en adelante la oportunidad de que el consenso social que la encuesta detecta se traduzca en una verdadera política de Estado sostenida por gobiernos de signos políticos e inclinaciones ideológicas diversas. En este sentido, y en una coyuntura en la que se discute recurrentemente el significado de la herencia, el estudio revela una herencia simbólica y cultural poco atendida por los analistas, relacionada con un clima de valores en cuya configuración el Gobierno anterior tuvo un rol destacado y por el cual se rechaza enérgicamente cualquier tipo de olvido y/o regresión autoritaria”.

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