La última semana el ministerio fiscal de Jujuy amplió una denuncia contra Milagro Sala por asociación ilícita y defraudación a la administración pública. Los abogados de la dirigente social se enteraron a través de los medios. Hasta el viernes no habían recibido ninguna notificación. El jueves, Sala recibió una nueva orden de detención, la cuarta, esta vez por una denuncia de 2006 por una supuesta amenaza, causa abierta a dos meses de su prescripción. El martes pasado, el abogado de la dirigente social, Luis Paz, fue imputado en una causa por supuestas amenazas. Como sucedió desde la primera orden de detención, cada uno de los expedientes a los que tuvo acceso la defensa de Milagro Sala muestra al Poder Ejecutivo de la provincia detrás de un mecanismo que consiste en impulsar o avalar denuncias hasta ahora sin sustento, a través del Ministerio Público Fiscal. Detrás de algunos de los casos aparece, además, un nuevo tipo de intervención del Estado que encabeza Gerardo Morales: una intervención entre los sectores populares, personalmente o través de algunos funcionarios, para procurar quebrantar lealtades y tramas de solidaridad. Este nuevo tipo de intervención del Estado que está quebrando la estructura de la organización también puede ser pensada como un tipo simbólico de violencia institucional que acentúa las condiciones de aislamiento de Sala.

Página/12 describe en esta nota dos casos de este nuevo tipo de intervención. Uno de ellos, más conocido, precedió a la primera detención de Milagro Sala. El otro, tuvo episodios más difundidos a través de los medios y una subtrama más escondida, que este diario pudo reconstruir durante un viaje a la provincia.

El 23 de febrero, la Justicia de Jujuy detuvo a dos integrantes de la Tupac Amaru durante catorce días como consecuencia de una denuncia por usurpación y amenazas: ellas eran Patricia Jaldín y Mirta Guerrero, conocida como Shakira, las dos referentes cercanas a Milagro Sala. La historia de sus detenciones comenzó, en realidad, días antes, durante el acampe que la organización mantuvo en la Plaza Belgrano, en el centro político de San Salvador, en reclamo de un diálogo con el gobierno de Gerardo Morales. Durante el acampe, un sector de la Tupac dejó la Plaza para reunirse con funcionarios del gobierno. El encuentro se hizo en el mes de enero. Concurrieron tres integrantes de la Tupac: Masoni (Sandro Miguel Enriquez), el Tucumano (Alejandro Santos) y Marcelo Alemán. Masoni era hasta ese momento encargado de la bloquera del Alto Comedero, uno de los emprendimientos productivos ubicados dentro del “Cantri: Tupac Amaru”, el nombre del barrio de la organización ubicado en las afueras de San Salvador y cuya propiedad es de la Asociación Civil, Social, Cultural y Deportiva Tupac Amaru. De acuerdo con un testigo del encuentro que dialogó con este diario, entre los representantes del gobierno estuvo el ministro de Infraestructura, Tierra y Vivienda, Jorge Rizzotti. Según el testigo, los muchachos contaron que estaban decididos a tomar la bloquera, pero necesitaban la certeza de que el gobierno iba a darles trabajo. El funcionario dijo que sí. El grupo dejó así el campamento en la Plaza Belgrano y dentro del barrio tomó la bloquera.

Página/12 consultó a Rizzotti por el caso. El ministro negó el acuerdo, aunque no negó la reunión. Dice que no recuerda los nombres de ninguna de las personas, pero admite haberse reunido con varios dirigentes (ver aparte).

El día 2 de febrero, toda la organización levantó el acampe de Plaza Belgrano después de cincuenta días. Durante la dinámica de asambleas, decidieron hacerlo como un gesto para promover la apertura del diálogo con el gobierno y decidieron volver a los lugares de trabajo para reactivarlos.

Uno de los grupos entró a la bloquera y comenzó a limpiar y ponerla en orden. Aparecieron “de manera prepotente” los ex cooperativistas, según explicó más tarde la denuncia que asentó la organización. “Obligaron a los trabajadores a retirarse” y en ese contexto un ex cooperativista denunció a Pato y Shakira por usurpación y amenazas.

La reconstrucción de lo que sucedió en los días siguientes muestra lo que ocurre con cada denuncia contra la Tupac, donde aparece una rápida articulación entre tres sectores: poder político, un sector de la Justicia provincial afín al gobierno a través de redes de parentesco y filiaciones políticas, y el aparato de los medios de comunicación que otorga legitimación.

El día 17 de febrero durante la madrugada grupos sin identificación, sin orden judicial y vestidos de civil allanaron el galpón de la Tupac ubicado en el centro de la ciudad capital. Abrieron y destrozaron bolsos de provisiones.

El día 18 de febrero, la organización denunció el episodio en una conferencia de prensa. El diputado provincial Ariel Ruarte, de Unidos y Organizados, indicó: “Les pedimos identificación y no la poseían, ni tampoco orden de allanamiento”. También se pronunció el diputado Juan Manuel Esquivel del mismo espacio: señaló que la medida fue irregular, ya que no se permitió que el abogado de la organización estuviera presente.

Ese mismo día, el comisario inspector Pablo Benítez, de Jujuy, explicó que, en realidad, había una orden judicial y que el operativo se había hecho en el marco de la persecución de Patricia y Shakira. Dijo que eran “prófugas” pese a que ellas no habían recibido notificación. “Ambas, los primeros días del corriente mes, habrían ingresado a las instalaciones de una de las cooperativas perteneciente a la organización Tupac Amaru –dijo–. En el lugar habrían intentado sustraer los elementos de trabajo a un grupo de trabajadores de manera violenta y los habrían amenazado.”

Patricia y Shakira no sólo no habían intentado sustraer nada porque eran parte de una organización que a su vez mantenía la propiedad del galpón. Como se dijo, tampoco habían sido notificadas. Por lo tanto, no sabían que las estaban buscando. No estaban prófugas, dice un abogado de la Tupac, sino en sus domicilios habituales, que son los mismos que figuran en sus documentos. En ese contexto, se enteraron de que las estaban buscando ese mismo día a través de los medios.

El día 23 ellas se presentaron por decisión propia ante el Juzgado de Control en lo penal a cargo de Cruz. Quedaron detenidas y fueron trasladadas a la comisaría de la Mujer. Los medios cubrieron el suceso como una película de villanos. El juez a cargo de la detención fue Isidoro Cruz y la fiscal que siguió el procedimiento fue Liliana Fernández de Montiel. Montiel estuvo a cargo de las investigaciones contra la Tupac desde mediados de enero. El 18 de febrero obtuvo una suerte de superpoder para seguir al frente de las causas a partir de una resolución del Fiscal General de la Acusación, Sergio Lello Sánchez. La resolución N 2 MPA la habilitó “en todas las causas en las que estuviera imputada Milagro Sala y en las que en el futuro estuviere”. Esa decisión fue denunciada por dirigentes locales, abogados y los organismos de derechos humanos de modo inmediato, dado que creó una suerte de tribunal adhoc. Montiel siguió al frente de las causas hasta la última semana de marzo: luego de las denuncias en su contra, la promovieron a fiscal de Cámara.

A Patricia y Shakira las liberaron catorce días después de la detención, cuando las pruebas demostraron que no había elementos para sostenerlas presas. Milagro Sala no fue liberada, pero su detención también tuvo semejanzas con el episodio. El 14 de enero, Gerardo Morales se reunió con un grupo de cooperativistas. Y luego hizo una conferencia de prensa. Los invitados de Morales abandonaron el acampe luego de la reunión. Un día más tarde, 15 de enero, se presentaron “espontáneamente” ante la fiscalía de Montiel para denunciar a Sala por hechos de 2012, 2013, 2014 y 2015. Montiel en ese momento impulsó la causa que permitió trabar la primera orden de detención, esta vez bajo los cargos de defraudación, extorsión y asociación ilícita.

La semana pasada esa secuencia quedó incluida en el informe que presentaron ante Amerigo Incalcaterra, representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en América del Sur, el Comité por la Libertad de Milagro Sala, integrado por dirigentes políticos, gremiales y sociales. Ese mismo día, sin embargo, el mecanismo de reuniones seguidos por denuncia volvió a dejar su huella en otra causa. En este caso, con un llamado a indagatoria del abogado de Milagro Sala, Luis Paz, en el marco de una causa por “amenazas coactivas”. Según la denuncia, la hija de un prófugo lo denunció por haberle mostrado un escrito y haberle dicho: “Ojo que acá está Milagro”. Milagro también quedó vinculada a esos nombres cuando en otra causa, el día 26 de febrero, el juez Pablo Pullen Llermanos emitió una nueva orden de detención contra ella por supuesto encubrimiento. El juez evocó una escucha entre la hija del prófugo y su padre en la que ella menciona a una tal “flaca” y “Mili” que habría facilitado dinero. Pullen Llermanos interpretó que la persona era Milagro Sala. Y ordenó la tercera detención de la saga. Ese mismo juez mantuvo una reunión “durante varias horas” con la chica, según denunció la Tupac. Poco después, la chica denunció al abogado.

El próximo jueves está prevista la declaración indagatoria de Luis Paz. Organismos de derechos humanos y colectivos de abogados de distintos lugares del país repudiaron el pedido pero además expresaron preocupación en varios comunicados. “Frente a la acusación del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Jujuy contra el letrado Luis Paz, esta Coordinadora repudia enérgicamente la imputación que se le hace entendiéndolo como persecución política y laboral en el desempeño de su profesión”, señaló la Coordinadora contra la Represión y el Ajuste, que nuclea a Madres de Plaza de Mayo y Familiares de Detenidos Desaparecidos, la CTA, la red de abogados de lesa humanidad de Jujuy, el Movimiento Evita y Andhes, entre otras organizaciones.

La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) del Ministerio Publico Fiscal de Nación intervino en la causa de Milagro Sala en febrero. Denunció la ilegalidad de la detención y la contextualizó como parte de los parámetros de violencia institucional. Los fiscales Miguel Angel Palazzini y José Nebia dijeron que Sala es “víctima de la peor violencia: la violencia institucional, que proviene precisamente del último refugio que puede encontrar un ciudadano frente al poder estatal: los jueces y los fiscales. Cuando es justamente ese poder estatal el que comete la ilegalidad y ejerce violencia, el desamparo es absoluto”.

El dictamen de la Procuvin tuvo en cuenta otros parámetros como las condiciones de la primera detención en medio de un acampe pacífico. Tuvo en cuenta sus fueros, dado que es parlamentaria del Mercosur, hecho que la Justicia Federal de Jujuy aún no atendió. Los fiscales pidieron su libertad de modo urgente, señalaron la existencia de un delito que continúa en el tiempo mientras ella no salga en libertad y explicaron que son responsables de ese delito cada uno de los funcionarios judiciales que estén interviniendo. Pero esta nueva intervención del Ejecutivo como parte del Estado genera un nuevo giro sobre esa situación. Las políticas públicas que operan sobre los círculos de solidaridad de la dirigente promueven un aislamiento real y simbólico, de los propios y del colectivo social, todavía más amplio.