El ex ministro Axel Kicillof descalificó las sospechas en su contra, que también alcanzan al ex titular del Banco Central y a la ex presidenta de la Nación –citada para hoy–, en torno a la denominada “causa dólar futuro”. En un extenso escrito presentado ayer ante el juez Claudio Bonadío, Kicillof hizo un detallado repaso de las supuestas irregularidades, los cuestionamientos a la política cambiaria anterior al 10 de diciembre, a las obligaciones y facultades del Banco Central, y a la denuncia en su propia contra formulada por el diario Clarín y luego volcada en la denuncia de los dirigentes de Cambiemos Mario Negri y Federico Pinedo. Concluyó en su presentación que “esta causa tiene exclusivamente carácter político, inspirada en un absurdo”, el de cuestionar “la realización de contratos atados al valor futuro del dólar y pretender llegar a que dicha operación constituye un delito”, cuando lo que se está cuestionando es la política económica adoptada. “Se puede estar de acuerdo o no, pero seguro no es materia de derecho penal, no es ilegal y no es delito”, planteó el ex titular del Palacio de Hacienda, que llegó a la sede judicial acompañado de gran cantidad de manifestantes y dirigentes. Entre estos últimos, los diputados Héctor Recalde, Edgardo Depetris, Carlos Kunkel y Julio De Vido, y los referentes de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti, entre otros.

Kicillof no se privó en su presentación de criticar el trámite de la causa que lleva Bonadío. “Pese a lo que se ha tratado de insinuar, en la llamada “causa dólar futuro” no se busca investigar un negociado ni un caso de corrupción. De hecho, en las mil páginas del expediente no hay ninguna denuncia sobre un eventual beneficio para algún funcionario, empresario u otra persona vinculada a la anterior gestión. Por caso, no se menciona ninguna sociedad offshore en Bahamas o Panamá a nombre de ninguno de los supuestamente involucrados”, ironizó. “Al inicio de la investigación, Usted (dirigiéndose al juez) citó numerosos “testigos” para averiguar si el Banco Central le había vendido dólar futuro a algún amigo o conocido para así favorecerlo, insistiendo en obtener las listas de los que compraron. Finalmente comprobó que la operatoria en el mercado de futuros se realiza en una pantalla ciega, es decir que resulta imposible para el vendedor, por la naturaleza del sistema, conocer la identidad de los compradores y viceversa. Al volverse evidente que no existió ningún hecho de corrupción, fue mutando sobre la marcha lo que está investigando en esta causa”, advirtió Kicillof. “¿De qué delito se nos acusa ahora entonces? A ciencia cierta, aún no lo sé”.

De allí en adelante, el ex ministro describió detalladamente la operatoria del Banco Central en el mercado de dólar futuro, señalando que forma parte de su tarea para regular el mercado orientando el precio, en este caso del tipo de cambio, en busca de un equilibrio económico. Luego comparó esa política con la que hoy sostiene el actual gobierno, que tras una devaluación mayor al 50 por ciento puso en vigencia “una tasa de interés altísima”, del 38 por ciento anual, para tratar de estabilizar el sistema cambiario y monetario. “Claramente, la tasa que fijó el Banco Central, del 38 por ciento, no es una tasa “de mercado”, porque en un banco comercial no le van a pagar más del 29 por ciento por un plazo fijo. Esta operación, que se realiza con un título llamado Lebac la vienen realizando desde diciembre y el BCRA ya acumuló una deuda de 475 mil millones de pesos en forma de Lebac. Si se mide desde las perspectivas del resultado, lo cierto es que el Banco Central va a perder una fortuna. De hecho, podría Usted (el juez) tranquilamente abrir una investigación judicial y, del mismo modo que se intenta hacer en esta causa, podría acusarse a las autoridades de operar “fuera del precio de mercado” y de causarle gigantescas pérdidas al Banco Central. Sin embargo, no le estoy sugiriendo hacerlo. Aunque ciertamente no estoy en modo alguno de acuerdo con pagarle a los banqueros privados esta tasa de interés, muy bien sé que se trata de una política económica de este gobierno. Se puede estar de acuerdo o no, pero seguro no es materia del derecho penal, no es ilegal y no es delito”.

Kicillof señaló que lo mismo se podría decir de las ventas de dólares en efectivo que el Banco Central efectuó después de la devaluación de diciembre “para bajar el precio del dólar en el mercado corriente (...). Si más adelante se produjera una devaluación, bien podría iniciarse una causa similar a ésta por las nuevas pérdidas del Banco Central (...). En esencia, este absurdo es el mismo que inspira esta causa. El Banco Central opera en el mercado de dólares o cualquier otro mercado de divisas o títulos para fijar un precio más bajo o más alto, y de ninguna manera puede sostenerse que incurre en un delito”.

De inmediato, el ex ministro imputado trazó un análisis del recorrido de la causa en manos de Bonadío. “Veamos ahora con mayor profundidad el caso que se estudia. Descartó Usted la hipótesis de corrupción. Luego tampoco pudo, por ser una tarea imposible, demostrar que existía un precio “correcto” al cual vender los contratos futuros y que el que usó el Banco Central fue “ilegal y ruinoso”. Entonces, se abocó a una labor todavía menos fructífera: juzgar la política económica de nuestro gobierno en el terreno del tipo de cambio. Y descubrió que todos los testigos que citó de Cambiemos, como era de esperar, no estaban de acuerdo con la política económica de nuestro gobierno. ¡Qué novedad! Del mismo modo que yo y muchos otros, por caso, no estamos de acuerdo con la que está implementando el gobierno actual. Al parecer, este proceso consiste en evaluar la política económica en los tribunales federales”.

Entrando en este último terreno, el escrito de Kicillof sugiere: “Si lo que Usted busca, señor Juez, es encontrar a los responsables de las grandes pérdidas que produce una megadevaluación, no debería perseguir a los miembros del gobierno del que formé parte, que justamente evitó varias megadevaluaciones exitosamente en numerosas oportunidades. Lo que debería hacer es apuntar a los miembros del actual gobierno, que fueron los que pusieron en práctica deliberadamente una megadevaluación de magnitud histórica”.

Más adelante, y en referencia a la controversia sobre los resultados de las distintas políticas para las arcas del BCRA, el escrito apunta que “cuando el gobierno de Macri decidió devaluar, el Banco Central perdió en el mercado de futuros, pero también ganó en términos de crecimiento de sus activos en pesos. Esta causa, de manera inexplicable, intenta aislar sólo la pérdida y achacársela al gobierno anterior que no devaluó en vez de responsabilizar al que sí lo hizo. De hecho, cuando se mira todo el cuadro completo en lugar de efectuar un recorte para evaluar sólo el “dólar futuro”, se observa que la ganancia contable superó la pérdida contable y mejoró el patrimonio del Banco Central. Pero este enfoque es, a decir verdad, una forma muy extraña de analizar por separado uno de los tantos efectos económicos de la devaluación, que en Argentina favoreció claramente a los grupos exportadores concentrados y perjudicó a los asalariados y las clases medias, los jubilados, etc”.