La misma disputa entre oficialismo y oposición gira alrededor de la Oficina Anticorrupción (OA) que dirige la cuestionada macrista Laura Alonso. Desde el Frente para la Victoria lanzaron un proyecto de ley para crear una OA que funcione en el Congreso de la Nación “con independencia funcional y financiera”, que “actúe como autoridad de aplicación de la ley de Etica en el ejercicio de la función pública” y “sin recibir órdenes del Poder Ejecutivo”, al que también tiene que controlar. La iniciativa del FpV se contrapone a la propuesta de la senadora radical tucumana Silvia Elías de Pérez que le propuso a Alonso extender la actual estructura de la OA a las distintas regiones del país y radicarlas donde funcionen las Cámaras Federales de Apelaciones que abarcan distintas jurisdicciones provinciales. En los fundamentos de su proyecto, la kirchnerista Diana Conti, sostiene que “los hechos acaecidos en los últimos meses evidencian la necesidad de repensar la ubicación orgánica de este organismo”, luego de repasar las fallidas actuaciones de Alonso. El texto propone que la OA funcione en el ámbito del Poder Legislativo que designará a los siete miembros que integrarán la conducción del nuevo organismo (tres en diputados y tres en el Senado y el director general con acuerdo de ambas Cámaras), y no dependería más del Ministerio de Justicia y Derechos humanos ni estaría en al órbita del Ejecutivo.