Para el juez Sebastián Casanello, los organizadores de la Time Warp y quienes se ocuparon de la seguridad –agentes de la Prefectura y de la empresa Siseg– convirtieron el predio donde se hacía el evento en un espacio blindado o encapsulado, que definió como un “ámbito de exclusión de toda protección estatal” para los asistentes, y que también quedó exento de controles. Eso fue lo que permitió y facilitó la venta de drogas allí dentro y lo que ubicó a quienes creían que iban a disfrutar de una fiesta electrónica, entre los que había menores de 18 años, en una situación de alta “vulnerabilidad y desamparo” y hasta puso en riesgo su salud y su integridad física. Esta definición es la que surge de la imputación que formalizó ayer Casanello al indagar a las dos primeros integrantes de la Prefectura Naval, que fueron contratados junto con otros dieciséis para prefectos como “policía adicional”, así como a Maximiliano Avila y Carlos Garat, ambos ligados a la organizadora Dell Producciones. Estos dos últimos permanecen detenidos.

Todavía no fueron precisados los posibles delitos, pero la base de la investigación son las cinco muertes. La forma de calificarlo puede ir desde un homicidio hasta, por ejemplo, abandono de persona. Todo apunta a que fueron fallecimientos provocados por las sustancias consumidas, pero los estudios toxicológicos que darán precisiones sobre el tipo, cantidad y combinaciones, recién estarán listos en unos diez días. Lo que ve el juzgado es que la fiesta funcionaba como un gran mundo donde el Estado no entraba: la Prefectura quedaba haciendo adicionales afuera, haciendo “la vista gorda” –como señaló el fiscal Federico Delgado– y los controladores del gobierno porteño, si entraban, hacían que no veían nada. El Departamento de Investigaciones del Narcotráfico de la Prefectura Naval sabía que en la Time Warp se comercializaban estupefacientes, entre ellos drogas sintéticas, a granel porque ellos mismos estaban haciendo el seguimiento y las escuchas telefónicas a Lautaro Ignacio Crespo, uno de los dealers detenidos. Prefectura sabía que el joven incluso tenía planeado estar ahí en el evento. Ninguno de los 18 integrantes de la fuerza que estuvieron allí avisaron al juzgado de turno sobre la comercialización de drogas (ketamina, cocaína, LSD, popper y pastillas de éxtasis). Peor aún: notificaron las dos muertes que se produjeron en el predio a un juzgado de instrucción y ante la pregunta concreta sobre si había drogas, dijeron que no. Como, además, dieron ese aviso dos horas más tarde de ocurridos los fallecimientos, esa “ventana” pudo haber permitido el borrado de rastros. De hecho, cuando llegó el fiscal había personal ligado a la organización que estaba limpiando.

Uno de los prefectos indagados ayer, Adrián Marcelo Alvarez, dijo que no vio nada porque llegó sobre el final y que él incautó una bolsa con drogas que habían sido obtenidas en el cacheo a las personas que ingresaban, que realizaba personal de la organización. Esa famosa bolsa, en rigor, recién fue entregada a las cuatro de la tarde del sábado a la División de Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la Policía Federal. El otro agente de la Prefectura, Alejandro García, relató que cumplió servicios adicionales y que cumplía las órdenes que le indicaba el prefecto Alberto Pandiani, quien antes todavía habría tenido la bolsa en su poder.

Según fuentes de la investigación, en la declaración de Avila, en realidad al lado de cada puesto de control de tickets había una bolsa donde se tiraban las sustancias no permitidas después del control en el ingreso. Es decir, hubo muchas bolsas con droga y según este relato, luego el contenido se juntó en dos bolsas que, según escuchó, fueron entregadas a la Prefectura. Avila dijo que fue quien hizo los trámites de habilitación del evento ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Explicó que el gobierno porteño debe enviar inspectores a las 4 de la mañana, y que vio tres de ellos adentro de la fiesta, que fueron los que firmaron el acta de habilitación, que son los que deben controlar el cumplimiento de los términos.

El permiso decía 13 mil personas y está probado, dice el juez, que hubo 20.500 o un poco más. Esta anomalía no fue informada por nadie. Los organizadores, que eran garantes del evento, también debían acatar la prohibición de que no ingresaran menores (uno de los chicos que siguen internado tiene 17 años), un operativo médico sanitario, con médicos, ambulancias y socorristas acorde a los asistentes y un puesto de atención médica. Hubo dos ambulancias, cinco médicos, dos socorristas y un puesto, pero según Casanello todo era por lo menos la mitad de lo exigido, incluso los baños y el agua.

Avila dijo que lo contrataba Dell de manera externa por 6000 pesos mensuales, aunque cuando hacía trámites para eventos especiales sumaba 20 mil pesos. Garat dijo que su tarea fue contratar a la Prefectura, y que estuvo en la fiesta. Como tiene más de 70 años, pidió la prisión domiciliaria.