EL PAíS › SE REALIZARON MáS DE CINCUENTA PROCEDIMIENTOS EN PROPIEDADES DE LáZARO BáEZ Y SUS ALLEGADOS EN SANTA CRUZ

Autos secuestrados y estancias allanadas

El objetivo de las medidas era tasar todos los inmuebles de Báez, secuestrar bienes de lujo y rastrear dinero en efectivo.

Estancias, departamentos y locales de Lázaro Báez a lo largo y lo ancho de toda la provincia de Santa Cruz fueron allanados desde ayer a la tarde en un megaoperativo encabezado por el fiscal Guillermo Marijuán junto con funcionarios de la AFIP y de la Unidad de Información Financiera (UIF) que podría extenderse por varias semanas. Habían sido ordenados por el juez Sebastián Casanello con la indicación de tasar todos sus inmuebles, secuestrar bienes de lujo y rastrear dinero en efectivo. El juzgado había confeccionado una lista de 48 propiedades, a la cual ya en la primera jornada se le sumó el hallazgo de 16 bienes más. El objetivo es el “recupero de activos” que podrían estar vinculados con las maniobras de lavado de dinero por las que el empresario está preso, al igual que el contador Daniel Pérez Gadín, y sus respectivos hijos, Martín y Sebastián, procesados, y el abogado Jorge Chueco,

“Vinimos a allanar 40 inmuebles y nos encontramos que hay muchos más. Se trata de propiedades vinculadas a empresas de algunos de los imputados. hemos podido acceder al registro de la propiedad de inmuebles provincial”, dijo el fiscal en declaraciones a la prensa. También aseguró sentirse “sorprendido” por el “lujo” que encontró. Marijuán llegó a El Calafate en un helicóptero de la Prefectura Naval para supervisar los procedimientos. El listado inicial de sitios a allanar estaba compuesto por inmuebles que fueron identificados por la AFIP como pertenecientes a Báez, a su hijo, otros parientes o integrantes de su entorno. La orden de Casanello, de todos modos, es rastrear todos los bienes que puedan tener relación con él y que hasta ahora no hubieran sido detectados. El ente recaudador nacional aportó peritos tasadores y la UIF expertos en recuperación de activos –bienes o dinero– vinculado con actos de corrupción.

Al anochecer, había efectivos de Prefectura y de Gendarmería repartidos en allanamientos por la calle Güer Aike al 500, donde Báez guardaba una flota de autos, en oficinas de la empresa Austral Construcciones y en las estancias “Cruz Aike” y “Julia”. El lugar donde estaban los vehículos fue detectado por Marijuán y, al rato, ya tenía una orden de Casanello para allanarlo. Las estancias habían sido señaladas por Leonardo Fariña como posibles lugares donde Báez habría guardado importantes sumas de dinero. Es improbable que se encuentre algo allí, según suponen los investigadores, en especial si se tiene en cuenta que la mayor parte de los hechos a los que se refirió y que son investigados, aluden a mecanismos para sacar dinero del país.

Cuando dictó los procesamientos de los Báez y los Pérez Gadín, Casanello previó las medidas para recuperar activos. La semana pasada, hubo una presentación manuscrita de Fariña con datos de propiedades y lugares donde supuestamente guardaba dinero. Casanello se la envió en un sobre lacrado a Marijuán el miércoles de la semana pasada, para que verificara los datos y dispusiera las medidas que creyera necesarias. Pero no hubo movimientos del fiscal en este asunto. En cambio, la información del manuscrito empezó a filtrarse por los medios el fin de semana. El lunes recibió instrucciones del juez y ayer viajó.

Casanello ordenó ayer, además, clausurar las oficinas del contador César Andrés. Los que participaron de los allanamientos afirmaron que en la estancia Cruz Aike, cerca de El Calafate, se halló “tierra removida”. Aunque el mismo Marijuán había anticipado antes de realizar las medidas que era poco probable que se encontrara plata enterrada o en bóvedas.

Los allanamientos fueron coordinados por el juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, debido a que el juzgado federal de Río Gallegos se encuentra vacante y es subrogada, en distintos períodos, por magistrados santacruceños y fueguinos.

La Cámara Federal le dijo a Casanello a que vaya por todo el dinero que Báez habría sacado del país –según la imputación de Marijuán unos 51 millones de dólares–, mediante operaciones con bonos. Por ahora, el magistrado acusa a Báez de lavar 5,1 millones de dólares provenientes de la evasión fiscal con facturas truchas.

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En Río Gallegos, la Gendarmería participó de los operativos que supervisó el fiscal Guillermo Marijuán.
 
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