Los organismos de derechos humanos se opusieron históricamente al canje de impunidad por información. Incluso, las Abuelas de Plaza de Mayo, que buscan desaparecidos vivos, se negaron a recibir datos a cambio de proporcionar protección para los apropiadores de sus nietos. Esta semana, sin embargo, desde Cambiemos se intentó introducir en el proyecto de Ley del Arrepentido la reducción y eximición de penas para los delitos de lesa humanidad. “Creemos firmemente que en el Estado de Derecho resulta posible alcanzar justicia dignamente, sin incurrir en componendas con quienes cometieron los crímenes más graves que ha sufrido nuestro país”, señaló el organismo que preside Estela de Carlotto. “Luego de décadas de impunidad, los acusados y responsables han tenido infinitas oportunidades para colaborar a esclarecer la verdad de lo ocurrido y jamás lo hicieron. El juzgamiento a los genocidas es un logro de toda la sociedad. De todo un pueblo que se negó a convivir con la impunidad de crímenes aberrantes”, manifestaron los HIJOS, Familiares y Abuelas de Córdoba. “Llegamos hasta acá después de un proceso histórico único, con mucho trabajo, mucho sacrificio, muchos juicios y bajo un paradigma cultural sustancial como para admitir este tipo de proyectos que no solo pretenden meterse con futuros procesos sino también con los ya realizados”, afirmó el colectivo de abogados y abogadas de juicios de lesa humanidad. Estas fueron solo algunas de las cartas enviadas a la Comisión de Legislación Penal, que lograron que su presidenta, la diputada radical María Gabriela Burgos, se comprometiera a eliminar la mención a los represores del proyecto.

La iniciativa del PRO que introduce las figuras del arrepentido y el agente encubierto ya tenía objeciones de especialistas que estaban siendo estudiadas por los diputados de la oposición. Pero el lunes, sorpresivamente, los asesores de los legisladores se encontraron con cambios en la redacción original enviada por el Poder Ejecutivo. Se había agregado que estas herramientas eran válidas también para los delitos previstos en la ley 24.584, es decir, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Así, el proyecto establecía que, a discreción de los jueces, los represores podían ser beneficiarios de una reducción o directamente eximición de la pena. “Esto sería procedente si los datos o información aportada por el `arrepentido` contribuye, entre otros supuestos, a `esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos, revelar la identidad o el paradero de instigadores, coautores, partícipes o encubridores de estos hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan un significativo avance de la investigación`. De esta forma, no se establece ningún límite para que se vean beneficiados por esta figura aquellos imputados o condenados que sindiquen como intervinientes en el hecho delictivo a personas ya fallecidas o sobre las cuales el proceso penal se encuentra suspendido por incapacidad o incluso condenados por otros hechos”, señaló Abuelas de Plaza de Mayo en la carta que envió ayer a Diputados. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió en su documento varias deficiencias generales de la iniciativa y, puntualmente sobre este tema, destacó que “cualquier medida o herramienta jurídica que tenga implicancias sobre el juzgamiento y las consecuencias de los crímenes del terrorismo de Estado merece un amplio debate que involucre a las víctimas, sus familiares, los organismos de derechos humanos y la sociedad entera”. Justamente, esto fue lo que preguntaron desde el despacho del diputado del Frente para la Victoria Remo Carlotto cuando descubrieron la novedad: si los organismos de derechos humanos habían sido informados o consultados sobre el tema. En Cambiemos respondieron que sí, pero no supieron decir qué organizaciones habían sido advertidas.

La postura de los organismos de derechos humanos ha sido históricamente opuesta a este planteo. Las características del proceso argentino, que constituye un ejemplo en el mundo, demostró que la posibilidad de acercarse a la Verdad y a la Justicia no depende de tener arrepentidos. En este caso fue decisiva la voluntad de los tres poderes del Estado de investigar los crímenes. Además, la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada ya contempla la opción de establecer “circunstancias atenuantes” a quienes contribuyan a la reaparición con vida de una persona desaparecida o permitan esclarecer casos de ese tipo.

El planteo que se quiso introducir en el proyecto, en cambio, se asemeja a la posición de las agrupaciones cercanas a los represores que intentan poner como modelo la transición sudafricana para, en definitiva, consagrar la impunidad de los involucrados en crímenes del terrorismo de Estado. Luego de que se conociera a través de Página/12 la reunión “privada” entre el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la defensora de los represores Cecilia Pando, la desconfianza se acrecentó entre los diputados de la oposición y los organismos de derechos humanos, que ya estaban en alerta. Sin embargo, desde esa cartera aseguraron que no tenían nada que ver con las modificaciones y que ni siquiera estaban al tanto. En el Congreso recordaron que en una reunión de comisión de la que participó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la diputada delasotista Claudia Rucci advirtió sobre la posibilidad de hacer esos cambios.

Ayer, luego de que en la Comisión de Legislación Penal se armara una discusión a los gritos, se decidió hacer dos dictámenes: uno referido a las técnicas de investigación (como el agente encubierto) que fue firmado, y otro para la figura del arrepentido, cuya firma fue aplazada. Burgos, presidenta de la comisión, se comprometió a que en ninguno de los dos casos se incluirían los crímenes de lesa humanidad. De todas formas, los diputados que no firmaron el proyecto –el bloque del Frente para la Victoria, Victoria Donda, de Libres del Sur y Myriam Bregman, del FIT– no pudieron ver cómo quedó redactado el texto.

La anunciada marcha atrás generó alivio en los organismos de derechos humanos, aunque aún se preguntan si se trató de un acuerdo entre Bullrich y Rucci, una iniciativa de un sector del Gobierno o un globo de ensayo oficial para ver hasta dónde se puede avanzar sobre los juicios a los represores.

Desactivar la posibilidad de beneficiar a los responsables de crímenes de lesa humanidad fue la prioridad ayer, pero las críticas al proyecto de ley del Arrepentido exceden este aspecto. El CELS advirtió que hay “problemas de constitucionalidad” en juego, que “la discrecionalidad es tan amplia que inclusive puede frustrar el objetivo de facilitar la investigación”, que puede generar “situaciones extorsivas” e incentivar “denuncias falsas”.