La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia solicitó juzgar al ex juez Luis Córdoba y al ex fiscal Roberto Mazzoni como partícipes necesarios en crímenes de lesa humanidad. Los fiscales Carlos Amad, Patricio Sabadini y Diego Vigay acusaron a sus ex colegas de haber omitido investigar el secuestro y las torturas que sufrió una decena de presos políticos durante la última dictadura cívico militar pese a que tuvieron conocimiento de los hechos. De concretarse, será el primer juicio por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado que cuenta, en esa provincia, con ex funcionarios judiciales entre los acusados.

Los miembros de la unidad fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado solicitaron al Juzgado Federal 1 de Resistencia la elevación a juicio de la causa en la que están acusados Córdoba y Mazzoni, quienes fueron magistrados de la Justicia Federal y actuaron como tales durante la última dictadura. Fueron imputados por los delitos de “privación ilegítima de la libertad, tormentos e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la forma de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y encubrimiento, todos considerados crímenes de lesa humanidad”, informó ayer el Ministerio Público. Según los fiscales, Córdoba y Mazzoni cometieron tales delitos en contra de una decena de presos políticos confinados durante el último golpe de Estado a diferentes centros clandestinos, como el instalado en la Brigada de Investigaciones policial de Resistencia, el más grande del nordeste argentino.

Allí, postuló el dictamen fiscal, los ubican sobrevivientes del terrorismo de Estado visitando a los detenidos tanto en la Brigada de Investigaciones como en cárceles del Servicio Penitenciario, quienes les contaron de los tormentos sufridos sin que en ningún caso fueron investigados. Una detenida embarazada cuando la capturaron y que dio a luz en cautiverio relató los contactos que tuvo con Mazzoni y con Córdoba, quienes no ocultaban su cooperación con los represores ni atendían sus pedidos de asistencia para el recién nacido.

Las conductas que les reprocha la fiscalía derivan de “omitir deliberadamente” la investigación de esos hechos denunciados, delitos que cometieron las fuerzas represivas contra los prisioneros políticos, pese a que llegaron a su conocimiento. En su solicitud presentada ante el Juzgado Federal de la capital provincial, los fiscales señalaron que “el cumplimiento de los deberes de los funcionarios judiciales conferido a través del mandato constitucional de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos les era exigible (a los entonces magistrados) aún frente a la ocupación del poder por parte de las fuerzas armadas” y que “ante la sistematicidad y masividad de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el accionar represivo, se tornaba aún más ineludible la protección de la persona por parte del órgano destinado exclusivamente a garantizar la vigencia irrestricta de los derechos elementales y universales de los habitantes de la Nación”, subrayaron.

Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal también solicitaron juzgar a Pablo César Casco, ex jefe de guardia de la Unidad Penal 7 de Resistencia, por considerar que sometió allí a torturas a dos víctimas.

Si se realiza el juicio solicitado por la Unidad Fiscal, por primera vez en la capital chaqueña llegarán como acusados al debate oral y público ex funcionarios del Poder Judicial imputados por su participación en crímenes contra la humanidad. Mientras, continúa en la etapa de instrucción la investigación respecto del delito de asociación ilícita que la fiscalía le imputa a los ex magistrados, por el que la Cámara Federal les había dictado la falta de mérito.