La jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires María Correa se declaró incompetente en la causa en la que se investiga la usurpación y destrucción de la redacción del diario Tiempo Argentino y las instalaciones de Radio América. La magistrada consideró que el caso debe pasar al fuero federal porque el ataque al diario afecto a la libertad de expresión y de prensa.

Se trata de la causa que investiga a Mariano Martínez Rojas por “daños y usurpación” y se tramita en el juzgado 28 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La jueza dispuso enviar el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

A principios de junio los trabajadores denunciaron que matones armados tomaron la planta transmisora del barrio de Villa Soldati, encabezados por Mariano Martínez Rojas y sacaron del aire la radio.

El lunes 4 de julio a la madrugada una patota, de al menos 20 personas, ingresó a la redacción de Tiempo Argentino, en el barrio de Colegiales, y destrozó las instalaciones donde funciona la cooperativa de trabajadores Por más Tiempo, que produce la publicación y donde también está la radio.

El 22 de enero el Grupo 23 había anunciado, a través de un comunicado, que el Grupo M de Luxe había adquirido el 100 por ciento del paquete accionario del diario Tiempo Argentino, “tomando desde el día de la fecha el control de la empresa”, y Radio América. Sin embargo, Martínez Rojas nunca pudo presentar la documentación pendiente que demostrase el origen lícito de los fondos y vencido ese plazo, el Ente Nacional de Comunicaciones decidió la intervención de la Radio, designó a un delegado normalizador y anunció que llamará a concurso por esa frecuencia. Además, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos denunció a Martínez Rojas.

La jueza porteña investigaba a quienes irrumpieron en la redacción del diario y provocaron destrozos por los delitos de usurpación (aunque el presidente Mauricio Macri llamó “usurpadores” a los trabajadores) y daños, pero consideró que, además, se cometió “entorpecimiento de los servicios públicos de comunicación”. Por eso se declaró incompetente, pero su decisión todavía puede ser apelada por las defensas.