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La ONG Pro Vida tiene por misión hacer campañas contra las normas de salud reproductiva y la legalización del aborto, cuestiones que atañen al ejercicio de los derechos más básicos de las mujeres, desde la libertad de decidir hasta el acceso a la educación sexual, la anticoncepción y una vida libre de violencia. Con argumentos discriminatorios, esa entidad intenta ahora demonizar la candidatura de Carmen Argibay para ocupar un lugar en la Corte Suprema: apuesta a mezclar un debate ideológico con el que atañe a las condiciones que debe reunir alguien para ser un buen juez del alto tribunal. Dos directivos de Pro Vida dijeron ayer que Argibay no representa “los valores de las mujeres argentinas” por ser “soltera, sin hijos, partidaria del aborto, de izquierda y atea militante”. Le piden al presidente Néstor Kirchner que retire su postulación.
Pro Vida apela al mismo razonamiento que el obispo de San Luis, Jorge Lona, y que del vocero del Arzobispado de Buenos Aires, Guillermo Marcó, quienes creen ver en Argibay una especie de enviada del demonio para lograr la despenalización del aborto. “Quien defiende el aborto no puede ser garante de la Constitución. El Pacto de San José de Costa Rica, con rango constitucional, garantiza la vida desde el instante de la concepción. El que va a atacar eso, no puede ser juez de la Corte”, dijo Roberto Castellano, presidente de Pro Vida. Luego agregó: “Nosotros entendemos que Argibay no representa a la mujer argentina, ya que ésta no es una mujer soltera, sin hijos, que no ha decidido formar una familia”.
–¿Qué tienen que ver estos planteos con las cualidades para ser una buena jueza de la Corte Suprema? –preguntó este diario a Castellano.
–La filosofía de Argibay no es representativa de la mayoría de las mujeres, que evidentemente no son abortistas ni están contra Dios. Además, no hay muchas argentinas que ganen 45 mil pesos por mes, lo que ella gana como jubilada y miembro de un tribunal internacional –chicaneó el abogado, que litiga ante la Corte en reclamos contra la píldora del día después.
La secretaria de Pro Vida, María Laura Garmendia, amplió la acusación y dijo que la candidata tampoco representa al género femenino porque “se reconoce de izquierda”. Castellano aventuró una explicación: “Cuando hay elecciones la izquierda saca el tres por ciento de los votos”. “Queremos que el Presidente vea que ha equivocado la persona”, insistió. Garmendia se quejó porque cree que “en un país con casi el 90 por ciento de población católica, los únicos discriminados para acceder a la Corte son precisamente los católicos”. “Que se imponga el sentido común y se retire la propuesta”, proclamó. Y acusó a la penalista, hoy integrante del tribunal internacional que juzga los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia, de venir “deliberadamente a dividir y enfrentar, resultando totalmente ajena a la mesura y la prudencia que debe tener un ministro de la Corte Suprema (...) el jacobinismo ha hecho mucho daño al país”.
Lo que irrita a la gente de Pro Vida, igual que a algunos sectores eclesiásticos, es que Argibay haya expresado libremente que piensa que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y que se haya descripto como una atea militante. Sobre idoneidad, la ONG no dice ni una palabra.