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Aguas Argentinas dejará de ser el único operador del servicio de agua y cloacas de la Capital Federal y el conurbano bonaerense. El esquema que diseñó el Gobierno para renegociar el contrato con la compañía contempla la apertura del negocio a otros prestadores, incluidas cooperativas y mutuales. El Estado volverá a tener un rol central en el desarrollo de la red, asumiendo la tarea de expandirla y de encarar las inversiones. Los operadores, incluido el actual concesionario, se encargarán de dar el servicio y de cobrarles a los usuarios, pero la recaudación será girada al Estado y éste les pagará un canon por su gestión. La explotación de Aguas Argentinas se reducirá notablemente en comparación con la concesión que había conseguido hace diez años. Sin embargo, la propuesta no le desagrada, sobre todo cuando el Gobierno había amenazado con rescindirle el contrato.
La empresa dio señales de querer permanecer en la Argentina, pero todavía no contestó si acepta las condiciones que le fijó el Poder Ejecutivo para comenzar la discusión del nuevo contrato. Para esta fecha se suponía que Aguas Argentinas debería haber dado una respuesta. La exigencia que más le pesa es la de suspender los términos de la demanda que inició contra la Argentina ante un tribunal internacional (el Ciadi, con sede en Washington) por el supuesto incumplimiento del contrato que significó la devaluación y el congelamiento de la tarifa. El otro requerimiento que le hizo el Gobierno es prorrogar hasta fin de año un fideicomiso para obras de expansión de la red. Si la compañía rechaza esas exigencias, deberá abandonar el país.
Pero las cosas no están dadas para que Aguas Argentinas se vaya. Al menos así lo interpretan quienes conocen la compañía. Una fuente oficial comentó a Página/12 que si la empresa estuviera pensando en retirarse no habría designado como nuevo presidente, a fines de diciembre pasado, a Yves Thibault de Silguy, un reputado dirigente francés que jugó un rol importante en la comunidad económica europea y que acumuló prestigio internacional. “No nombrarían a alguien así para que venga a apagar la luz”, reflexionó el funcionario. A pesar de ello, varias asociaciones defensoras de los usuarios reclaman la rescisión del contrato, justificando su pedido en los repetidos y gruesos incumplimientos de la empresa. El ente regulador (Etoss) confirmó ayer nuevas multas a la compañía por sus falencias en la prestación del servicio (ver recuadro).
El Gobierno amagó en algún momento con anular el contrato de Aguas, pero las embajadas de Francia y España se movieron para frenar esa decisión, que venía madurando. Los controlantes de la empresa son la francesa Suez de Lyonnais y la española Aguas de Barcelona. Los ministerios de Economía y Planificación, entonces, diseñaron un esquema para la futura operación de los servicios de agua y cloacas, adonde hay espacio para Aguas Argentinas, pero mucho más restringido que el actual, que es un virtual monopolio.
El plan consiste en que el Estado se haga cargo de la expansión de la red, sobre todo a zonas carenciadas. “El servicio de agua es rentable sólo si se brinda a sectores de ingresos medios y altos, que pueden pagar tarifas altas. Pero los sectores de bajos ingresos necesitan un servicio subsidiado”, indicó el informante del Gobierno a este diario. Para la operación del servicio y la cobranza de las facturas, el Estado “contratará” a Aguas Argentinas y a nuevos operadores, entre ellos cooperativas y mutuales, los cuales cobrarán un canon por esas tareas. Al abrir el juego a nuevos prestadores, el Gobierno dispondrá de información vital para operar sobre sus costos y exigir mayores niveles de calidad. Si bien no habrá competencia directa, el Estado tendrá parámetros claros para poder exigir a unos y otros.