Lunes, 15 de agosto de 2016 | Hoy
EL PAíS › SANCION PARA ACUÑA POR INCUMPLIR LA ORDEN DE CALEFACCIONAR UN CENTRO EDUCATIVO
El juez Gallardo multó a la titular de Educación en la ciudad por no haber acatado un fallo que le ordenaba instalar calefacción a gas en el instituto Isauro Arancibia, al que asisten 273 estudiantes en situación de calle.
Por Werner Pertot
El juez Andrés Gallardo impuso una multa diaria a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, por la falta de acatamiento de un fallo en el que se le ordenó proveer de calefacción al centro de enseñanza Isauro Arancibia. Hasta que se haga la conexión de gas en el establecimiento, la funcionaria tendrá que pagar una multa de 25 pesos por cada alumno que concurre al Arancibia. En total, son 273 alumnos por lo que la ministra deberá abonar 6825 pesos por cada día que incumpla la sentencia. El pago, según se establece en el escrito, es “en carácter personal”.
El Isauro Arancibia es un centro educativo al que asisten estudiantes en situación de calle o de vulnerabilidad social. Tiene tres niveles: jardín de infantes, primaria y primaria para adultos. También se dan talleres de oficios, como peluquería o panadería. En 2014, un fallo judicial frenó el intento de demolición por parte del Gobierno macrista, que buscaba despejar el camino para construir un metrobús.
Como informó este diario, las condiciones en las que se dan clases allí son deplorables: hay ventanas rotas, no hay calefacción, el edificio se inundó más de una vez. Por la falta de un ascensor, los alumnos con discapacidad motora deben ser subidos en brazos por escalera. El estado de abandono generalizado llevó a que la asesora tutelar Mabel López Oliva presentara un amparo ante el fuero contencioso administrativo. Allí cuestionaba los problemas serios de seguridad en las escaleras, los vidrios rotos, las condiciones del jardín, entre una larga lista de problemas. “El Isauro Arancibia estaba abandonado por el Gobierno de la Ciudad. Ni estaba la bandera afuera para identificar que era una escuela”, recordó la asesora tutelar en diálogo con este diario. Las obras, para las que se habían destinado 13 millones de pesos, deberían haber sido terminadas en 2014. Pero inexplicablemente se habían paralizado.
“Además, había una falta de acompañamiento con lo que tenía que ver con los materiales. Se trabajaba en condiciones precarias. Es la única escuela que recibe a chicos en situación de calle. Es una población que debe tener prioridad para la agenda del Gobierno. Es un lugar donde los chicos intentan abrigarse un rato, porque después los espera la calle. La calefacción es fundamental”, indicó López Oliva.
En la causa, la jueza Patricia López Vergara intimó al Ministerio de Educación para que informara si se había cumplido la orden judicial de arreglar los vidrios del establecimiento y darle calefacción. En un escrito, el ministerio sostuvo que “la instalación de gas ya se encuentra ejecutada en todo el establecimiento escolar”. No obstante, la asesoría tutelar informó al juzgado poco después que el Isauro Arancibia seguía sin gas y en la época más fría del año. “Algunas de las obras avanzaron y otras no están resueltas. La calefacción no está funcionando”, indicó López Oliva.
El ministerio indicó que habían colocado paneles termoeléctricos que funcionaban “en forma parcial”, pero se les señaló que no estaba acreditado en la causa que fueran un reemplazo adecuado de la calefacción a gas. El juez Gallardo, que intervino como subrogante la semana pasada, encontró que no se había cumplido lo dispuesto por el fallo y le impuso una multa diaria a la ministra. Será efectiva tres días después de la notificación, que recibió el viernes pasado.
El juez advirtió que por la falta de conexión de gas los alumnos siguen usando, por ejemplo, una garrafa antirreglamentaria en el taller de panadería, que el ministerio se había comprometido a retirar. El juez también rechazó una prórroga pedida por el ministerio y volvió a reclamar en el plazo de dos días informes sobre la reparación de una bomba y sobre la ayuda que el Estado debe prestar a los alumnos con dificultades motrices.
Al recibir la intimación, en el Ministerio de Educación la enviaron a la Dirección de Legales, que esta semana evaluará si apela la multa sobre la funcionaria.
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