El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, salió en defensa de la vicepresidenta Gabriela Michetti, al señalar que la causa sobre el origen de los 245 mil pesos y 50 mil dólares que le fueron robados de su casa “es parte de un proceso en el que todo se judicializa, donde siempre hay alguien que hace una denuncia y sobreactúa determinadas cosas”. “Termina siendo una injusticia”, sostuvo Garavano. Sin embargo, uno de los denunciantes de la vicepresidenta, el diputado Rodolfo Tailhade (FpV), destacó que hay contradicciones entre lo que dijo ante la justicia Juan Tonelli, el novio de Michetti, y la argumentación que dio la funcionaria sobre el origen de los fondos que le robaron.

“Lo que declaró la pareja de Michetti en la causa en la que se investiga el robo es que él llevo los 200 mil pesos a la casa de Michetti. O sea, no es que lo trajo Michetti o alguna asistente”, señaló Tailhade.

“En la declaración de Tonelli dice que eran para donaciones y no fruto de donaciones, por lo que hay una contradicción bastante importante”, remarcó el diputado. “Y en ninguna de las dos declaraciones testimoniales que prestó Tonelli en la causa del robo dijo algo acerca de los 50 mil dólares”.

En este sentido, señaló que “la teoría peregrina de Michetti que los recibió (de Tonelli) para pagar el posgrado de su hijo en el exterior en realidad no aparece en ninguna de las dos declaraciones de su pareja, de quien ella dijo que había recibido esos 50 mil dólares”.

El diputado Tailhade anticipó que mañana ampliará la denuncia contra la vicepresidenta, para que se investigue el financiamiento ilegal de la política partidaria que realizan dirigentes de Cambiemos utilizando fundaciones de la sociedad civil como pantalla.

“La fundación que preside Néstor Grindetti (intendente de Lanús), la que preside Eugenio Burzaco (secretario de Seguridad) y la que preside Guillermo Dietrich (ministro de Transporte), no cumplen con ninguna norma legal y la fundación SUMA de Gabriela Michetti encajaría también en este modus operandi”.

El viernes, el fiscal Guillermo Marijuán imputó a la vicepresidenta, al recomendarle al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba para determinar el origen de los 245 mil pesos y 50 mil dólares que fueron robados la noche en que Cambiemos ganó la Presidencia. Michetti dijo que 200 mil pesos eran parte de una donación a la fundación SUMA, que preside, que otros 45 mil pesos estaban dedicados a gastos corrientes y de una refacción edilicia, y los 50 mil dólares eran un préstamo de su pareja para un pagar un posgrado de su hijo.

La nueva documentación que presentarán los denunciantes plantea que se determine si los aportantes de la Fundación SUMA, de Michetti, son contratistas del Estado, tanto nacional como porteño. Así lo indicó una investigación de Mariana Escalada y Agustín Ronconi, publicada en el sitio de internet Resistiendo con aguante. Los periodistas indicaron que, a pesar de que la fundación se creó el 15 de septiembre de 2009, “no ha presentado un sólo balance en la Inspección General de Justicia hasta la semana pasada, fecha en que, ya investigada penalmente, decidió legalizar la situación. Tampoco tuvo nunca empleados pese a que Michetti públicamente admitió pagarles a la directora y a dos personas que realizaban tareas full time. Curiosamente, recién a fines de julio y luego de presentada la denuncia penal, la fundación se inscribió frente a la AFIP como empleadora.”

En ese contexto, el ministro Garavano salió a defender a la vicepresidenta: “Gabriela es una persona que sigue viviendo en la misma casa y toda la población tiene gran confianza en ella”. Y arriesgó: “Está tranquila y no tiene nada que ocultar”.