A pesar de que aún se está investigando qué sucedió en la manifestación de rechazo que sufrió Mauricio Macri en Mar del Plata hace diez días, el juez federal que lleva la causa, Alfredo López, acusó sin hasta ahora ninguna prueba fehaciente al dirigente social Ricardo “Chacho” Berrozpe como supuesto responsable de los “piedrazos” dirigidos al auto que transportaba al Presidente y la gobernadora María Eugenia Vidal. En simultáneo, admitió que aún debía esperar para conocer las “pruebas y los informes técnicos”. La causa tiene, por ahora, la calificación penal de intimidación pública, lo que configura un delito contra la seguridad de la Nación, pero sólo a fines de precisar qué fue lo que pasó aquel viernes 12. Aún así, López –un juez civil que falló meses atrás, a contramano de todos sus colegas, a favor del tarifazo en el gas– suscribió públicamente la hipótesis de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien no dudó en señalar a supuestos “grupos organizados” obsesionados con impedir “que el presidente acuda a los actos y al contacto con la gente”. La organización Votamos Luchar, apuntada por el dedo del juez y a la que pertenece Berrozpe, marchará hoy al juzgado federal 4 de Mar del Plata para denunciar que la causa busca “demonizar a los sectores populares” que se manifiestan contra “el plan de ajuste” del Gobierno.

En las puertas del juzgado que atiende López, Votamos Luchar y otras organizaciones de izquierda plantearán un dato que el propio juez no desconoce y que pudo verse en todos los videos que circularon hasta hoy: tanto Berrozpe como la gran mayoría de los militantes que fueron a protestar contra Macri y Vidal fueron interceptados minutos antes a cuatro cuadras del acto y fueron reprimidos por la Policía bonaerense, por lo que no llegaron siquiera a las inmediaciones del acto.

“Chacho tiene menos antecedentes penales que Macri y todo el PRO”, ironizó María del Carmen Verdú (Correpi), en clara referencia a las declaraciones del juez ante los medios locales. López sostuvo que el dirigente de Votamos Luchar se había “adjudicado” la supuesta acción, tras leer los comunicados de la organización en que se reivindicaba el derecho “a movilizar contra el ajuste y la memoria de los 30 mil desaparecidos”. Berrozpe es un dirigente con historia en la izquierda desde los primeros piquetes de los 90; ha tenido varios procesos penales en su contra pero nunca fue siquiera procesado.

Hasta ahora, ninguno de los integrantes de Votamos Luchar fue citado a declarar ni conoce su situación procesal. Hoy Berrozpe presentará una nota al juzgado en la que denuncia haber sido “imputado a través de los medios de comunicación” y exigirá estar en conocimiento de la causa.

Desde la organización sostienen que el juez actúa en “obediencia debida” con Patricia Bullrich. “La amenaza no es gratuita, los vamos a buscar y van a tener un proceso penal”, había advertido la ministra cuando anunció que desde ahora el Presidente se trasladará en una camioneta blindada.

Si bien Bullrich y varios medios dieron por cierta la versión de los “piedrazos”, hasta el sábado persistían las dudas de si realmente habían existido. Durante una entrevista con Canal 8, López citó el informe de la Federal sobre su propia actuación en el acto, donde consta que hubo “un piedrazo”, con una piedra de tamaño “importante”. Los únicos videos que circularon durante la semana por las redes sociales sólo daban cuenta de la represión a cuatro cuadras; recién ayer se conocieron los registros de las cámaras de seguridad en las que se ve a una mujer y luego a un hombre arrojar aisladamente cada uno una piedra sobre un auto en el que supuestamente viajaba alguna autoridad.

El acto de la discordia duró apenas cinco minutos. Macri y Vidal debieron irse no por acción de las piedras, sino porque varias de las personas presentes le cantaron “Macri, basura, vos sos la dictadura”, entre otras cosas. Fue apenas unos días después de que el Presidente dijera que “no sabe” si fueron “9 mil o 30 mil” los desaparecidos. Del acto participó, además, el intendente Carlos Fernando Arroyo, interventor del sindicato de taxis en 1979 y quien no hace mucho declaró que durante la dictadura los marplatenses “eran felices porque podían caminar tranquilos por la calle”.

Las personas que habrían arrojado las piedras en Mar del Plata figuran en el expediente como NN, según trascendió. Como puede verse en los videos, en medio del desbande una mujer es capturada por la policía, pero no quedó detenida. A pesar de esa limitación, el juez ordenó medidas de prueba que apuntan sobre organizaciones políticas, según pudo saber Página/12, lo que, sumado a lo que declaró públicamente, podría llegar a empantanar aún más el proceso judicial, dado que puso de manifiesto parcialidad y hasta podría haber actuado extralimitándose en sus funciones.

La fiscal a cargo, Laura Mazzaferri, ordenó investigar “si existió o no una agresión al Presidente, la gobernadora y funcionarios presentes, así como la eventual intervención policial frente a dichos sucesos”. El fiscal de Cámara Daniel Adler dijo a este diario que “la investigación recién comienza”. El juez López criticó públicamente a la fiscal y ya tiene a una organización social entre ceja y ceja. Todo sea por comprobar el supuesto plan de “desestabilización” contra el Presidente, hipótesis a la que dijo suscribir.

Informe: Matías Ferrari.