EL PAíS › DECLARACION EN LA CAUSA SOBRE LAS TORTURAS
El relato de una metodología
El periodista Horacio Verbitsky sostuvo que las torturas que se aplicaban en el Ejército durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem no fueron casos aislados, sino que eran un “método” de entrenamiento militar para comandos de las fuerzas de seguridad. Lo hizo en la declaración testimonial ante el juez federal Norberto Oyarbide con la que ratificó el contenido de la nota publicada por Página/12 el viernes 16 de enero. El periodista indicó que, según la información que obtuvo, “no se trató de uno o dos casos”, sino que los vejámenes formaban parte del adiestramiento. Verbitsky agregó que esa metodología también habría sido aplicada a conscriptos, en la zona de San Martín de los Andes, en Neuquén.
Durante la audiencia también explicó que las fotografías que dan cuenta de tales prácticas llegaron a sus manos en forma anónima. Verbitsky fue citado a declarar como testigo porque el fiscal federal Jorge Di Lello, cuando requirió que se investigara el hecho, estimó que el periodista habría realizado una “profunda tarea de recolección de datos” que pueden servir como elementos de prueba en el sumario. El juez, en concordancia con las medidas sugeridas por el fiscal, solicitó al Ministerio de Defensa que le remita las actuaciones preliminares que efectuó la cartera antes de denunciar el hecho.
Con el escrito inicial se adjuntaron 16 fotografías y un manual sobre el curso “Unidad Didáctica. Resistencia como prisionero de guerra, evasión y escape”. En la causa, que fue caratulada “NN s/tortura”, también se ordenaron oficios al Ministerio de Defensa para que informe si “las Fuerzas Armadas han participado de las actividades denunciadas, períodos y lugares en que las mismas se realizaron, personal de comando y participantes”. La denuncia fue impulsada por el presidente Néstor Kirchner cuando el CELS entregó las fotos al ministro de Defensa José Pampuro. Las imágenes corresponderían a un campo despoblado en Quebrada de la Cancha, Córdoba, y habrían sido obtenidas en 1986. Las prácticas cuestionadas, salvo un intervalo entre 1992 y 1993, se habrían extendido hasta 1994, cuando fueron erradicadas definitivamente, según consta en la causa.