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El modelo que se utilizó para privatizar las empresas públicas en los ‘90 está descascarado. Algunas de las compañías que operaban los servicios se retiraron, otras fueron expulsadas y un tercer grupo está discutiendo cómo sigue su negocio en los próximos años. El Gobierno eligió soluciones distintas para cada caso: volvió al viejo esquema del Estado empresario con el correo y una línea aérea –pero avisando que será por poco tiempo–; devolvió al sector público la definición estratégica de cómo expandir la red vial, aunque mantuvo el sistema de peajes; está pensando un plan similar para los ramales ferroviarios que pudieran reabrirse y para el servicio de agua y cloacas; y ayer anunció la recuperación del control del espectro radioeléctrico. El Gobierno no cuestionó abiertamente el esquema de concesiones heredado del menemismo sino que puso parches en cada lugar donde se cayó la pintura.
No hay un programa uniforme para todas las empresas. Lo que es común, en todo caso, es la revisión de los contratos. Los ministerios de Economía y Planificación manejan una unidad que se encarga de verificar el grado de cumplimiento de las obligaciones de las privatizadas y de rediscutir nuevas condiciones, entre ellas las tarifas. Hay voluntad negociadora, pero las compañías ya no tienen vía libre como en la década pasada.
La última muestra es Thales Spectrum, donde se introdujo una novedad: el Estado no volverá a licitar el servicio. “Es un derecho indelegable del Estado nacional”, definió el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. El Gobierno ocupó un espacio en relación con los servicios públicos que se había abandonado desde las privatizaciones. Su concepción es que los privados operen los distintos servicios, pero que el Estado defina las líneas de desarrollo y que controle que las cosas se hagan bien.
Dentro de esa estrategia, en algunos casos mostró mayor dureza y en otros menos. Los ramales ferroviarios que se concesionaron la década pasada siguen cobrando subsidios. En el 2003, incluso, algunos de ellos aumentaron porque se les reconoció a las empresas como un incremento de costos el aumento salarial de 200 pesos que dispuso el Poder Ejecutivo. Otro contrato que no registró mayores cambios fue el que se firmó con Hidrovía, que sigue cobrando peajes por la navegación en el río Paraná.
En donde sí hubo modificaciones fue en la red vial. El Gobierno constituyó un fondo fiduciario que recibe el dinero que recaudan las empresas de peaje, las cuales cobran un canon por su tarea y por mantener las rutas en condiciones. El resto del dinero será destinado, según la promesa oficial, a nuevas obras viales. El negocio fuerte para los privados se desplazó del control de las cabinas de peaje a la realización de las obras de infraestructura. Eso explica por qué los grupos Techint, Roggio y Macri ni se presentaron a la licitación de los peajes –a pesar de haber sido los principales operadores durante diez años– y seguramente estarán en primera fila en las licitaciones de obras.
El esquema del Estado empresario está reservado para situaciones transitorias. El correo y Lafsa, la aerolínea que se constituyó con los trabajadores de las caídas LAPA y Dinar y que trabaja en acuerdo con Southern Winds, tienen destino de reprivatización. Dentro del Gobierno hay funcionarios que proponen conservar esas compañías, pero hasta el momento la información oficial es que serán licitadas. Es posible que ocurra lo mismo con Aguas Argentinas, si la tensión actual desemboca –como especulan algunos– en la rescisión del contrato.