Los organismos de derechos humanos transmitieron ayer a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, su preocupación por demoras “injustificadas” en los procesos de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la presidente de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano; la referente de la asociación Memoria, Verdad y Justicia-Zona Norte, Adriana Taboada; el co-titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Ernesto Moreau; Carlos Pisoni, de HIJOS.; Luz Palma Zaldúas, del CELS; Gabriela Alegre, de la Asociación Buena Memoria y María Adela Antokoletz de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora destacaron el rol de la Procuración General y, en particular, de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad “en el impulso y sostenimiento del proceso de memoria, verdad y justicia” y alertaron sobre la “concesión y falta de control en el cumplimiento” del beneficio de la prisión domiciliaria a imputados y condenados por terrorismo de Estado.