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Por Irina Hauser y Raúl Kollmann

Desde que el juez Norberto Oyarbide decidió cambiar la carátula de su investigación contra Carlos Menem y encabezarla con el delito de “lavado de dinero”, en el Gobierno se vieron más sonrisas que de costumbre. Creen que es un paso adelante en una causa judicial que hasta la semana pasada sólo contemplaba la “omisión maliciosa” de una cuenta suiza del ex presidente en su declaración jurada. La nueva calificación tiene su equivalente en la Confederación Helvética y eso –recalcan en el círculo K– no sólo facilitaría la pesquisa sino que también eleva las posibilidades de que el riojano reciba penas en los dos países si se comprueba que ocultó dinero sucio. El magistrado analiza viajar a Suiza.
El lavado de dinero es un delito muy grave en Suiza: tiene una pena máxima de quince años de prisión y no es excarcelable. Allí ya se abrió una investigación contra Menem y la jueza de Ginebra Christine Junod se comprometió con el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, a entregar el historial de todas las cuentas bancarias que encuentre vinculadas al ex mandatario, informó a Página/12 un alto funcionario. La detección de los movimientos en esos depósitos –desde dónde ingresó dinero y hacia dónde salió– es clave para establecer las maniobras de blanqueo de divisas. En la Argentina, el lavado prevé hasta los diez años de cárcel. Que sea excarcelable depende de los otros delitos que lo hayan originado.
Hasta el año pasado las autoridades suizas esgrimían errores formales en los exhortos de los jueces argentinos para rechazar uno tras otro y negarse a levantar el secreto bancario. A menudo se basaban en la falta de correspondencia entre las figuras legales señaladas en los expedientes argentinos y las previstas en la ley helvética. Pero la Confederación decidió incluir a Menem en la lista negra conocida como PEP (Political Exposed Persons) y apurar las investigaciones que lo involucran.
Entre los gestos más recientes, Suiza mandó hace dos semanas a Buenos Aires a su senador Philippo Lomabardi para aceitar gestiones tendientes a destrabar los trámites. Ese legislador, pudo saber este diario, se reunió en la embajada suiza con funcionarios del Ejecutivo, con el diputado Ricardo Falú (PJ) y con el radical Rodolfo Terragno. Propuso conformar una comisión parlamentaria suizo-argentina para crear un tratado que adecue las normas y ya no importen el nombre de los delitos sino las conductas en juego. “Suiza avanza porque ve buena voluntad de (Néstor) Kirchner”, dijo Philippo.
En la causa de Oyarbide, Menem fue procesado por orden de la Cámara Federal por no incluir en su declaración jurada una cuenta que él mismo reconoció que tiene en Suiza, con 650 mil dólares. Según Beliz, los suizos conocen por lo menos dos cuentas más, una con seis millones manejada por su ex secretario Ramón Hernández, y otra por un ex colaborador, Héctor Fernández. El fiscal Carlos Stornelli pidió ampliar la investigación hacia otros fieles del menemismo, presuntos testaferros. El juez hizo lugar a todo: citó al ex presidente a una nueva indagatoria y pidió información de cuentas y bienes en quince países de Menem y 57 personas. Figuran su hermano Eduardo, Zulema Yoma y Zulemita, Alberto Kohan, Armando Gostanian, Emir Yoma, Ramón Hernández y parte de sus respectivas familias.
Oyarbide analiza viajar a Suiza –que invitó a los jueces federales–, igual que su par penal económico Julio Speroni, que tiene las causas por la venta de armas y enriquecimiento ilícito contra Menem. En el Gobierno creen que eso sería positivo, aunque también advierte que es hora de que la Justicia avance, además, sobre el nivel de vida de buena parte de los ex funcionarios menemistas. Desde el viernes el riojano no para de despotricar contra el Gobierno. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dijo ayer: “Lo más importante es que la Justicia actúe y lo haga con libertad”. Beliz agregó que Menem “tiene que dar explicaciones por el dinero malhabido que tiene”. “Tiene 60 causas judiciales”, remató.