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Por F. Y.

Al mismo tiempo que la Comisión de Juicio Político avanzará en la aprobación de una nueva causa contra el supremo Adolfo Vázquez, el juez de la Corte intentará embestir con el presidente de la comisión, Ricardo Falú, al denunciarlo, según trascendió, por presuntas irregularidades formales del despacho que la comisión sacó antes de fin de año. El legislador justicialista prefirió no responder ante esa posibilidad y aseguró que la tarea no se detendrá.
Vázquez tiene en su haber ya un dictamen aprobado de juicio político donde le imputan 15 cargos. A partir de hoy tendrá uno más cuando los diputados reciban el material probatorio que complicaría todavía más al cortesano en la denuncia que presentó la correntina Araceli Méndez de Ferreyra del kirchnerista bloque Convergencia.
Las pruebas que se incorporarán en la reunión prevista para las once fueron remitidas por el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal, Alfredo Barbarosh, y que dan cuenta del “sospechoso interés” mostrado por Vázquez en una causa que tramitaba la jueza subrogante Alicia Iermeni, a cargo del Juzgado de Instrucción número 43.
Todo sucedió mientras la jueza instruía una causa por torturas contra el ex juez Pablo Belisario Bruno. Fue en ese momento que el supremo se comunicó telefónicamente con el juzgado para interesarse “de modo muy especial” por la suerte del magistrado en desgracia.
La intención de la comisión es incorporar esta nueva causa al dictamen que ya fue firmado en diciembre pasado. Justamente sobre este tema trascendió que Vázquez estaría a punto de presentar una denuncia en contra de Falú por falsificación ideológica de documento público a raíz de la supuesta adulteración de la fecha del orden del día que contiene el dictamen que promueve su acusación ante el Senado y que se realizó en diciembre pasado.
Vázquez sostendría que la fecha que consta en el orden del día del 15 de diciembre de 2003 es “falsa” y en realidad recién se dio a conocer el 19. Por ese motivo, Vázquez afirmaría que la fecha original para las impugnaciones –el 24 de diciembre– no es la verdadera y debería tomarse en cuenta la del 28, fecha en la cual ya no había más sesiones.
Falú prefirió no responder, al menos públicamente, pero allegados al legislador justicialista sostienen que el tucumano deslindó su responsabilidad en el cuestionado fechado del dictamen al indicar que ello es competencia de la secretaría parlamentaria de la cámara y, en último caso, de la imprenta del Congreso. Todo indica que el cortesano piensa dar batalla como lo hiciera en su momento el destituido Eduardo Moliné O’Connor. Sin embargo, en el Parlamento hay consenso con respecto a que su suerte ya está definida.