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El ex juez Carlos Liporaci, quien en 2001 dictó la falta de mérito a los senadores investigados por el cobro de coimas relacionadas con la ley de Reforma Laboral, fue procesado ayer por enriquecimiento ilícito. El juez federal Jorge Ballestero consideró que su ex colega “no justificó satisfactoriamente con razones convincentes el apreciable incremento que han sufrido sus bienes personales durante el cumplimiento de su función como magistrado” y lo embargó por un millón 250 mil pesos.
El expediente sobre las coimas en el Senado marcó el fin de la carrera judicial de Liporaci. La atención pública se centró sobre él y el caso se convirtió en escándalo cuando se supo que era dueño de una mansión en Vicente López, cuya adquisición resultaba difícil de justificar aún con el holgado sueldo de juez federal. Prefirió renunciar antes de ser destituido mediante un juicio político, pero la causa judicial siguió adelante.
La casa de Gaspar Campos 471, que está en un terreno de 1182 metros cuadrados, tiene tres plantas con una superficie cubierta de más de 700 metros cuadrados, un quincho de 47 y una pileta de natación con vestuario y sala de máquinas. Liporaci dijo que la compró por 610 mil dólares. Los peritos la tasaron entre 950 y un millón 200.
En el escrito que firmó ayer, Ballestero –con intervención del secretario Eduardo Nogales– estimó que Liporaci no pudo justificar la procedencia de 91 mil pesos, 182 mil dólares y 6 mil pesos que incrementaron su patrimonio entre 1998 y 2002. El primer monto es la diferencia entre la plata que aseguró tener para comparar la propiedad (incluyendo los préstamos) y el valor que él mismo dijo que abonó por ella. Las otras dos cifras surgen del dinero desembolsado para pagar las cuotas mensuales de dos créditos e intereses. “Conforme al análisis contable efectuado respecto de sus ingresos y egresos mensuales, el grupo familiar no había podido afrontar esos gastos”, aseguró el juez, coincidiendo con la investigación realizada por el fiscal Pablo Recchini.
“Cabe remarcar la existencia de un importante incremento patrimonial a partir de octubre de 1998, el cual intentó justificar mediante la declaración de diversos ingresos familiares de sumas dinerarias mantenidas como ahorros y a través de la toma de créditos, los cuales no fueron ‘prima facie’ obtenidos de la forma descripta por el imputado”, afirmó Ballestero.
El magistrado señaló además que en este caso “el bien jurídico protegido es la imagen de transparencia y probidad de la administración y de los funcionarios que la llevan adelante”.
Liporaci hizo malabares para intentar justificar su asombrosa capacidad de ahorro que, por otro lado, no estaba reflejada en sus declaraciones juradas. Por ejemplo, incluyó en una de sus explicaciones un retroactivo de 40 mil pesos recibido a fines de 1999, cuando todavía era magistrado. Pero en Comodoro Py no hace falta contratar peritos para saber que en realidad la suma percibida (por todos los magistrados), luego de los descuentos de obra social y jubilación, fue de 32 mil. Además, computó como ingresos de familia el sueldo de una de sus hijas a pesar de que ésta se había casado e independizado.
También está en duda uno de los créditos que Liporaci aseguró haber pedido para comprar la casa. Cuando en 2001 el juez Gabriel Cavallo y Recchini allanaron la financiera, encontraron la carpeta correspondiente al ex juez en una falsa puerta que estaba camuflada atrás de una heladera. El acreedor, a pesar de estar en quiebra, fue muy comprensivo con el incumplimiento de la familia Liporaci. Ballestero sugirió que el préstamo podría haber sido falso y le pidió al fiscal que profundizara la investigación de esa hipótesis.
El embargo que dispuso Ballestero implica que la mansión que motivó la denuncia, de cuyo alquiler vive en parte ahora el ex juez, no puede servendida. Si la Cámara Federal confirma esta resolución y el caso va a juicio oral, el tribunal podría ordenar su remate.