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La intención del Gobierno es que la nueva ley laboral sea aprobada por el Congreso esta semana en un trámite súper rápido. Pero, para eso, necesita de la colaboración del radicalismo que debe facilitarle los dos tercios, y eso si se da por descontado el alineamiento absoluto del oficialismo. Ninguna de las dos cosas parece sencilla. El senador radical Mario Losada advirtió ayer que le parecía “poco respetuoso” el pedido realizado por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, para que los legisladores no modifiquen “ni una coma” del proyecto que envió el Ejecutivo. En tanto, la senadora justicialista Roxana Latorre reveló que en su bloque hay quienes no están de acuerdo con el manejo de la Policía del Trabajo y en la tipificación de las pymes.
La nueva reforma laboral vendrá a reemplazar a la aprobada durante el gobierno de Fernando de la Rúa y que ahora está siendo investigada en la Justicia por el pago de sobornos. Ya hay cuatro procesados entre funcionarios y legisladores, y se esperan más.
Hay quienes sostienen que el apuro del Gobierno en sancionar la nueva ley tiene que ver con que no desea que se haga un gran debate en torno a un proyecto cuyo núcleo central –reducción del período de prueba, primacía del convenio más favorable al trabajador, vigencia de la ultraactividad y nuevo sistema indemnizatorio– está consensuado entre las principales bancadas.
Un debate largo, especulan, sólo les serviría a los sectores piqueteros duros que ahora tomaron como bandera la oposición al proyecto y anunciaron una movilización para el miércoles. Pero también está, en realidad, el apuro de los jefes parlamentarios, que quieren demostrarle al Gobierno lo eficientes que pueden ser si se lo proponen.
La Comisión de Trabajo de la Cámara alta sacará hoy a la noche el dictamen del proyecto, por lo que estará en condiciones de tratarse en la sesión del martes. En el Senado se daba por descontada una rápida aprobación, pero las últimas declaraciones dejaron dudas. Por un lado, de la voluntad de los radicales.
“Si escuchamos hablar a las autoridades del Poder Ejecutivo de jerarquizar las instituciones, parece poco respetuoso que un ministro quiera que no se cambien ni las comas”, afirmó Losada, enojado por la poca disposición de Tomada a que le hagan modificaciones a su proyecto. No obstante, en el PJ sostienen que la UCR tiene la obligación de facilitar un rápido tratamiento a esta ley de manera de enmendar el escándalo que envuelve a la que está vigente. “Tenemos disidencias con muchos artículos. Creemos que hay un retroceso en el interior del país”, agregó Losada.
Pero también hay disidencias dentro del oficialismo. Por ejemplo, la potestad de manejar la Policía del Trabajo, que pasaría de los gobiernos provinciales al nacional. También lo referente a la tipificación de una empresa pyme, que según el proyecto será la que tenga menos de 80 empleados en tanto que los sectores empresariales pretenden que se tengan en cuenta otras variables, como la facturación y la productividad.
Y eso únicamente para el Senado. Otra cuestión será el tratamiento en Diputados. El jefe del bloque de la UCR, Horacio Pernasetti, ya adelantó su intención de patear la sesión para la semana que viene, algo que irritará a los justicialistas. “Si el Senado envía el proyecto el martes, buscaremos sacar el dictamen el miércoles y luego consultaremos a los bloques para definir la fecha de la sesión”, se entusiasmó el presidente de la Cámara baja, Eduardo Camaño.