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El esquema es sencillo: si, como todo indica, el dólar flota libremente, sin intervención del Central, es probable que la inflación, hoy controlada, se dispare. Este cambio de política monetaria tiene algunas ventajas, como la licuación de los déficit provinciales, pero también un impacto social que puede ser catastrófico. Por eso ayer, apenas llegó de la reunión en Monterrey, México, el presidente Eduardo Duhalde se reunió con los funcionarios del área social, con los que analizó la extensión de un ingreso mínimo garantizado a todos los jefes de hogar sin recursos. Una iniciativa ambiciosa, que implicaría ampliar el beneficio de 400 mil a más de dos millones de personas, pero que el Gobierno parece decidido a apurar. “El panorama económico es negro y nuestra supervivencia depende de mantener controlado al conflicto social”, resumía anoche a Página/12 un importante funcionario.
El encuentro en la quinta de Olivos duró casi dos horas y fue el primero al que asistió el Presidente después de bajar el Tango O1. Participaron los integrantes del Gabinete Social: el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el vicejefe, Juan Pablo Cafiero, la primera dama, Hilda González de Duhalde, el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, la de Desarrollo Social, Nélida Doga, la de Educación, Graciela Giannettasio, el de Salud, Ginés González García, y el de Trabajo, Alfredo Atanasof.
Uno de los funcionarios aseguró que Duhalde subrayó la necesidad de resolver cuanto antes el famoso ingreso mínimo, que se ha extendido durante su breve mandato pero que aún está lejos del objetivo de máxima: incluir a la totalidad de los jefes/as de hogar desocupados o cuyos ingresos se encuentren bajo la línea de la pobreza.
La iniciativa presenta una serie de problemas: la dispersión y superposición de los programas, las dificultades para unificarlos, ya que muchas veces se financian con partidas específicas del Banco Mundial, y las resistencias de las provincias, que se niegan a cruzar sus padrones con los nacionales.
A pesar de los inconvenientes, el Gobierno dice estar decidido a ampliar los subsidios. Según una fuente que participó del encuentro, en la reunión se consensuaron dos puntos claves:
- El ingreso mínimo hoy alcanza sólo a 400 mil personas. La idea es extenderlo a dos millones.
- se irá haciendo paulatinamente, comenzando por aquellas familias desocupadas con hijos menores de 18 años. Luego se irán incorporando el resto de los beneficiarios.
En una conferencia de prensa que ofreció luego de la reunión, Cafiero añadió otros datos:
- “Primero se paga a los jubilados y en segundo término se cumple con estas obligaciones, que son los programas sociales”.
- “Vamos a terminar con la gran dispersión de programas y a establecer fuertes controles de un gobierno entre el Estado, los empresarios, las ONGs y la Iglesia. Además, va a haber una participación fuerte de los propios beneficiarios”.
- “Hay muchas veces sospechas de que podría existir arbitrariedad o clientelismo. Se enviarán al Congreso las normas que deberán sancionarse a fin de penalizar a las personas y los funcionarios que desatiendan la reglamentación para el acceso a los beneficiarios”.
- Finalmente, Cafiero subrayó la voluntad política del Gobierno. “Estoy convencido del grado de sensibilidad social que este tiene este gobierno para comprender el fenómeno de la crisis social. Las decisiones van a ser tendientes a amortiguar el efecto de esta crisis. Estamos convencidos de la capacidad del Estado para dar respuesta a este problema”, concluyó Cafiero.
En voz baja, en el Gobierno admitían ayer las características del nuevo escenario económico, caracterizado por la estampida del dólar y la decisión del Banco Central de cumplir las exigencias del Fondo Monetario yno intervenir en el mercado. En este contexto, es probable que la corrida cambiaria se traslade a los precios: los índices de inflación, hoy controlados, se dispararían, y el cuadro social se agravaría aún más.
Consciente de esta situación, Duhalde busca generar un colchón asistencial que le permita una cierta tranquilidad para intentar acomodar el complicadisímo escenario económico y político. En otras palabras, quiere que su Gobierno no corra la misma suerte que el de Fernando de la Rúa, que colapsó en medio del ruido de las cacerolas, los saqueos imparables y una represión descontrolada y sangrienta.