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La ausencia de la mayoría de los diputados del Congreso Nacional en la sesión que podía debatir la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final r evela que aún prevalece en la alianza bipartidista de gobierno la vieja lógica de relación con las fuerzas armadas. Es decir, la misma que inspiró esas leyes a Raúl Alfonsín y el indulto a Carlos Menem. Aunque el argumento aparente de esa lógica es la consideración a la institución militar, perdura también implícita la idea de contar con un recurso último para ciertos ejercicios del poder, desde fuerza de contención para eventuales indisciplinas sociales hasta contingentes mercenarios para las aventuras imperiales en la región. Hoy en día, esas son las razones últimas para un gasto fiscal que es, incluyendo a las fuerzas de seguridad, cinco veces superior al llamado “gasto civil de la política”. ¿No es llamativo que nadie, aun los que protestan con razón por el despilfarro de “la política”, rompa el riguroso silencio de radio acerca del costo militar cada vez que se debate el presupuesto nacional? Así no sean los mismos hombres en actividad, fueron esos institutos, dirigidos por los que ahora son amparados por las leyes de la impunidad, los que asaltaron el poder hace 26 años y aplicaron sin vacilar el plan del terrorismo de Estado. Más aún: cada vez son más los estudiosos de la decadencia argentina que ubican el arranque de estas últimas décadas de caída en picada en esos años de plomo. Por muchos que sean los merecidos reproches y acusaciones contra los gobiernos civiles que se sucedieron desde 1983 en adelante, la dictadura fue peor a todos ellos en cualquier sentido. Hablar de lo que pasó es otro modo de pensar el presente.
Los treinta propósitos que forman el código universal de los derechos humanos no fueron creados para juzgar a esos sátrapas ni a sus crímenes, sino el resultado de la experiencia de la II Guerra Mundial contra el nazismo. Los presuntos demócratas que reconocen la formalidad de ese mandato, pero niegan sus efectos con la lógica de la impunidad, son responsables de proteger criminales, a pesar de condenarlos de palabra, pero, además, cuestionan la integridad de toda la sociedad. En El hombre rebelde, Albert Camus lo explicó así: “El día en que, por una curiosa inversión propia de nuestra época, el crimen se adorna con los despojos de la inocencia, es a la inocencia a quien se intima a justificarse”. Es la mejor definición de la teoría de “los dos demonios” con la que se pretendió explicar la tragedia de los años 70. Esa hipótesis, por cierto, sigue a la mano del pensamiento del bipartidismo gobernante. Por un lado, ahora quiere ver en la protesta popular los gérmenes de un demonio mientras, por otro lado, pretende intimidar a la voces de protesta dejando que se realicen encuentros furtivos de civiles con jefes militares hasta que se convierten en fuentes de rumores sobre la reaparición del otro demonio para reiniciar la vieja batalla. De ahí que la polémica democrática contra estas teorías no es un mero asunto académico, sino una tensión de absoluta actualidad.
Tampoco los derechos humanos son enunciados abstractos y atemporales, como recordó hace poco (En Este mundo de la injusticia globalizada, 06/02/02) el premio Nobel José Saramago: “La Declaración Universal de los Derechos Humanos, tal y como está redactada, y sin necesidad de alterar siquiera una coma, podría sustituir con creces, en lo que respecta a la rectitud de principios y a la claridad de objetivos, a los programas de todos los partidos políticos del mundo, expresamente a los de la denominada izquierda, anquilosados en fórmulas caducas, ajenos o impotentes para plantar cara a la brutal realidad del mundo actual, que cierran los ojos a las ya evidentes y temibles amenazas que el futuro prepara contra aquella dignidad racional y sensible que imaginábamos que era la aspiración suprema de los seres humanos [...] No me alegra decirlo, mas no podría callarlo”. Por cierto, a esos políticos que a cada rato se quejan por la ausencia de programas modernos alternativos les vendría bienrepasar aquel texto fundacional que reivindica los derechos civiles y políticos, pero también los económicos y sociales en términos tan simples y hondos como éstos: “1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo” [...] “3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social” (Art. 23). Ni falta que hace hablar de su vigencia.
En la perspectiva de los veintiséis años transcurridos, la trayectoria del movimiento por los derechos humanos, a pesar de las contradicciones y debilidades que le puedan imputar, a pesar de las contradicciones y debilidades que le puedan imputar, resalta por las contribuciones efectuadas para mejorar la calidad ética de la sociedad, para que la libertad arraigue en un país zarandeado por más de medio siglo de constante inestabilidad institucional y para desterrar la impunidad como atributo del poder. No hay otra fuerza civil que contabilice un balance semejante, al que ya contribuyen tres generaciones concurrentes –abuelas, madres e hijos– como afectados directos, más los hombres y mujeres solidarios, no importa su edad o condición social, con el compromiso que en los primeros años de la refundación democrática pudo sintetizarse en una promesa: “Nunca Más”.
Sería incompleta y vana la tarea de enumerar, igual que un catálogo, las pérdidas y ganancias de la gesta ya cumplida, no sólo por su extensión sino porque aún no ha terminado. El final dependerá del momento en que la sociedad pueda cerrar las tumbas abiertas y guarde para sí la noción sincrética de aquellos años de plomo. Mientras tanto, la denuncia nunca es bastante ni completa, aunque tantas veces reiterada, porque es el modo en que el hombre y la comunidad van reencontrándose con el alma extraviada en los tiempos de ignominia. Si se pudiera trazar una línea desde el momento en que partes de la sociedad explicaba lo inexplicable con la mezquina fórmula de “por algo será” hasta la actual convicción generalizada de los crímenes aberrantes cometidos, podrá advertirse el valor de las tareas cumplidas. ¿Quién podría negar que el sentido de justicia que hoy confronta con las injusticias del mundo es más completa y más igualitaria que la de un siglo atrás? De cualquier modo, siguiendo el razonamiento de Camus, como humanidad “no sabremos nada mientras no sepamos si tenemos el derecho de matar a ese otro que está ante nosotros o de consentir que lo maten”.
En estas casi tres décadas pasadas, el esfuerzo por derrotar a la impunidad y al olvido se llevó casi toda la energía disponible. Era indispensable, además, ganar la comprensión colectiva sin caer en las trampas retóricas y conspirativas de la vieja política. Quizá llegó el momento de avanzar en la reflexión, sin descuidar los compromisos permanentes con las deudas pendientes, sobre los sucedidos de aquellos años, para revisar los aciertos y errores de los distintos componentes de la sociedad, incluidas las guerrillas, y entender el combinado de circunstancias que hicieron posible el advenimiento de la dictadura. Quienes tienen edad suficiente para ser más testigos que jurados, justo cuando el país está revolviéndose en busca de caminos y representaciones legítimas, pueden dar testimonio de la utilidad de semejante ejercicio activo de la memoria. Echar luz sobre las relaciones de la democracia política y las representaciones sociales es una responsabilidad de las conciencias más alertas y de las más veteranas, de todos, adultos y jóvenes, los que hoy quieren reconstruir la república sobre bases nuevas. Hace veintiséis años, más que una victoria militar fue un fracaso de la democracia, tal vez porque la mayoría de los encargados de preservarlacreían poco en ella, unos porque tenían a mano al “partido militar” para defender sus intereses facciosos o resolver las controversias antinómicas y otros porque creían que la revolución estaba a la vuelta de la esquina.
Corresponde, asimismo, que en esta etapa los derechos humanos adquieran la plenitud de sus sentidos, ampliándose hacia el campo de los derechos económicos y sociales con el mismo vigor que animó la lucha por los derechos civiles, la verdad y la justicia. Lejos de atenuar la preocupación de siempre, en esa ampliación militante late la posibilidad inmensa de ganar a la causa común a enormes contingentes de humanos que, por otras vías, han perdido sus derechos, carecen de justicia y están amenazados por otras formas de genocidio. La nueva república que hoy tantos sueñan en pequeños núcleos o en asambleas multitudinarias, lo mismo que la democracia social, demandan el compromiso más firme que nunca con los derechos humanos. Forma parte de la identidad de ciudadanía, es precondición de la dignidad de las personas, no importa su condición social, sexo, edad, raza o religión, es frontera con el territorio del bien común y pilar inconmovible de la eterna ilusión de felicidad. Hoy no es una simple fecha de aniversario ni el doloroso ritual de la nostalgia inconsolable. Es otra oportunidad de celebrar la vida, suprema aspiración también de los que ya no están, y de reafirmar la actualidad urgente de un destino mejor.