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Arrancarle una información pública al Estado uruguayo demandó una petición escrita, cuatro juicios y 225 días. Finalmente, el 19 de marzo este periodista accedió a la información relevante que procuraba para una investigación de Horacio Verbitsky. Fue el primer caso en la historia uruguaya en que se demanda al Estado por incumplimiento de la profusa legislación interna y supranacional que ampara la libertad de prensa y específicamente el acceso a la información. Los más optimistas esperan que el juicio ganado baste para que los jerarcas dejen de considerar la información que tienen en razón de su trabajo como suya, un valor de canje para su promoción personal en los medios, algo a negar en principio. No me parece que esto cambie por el formidable fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Civil 7, aunque debería. Este fue un juicio digno del medioevo, como señaló el talentoso abogado Diego Camaño, de la organización de derechos humanos Ielsur. Sin su apoyo esto no hubiese sido posible, porque un periodista no tiene cinco mil dólares para pleitear. Lo que los periodistas hacen en Uruguay es perder esa oportunidad de trabajo o lograr la información como un favor que inevitablemente condiciona la independencia de criterio. Es una realidad inimaginable para el periodismo argentino. Apelé a la Justicia, harto de este condicionamiento profundamente antidemocrático a mi trabajo en un país que atropella para firmar cuanta convención internacional existe y hace gárgaras con la defensa en general de los derechos humanos. Defenderlos en particular es el problema. Y como el derecho que no se ejerce no existe, el derecho humano fundamental de acceder a la información que no es secreta ni reservada existe ahora por primera vez en la historia uruguaya en contra de la voluntad de su Estado uruguayo. El documento que se reclamaba ahora puede ser valorado por la opinión pública. Es el asesoramiento del fiscal de Corte uruguayo O. Darío Peri por el cual el Ejecutivo no le dio injerencia al Poder Judicial en un pedido de extradición del juez argentino Rodolfo Canicoba Corral en un caso de la Operación Cóndor. Leyéndolo, es comprensible que no lo haya querido dar a conocer; su argumento me parece feble. Pero la censura tiene siempre su merecido en que potencia la difusión de lo ocultado. De modo que la opinión pública tendrá para decir y hacer a partir del documento logrado. Y esa es mi victoria.
* El autor es corresponsal de Página/12 en Uruguay. El caso legal que ganó fue elogiado por la prensa uruguaya por el precedente que sienta en un país cuyos ministros admiten “hace un culto del secreto”.