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Desde Santiago del Estero

Eran las once de la noche del lunes pasado. Pablo Lanusse revisaba documentos en uno de los despachos del Ministerio de Justicia. Entre los papeles ubicaba aquellas piezas de testimonios, denuncias o informes que había estado recogiendo desde hacía meses en Santiago del Estero. De pronto recibió un llamado. Gustavo Beliz, el ministro de Justicia, lo convocaba a la Casa Rosada. Jura que hasta ese momento no imaginaba que sería el hombre designado personalmente por Néstor Kirchner para liquidar los endemoniados cimientos del régimen de los Juárez. Aceptó. Tres días más tarde subía las escaleras del espanto: la Casa de Gobierno de los Juárez, el ámbito que convirtió a la provincia entera en una siniestra telaraña. Página/12 dialogó con el nuevo jefe político de la provincia, que ahora va descubriendo la profundidad de la crisis heredada de un “Estado sin Estado” sostenido por 50 años de un régimen de terror. La herencia que recibió Pablo Lanusse es ilimitada: existen cuestiones menores y otras profundamente pesadas. Encontró equipos de escuchas ilegales en la casa de gobierno. Le dejaron espías, cuentas pendientes, dinero fantasma, nombramientos. Una profunda crisis política e institucional capaz de dinamitarle Santiago del Estero.
Pablo Lanusse duerme desde hace tres días en la habitación de uno de los hoteles del centro. El mismo donde estuvo alojado durante el último año en el marco de los viajes que fueron adelantando, de algún modo, la intervención federal. Después del estallido de denuncias disparadas el año pasado por el llamado doble crimen de La Dársena, el gobierno nacional comenzó el avance hacia Santiago. Nombró una delegación especial integrada por Lanusse desde la Secretaría de Justicia y Eduardo Luis Duhalde por la Secretaría de Derechos Humanos. La decisión de ubicarlo ahora como cabeza de la intervención está ligada a ese proceso durante el cual se produjo la evaluación, las pruebas y el informe que marcaban las dimensiones del terror. Lanusse llegó con una agenda política y dos asuntos centrales: justicia y derechos humanos. Son básicamente las dos áreas del gabinete que quedaron en manos de la delegación del Ministerio de Justicia encabezada por Duhalde. Y los puntos sobre los que se avanzó en los primeros dos días de gobierno.
El jueves puso en disponibilidad a los jefes de la Policía y desactivó uno de los símbolos de las redes de espionaje del juarismo: la Subsecretaría de Informaciones manejada por el ex comisario Musa Azar. Ya había anunciado a Luis Alen como ministro de Justicia, uno de los ministerios que, literalmente, no existía bajo la administración de los Juárez. Mientras se pone en marcha ahora la reconversión del aparato judicial, uno de los brazos ejecutivos del juarismo, el gabinete de la intervención va sorteando la agenda diaria con todo tipo de conflictos menores, como el desconocimiento completo de los hombres que están metidos en la casa de gobierno, y mayores, como los mecanismos de desestabilización aún monitoreados por las huestes del matrimonio.
Pocas horas después del acto de asunción, Lanusse se topó con uno de ellos: el primer foco de conflicto caliente que apareció en el barrio Juan Díaz de Solís. Durante la madrugada del viernes se produjo una ocupación masiva de 700 casas vacías ordenada por los punteros del juarismo. Aunque ayer el nuevo gobierno presentó una denuncia penal para congelar el problema con un pedido de investigación sobre los responsables políticos, el conflicto aún no terminó: en la toma intervino la policía provincial. Esa noche los efectivos que habitualmente controlaban la zona la dejaron vacía: un gesto peligroso y una demostración de que los ex gobernadores o sus restos aún tienen manos y aparato para seguir operando.
Ayer, en una pequeña rueda de prensa, Lanusse presentó el caso del barrio Juan Díaz de Solís como un paradigma: uno de los modelos que ahorapermiten entender cómo funciona el régimen y cómo serán los mecanismos de la intervención para ir desenhebrándolo.
–Acá existen quienes están utilizando la necesidad de la gente –explicó– y estoy convencido de que la gente va a terminar dándose cuenta y apoyando este cambio que reclamó la sociedad santiagueña y que hoy está realizando. Es bueno que se den cuenta de que la estructura de poder que muchas veces acordaba viviendas por afinidad política ya no corre más: hemos dispuesto el rediseño de todo el sistema de adjudicación de viviendas para que haya trasparencia.
El sistema de adjudicación de vivienda era una de las fórmulas centrales de reclutamiento político de los Juárez. Uno de los modos con los que mantenían sujetos a quienes esperaban durante años una propiedad condicionada a la afiliación al partido.
–Ahora, basta de digitaciones o de compra de voluntades: no es a lo que vinimos, es lo que queremos cambiar. No será sencillo porque fueron cincuenta años de educación, sometimiento o de conquistas de voluntades de esta forma. No, no nos extrañan estas maniobras que están detrás de esto que se vio: que la provocaron. Son estertores de un sistema que se está muriendo.
La herencia dejada por el sistema que se está muriendo incluyó seis equipos de escuchas activos en la casa de gobierno, uno de ellos móviles. Un problema de caja en el Banco de Santiago del Estero. Una red de privatizaciones decretadas por el Estado y otorgadas a Néstor Ick, una suerte de Yabrán santiagueño. Una red de espías empleada en la administración pública. Y un sinfín de nuevos nombramientos. De acuerdo a la información que se manejaba en Santiago, el juarismo habría designado unas 1600 personas en los últimos días.
–No hay que aventurar números precisos –dijo Lanusse–. Aún no sabemos exactamente cuántos son los nombramientos, pero sí puedo decir que hay varios personajes emblemáticos entre los beneficiados.
–¿Son funcionarios de primera línea?
–Son funcionarios. Sí. Bastante conocidos.
El Estado sin Estado
Durante las mañanas buena parte del gabinete se reúne durante el desayuno del hotel. Como todos los pasajeros, a las cuatro de la mañana reciben los diarios locales, usualmente comentados más tarde frente a la taza de café. Ayer, el ministro de Salud de la intervención, Donato Spacaventos, se detuvo en un recuadro: tres trillizos recién nacidos en el hospital local, con padres sin dinero, y la decisión de los empleados del hospital de entregarles una colecta. Cuando lo vio se acercó al interventor para proponerle un cambio de planes: Spacaventos no iría a la casa de gobierno. Haría su primera visita de funcionario al hospital. El ingreso al lugar fue otro gesto simbólico del gobierno, pero además la confirmación de que siguen y seguirán apareciendo frentes de tensiones y conflictos.
–Después de los primeros días de gobierno, ¿cuáles son los focos de conflicto urgente que observa la intervención?
–Lo que observo es que hay un abandono de acción de Estado muy fuerte. Que ha provocado mucha marginalidad y desatención de situaciones básicas como la salud, chicos que no tienen vacunas, irregularidad en la distribución de alimentos o incluso el problema en el hospital. Creo que la prioridad evidentemente es darle la institucionalidad al Estado: el Estado en Santiago se olvidó de ser Estado. Se dedicó a tener unos muebles lindísimos en la casa de gobierno y a olvidarse de la gente. Los restos que dejaron son un atentado a un Estado de derecho.
–¿Cuales son las urgencias, entonces?
–En este momento hay que rehacer las instituciones para que la gente crea y sepa para qué están: si las viviendas están para que me vote, está mal. Fue un sistema perverso de cincuenta años.
–¿Cambiaron los reclamos centrales en la calle?
–Los reclamos son los mismos que recibía hasta ahora, lo que me sorprende es que sigo escuchándolos de la misma forma: con miedo. Hoy la gente sigue teniendo miedo. Ayer me paró una señora y, como ya me pasó en más de una oportunidad, cuando la saludé en la palma de su mano me encontré con un papelito. Me lo daba con miedo. Lo escondía. Pero cuando lo abrí me di cuenta de que era una directora de escuela. Con esto quiero decir que no me lo daba alguien sin cierto reconocimiento social. Sin embargo es alguien que aún se siente potencialmente perseguida porque acá también vivió bajo el terror. Y es lógico: hay cincuenta años de terror sembrado.
–La sociedad organizada tiene los ojos puestos en este momento sobre la intervención. Desconfía y tiene demandas urgentes. ¿Cómo saldrán a responderlas?
–Esta crisis la percibe y la sufre toda la sociedad santiagueña. Aquella que no estaba alineada a los beneficios del feudo: los que vivían bien. El que quedaba afuera esperaba a Robin Hood, que a veces venía a darles algo. Acá no queremos ni Robin Hood ni feudales: queremos un sistema democrático.
–Santiago en este momento está dividida: entre feudales y Robin Hood. Juaristas y no juaristas. Este es otro foco de conflicto.
–Lo que creo, primero, es que después de muchos años donde no hubo libertad hoy permitir el disenso va a generar división. Porque no hay acostumbramiento al disenso razonable y democrático. Me parece que lo fundamental es que la sociedad recupere libertad de pensamiento y de acción. Que termine decidiendo por sus autoridades el día que se hagan elecciones. Yo me voy a ir de la provincia. No vengo a comprar amiguismos o apoyos. El apoyo es que sepan lo que se hace y se va a hacer. Me parece mezquino pensar en profundizar las divisiones entre juaristas y no juaristas.
–Durante los últimos días hubo una manifestación de ese conflicto frente a la casa donde están prisioneros los Juárez. E incluso la entrada al barrio Solís. ¿Prevén nuevos focos de conflicto?
–No, no está dentro de mi estima de gestión actuar de una u otra forma por si puede haber conflicto o no.
Los municipios
La provincia de Santiago del Estero está poblada por unos 800 mil habitantes, la mitad ocupa la Capital y la ciudad de La Banda. El resto vive básicamente sobre los territorios controlados por los caciques municipales del interior. Sólo 19 de las 28 comunas son formalmente de líderes del juarismo. Pero los Juárez mantuvieron durante años el control sobre el resto de las comunas colocando recursos entre dirigentes de la oposición. Sobre ese frente instalado fuera de las fronteras de la casa de gobierno, Lanusse dará parte de su batalla. Cada comuna no sólo fue un ámbito de reproducción del esquema de poder del juarismo, ahora conforman un escenario desde donde podrían activarse políticas de desestabilización.
Una parte de todo ese andamiaje fue trazando alianzas y trabajó en los últimos meses para la caída del juarismo. Desde el interior de Santiago salieron los siete intendentes que se sumaron al bloque de diputados que de pronto rompió filas con el caudillo para formar el Frente para la Victoria kirchnerista. Ellos impulsaron los pedidos de juicios políticos en la Cámara primero y más tarde intentaron sin éxito sumar votos para obtener el desafuero de la ex gobernadora cuando intentaba impulsar una salida del régimen a través de la vía judicial. El domingo pasado supieronque la caída era un hecho. Que la Nación la impulsaba a través de una intervención. Ante una consulta de este diario, uno de los diputados del ex juarismo santiagueño, Fernando Salim, hizo un diagnóstico sobre la posición que asumiría ese frente político anclado en el interior: “En este momento, de los 19 intendentes peronistas hay 18 que quieren que se vaya Juárez”. La salida hasta el momento incluye todo: incluso la intervención.
Aún así están preocupados. No saben hasta dónde seguirá el proceso de trasparencia del nuevo gobierno. No están dispuestos a ceder un territorio donde además ya se empieza a trabajar políticamente para el día después de la intervención. Un avance de Lanusse sobre esas fronteras les quitaría fuerzas, estructura y aparato.
–¿Qué sucederá con ellos?
–La intervención de los municipios no fue alcanzada por la ley por una razón constitucional. Podría disponerla la provincia.
–¿Que va a hacer la provincia?
–Tengo hoy las facultades legislativas para hacerla. No podemos desconocer de hecho, la importancia de los municipios. En este momento están cuestionados por su propia gente, pero también tenemos que pensar en el cambio natural. Y creo que ahora el gran desafío que tienen es pensar en los cambios que puedan hacer en las gestiones de cuatro años que aún tienen por delante.
–¿No intervendrá ningún municipio?
–No lo tengo previsto, pero es una facultad.
La respuesta deja a los intendentes con una daga. Lanusse les abrió la puertas pero al mismo tiempo les aclaró que tienen un poder condicionado.