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“El problema central es la corrupción policial. Y eso es lo que provoca que no haya administración de Justicia. No se investiga nada, los delincuentes arreglan con los policías y esa corrupción es la que destruyó toda la investigación criminal. Los únicos que van presos son los que no arreglaron económicamente con los policías”, sostiene el camarista Fernando Maroto al hacer una evaluación de las propuestas de la marcha del jueves en Congreso.
“Acá hay un problema de ejecución penal –señala un hombre retirado del Servicio Penitenciario, que pide reserva de su nombre–. El nivel de reincidencia es altísimo porque de las cárceles salen como integrantes de las bandas, incluso los que no entraron como integrantes de las bandas. Es más, el propio Servicio Penitenciario arma bandas. En ese estado de cosas, cualquier propuesta que no aborde esa clave de la cuestión de seguridad, no va a poder producir cambios de relevancia.”
El fiscal federal Jorge Di Lello agrega: “Se dice que el nivel de exclusión y pobreza no juega ningún papel en el corto plazo. Sin embargo, aunque los secuestradores son profesionales, se vio perfectamente que en los casos de Axel Blumberg o el padre de Jorge Rodríguez, las bandas se apoyaron en gente más que humilde. Tuvieron cautivos a sus víctimas en lugares de altísimo nivel de pobreza. De manera que también la exclusión juega un papel en lo inmediato”. El debate está en marcha, muchos especialistas tienen enfoques distintos al padre de Axel, pero lo concreto es que la concentración del jueves puso nuevamente sobre el tapete la cuestión de seguridad y plantó en el debate tanto las iniciativas de Juan Carlos Blumberg como otras miradas sobre la cuestión.
El ex viceministro de Seguridad bonaerense Marcelo Saín hace su diagnóstico: “Creo que el señor Blumberg, que no ha sido un especialista en seguridad, con mucha sagacidad ha enfocado las cosas desde dos ángulos fundamentales. En primer lugar, cree que las cosas se solucionan en el marco estatal y no para-estatal. Es decir que en ningún momento ha surgido la idea de grupos parapoliciales como se planteó, por ejemplo, en Río de Janeiro. En segundo lugar, Blumberg sostiene que las cosas deben resolverse en el marco legal, no en la ilegalidad. El percibió que mucho tiene que ver la falta de capacitación, la ausencia de medios y la corrupción. Por último, diría que la gente dijo basta, pero no se está plegando totalmente al discurso de mano dura de la derecha. La clave está en que nadie plantea darle más poder a la policía sino todo lo contrario: controlarla más que antes, reformarla”.
“El sistema penal por sí solo, el endurecimiento de penas, no resuelve las cosas –sostiene el constitucionalista Daniel Sabsay–. Es posible que haya que hacer correcciones en las penas de algunos delitos graves, por ejemplo, los que tienen que ver con delitos contra la administración, que la mayoría son excarcelables. Pero uno de los puntos centrales es el sistema carcelario, que empeora el cuadro porque la gente sale peor de lo que entra. Es cierto que hay países, como los escandinavos o algunos estados norteamericanos, en que los presos trabajan, pero aquí en la administración de las cárceles estamos ante una organización cómplice que agrava todo. Me pregunto ¿por qué producimos tantos niños que delinquen? ¿Qué pasa con los establecimientos, que supuestamente, tienen que rehabilitar a los menores? ¿Tenemos noción en qué condiciones viven los presos?”
Como se ve, la polémica se centra en cuál es el enfoque principal, dónde está el punto clave de la situación de inseguridad. Lo cierto es que la mayoría de los especialistas consideran que lo prioritario, lo decisivo, es cambiar la Bonaerense y el Servicio Penitenciario Bonaerense. El resto de las propuestas, tiene respaldos y rechazos.
Endurecimiento de penas
“Me parece que en algunos casos se pueden estudiar –sostiene el juez Maroto–, en especial las penas a los violadores. Tal vez también en los secuestros extorsivos porque es un delito clave en este momento. Después está la cuestión de las salidas transitorias y la libertad condicional. Creo que deben suprimirse las primeras, pero en todo caso son beneficios que únicamente se pueden otorgar a los primarios, no a los reincidentes. Estos últimos deben cumplir toda la pena. Para nosotros, los jueces, el sistema actual es más que complicado, hay que hacer cálculos sobre los dos tercios y otras variaciones. La legislación debe ser más clara y categórica.”
“Nuestro Código Penal es un buen código –argumenta un ex ministro bonaerense, que prefiere el anonimato para no tener que polemizar con las actuales autoridades–. Es más, las penas por secuestro ya se endurecieron y ello no produjo ningún efecto muy notorio. Lo que falla es la ejecución, porque tenemos un sistema penitenciario de cuarta categoría. Las penas no se cumplen y, encima, tenemos a nueve mil presos en comisarías, o sea en una situación tortuosa. Cuando se otorga la libertad condicional se supone que es porque el preso se ha desempeñado bien. Pero la verdad es la contraria: el sistema lo ha aproximado más al delito, y encima, recupera la libertad comprando un certificado de buena conducta falso.”
“El endurecimiento de penas puede producir algún efecto a mediano o largo plazo –sostiene el fiscal Di Lello–. En algunos delitos la excarcelación rápida no sirve para nada, por ejemplo, en los que tienen que ver con drogas. Los robos o hechos de violencia en que se actuó bajo los efectos de narcóticos. El problema es que no hay tratamiento alguno y entonces cuando salen a la calle de inmediato, reinciden. Hay delitos como la violación, el robo a mano armada, en que me parece bien que se suban las penas mínimas. Pero, insisto, el efecto no se vería rápido sino a largo plazo, porque quien comete esos delitos no se pone a pensar en las penas. Insisto en el problema de la exclusión: una persona que roba va presa, pero ante esa situación, en el marco de la pobreza extrema, es muy posible que el hijo o el hermano del ahora preso salga a robar. Quienes no tienen comida ni medicamentos viven un cuadro dramático. Tal vez alguno de ellos empieza colaborando con un delito, pero después avanzan en esa carrera de ilegalidad.”
Que los presos trabajen
obligatoriamente
Maroto afirma que “el sistema existe, pero no está generalizado. Es más, en muchas cárceles de la provincia de Buenos Aires sólo el que tiene buena conducta puede estudiar y trabajar. Es como un premio. Acá estamos ante la mafia penitenciaria y hablamos del derecho al trabajo, cuando lo que ocurre en las cárceles es que no logramos ni que se trate bien a un preso. Cuando se lo trata bien, nos hablan de que eso significa privilegiar los derechos humanos del delincuente y no los derechos humanos de sus víctimas. No hay antinomia. Los dos derechos deben ser respetados, son constitucionales. No se puede promover la indignidad del que está detenido”.
“Muy bien, yo estoy de acuerdo en que los presos trabajen –polemiza el hombre retirado hace mucho del Servicio Penitenciario–. Para darle trabajo a los presos tengo que poner una empresa dentro del penal, algo que está permitido por la ley. Supongamos que pongo una empresa que crea 600 puestos de trabajo para presos. ¿Qué me van a decir? ¡Cómo les da trabajo a los presos y no se los da a quienes viven en una villa o a las ciudadanos honestos! ¡Yo soy honesto y no me da trabajo, mientras que se lo da a un preso! Esos van a ser los argumentos. Al mismo tiempo, escierto que las cárceles sólo producen reincidentes y que existe una verdadera mafia del servicio penitenciario. Yo no le encuentro solución.”
Control de los celulares, cambio en los DNI
“Estoy de acuerdo. Tiene que haber mayor control para dificultar la acción de los delincuentes, no facilitarles las comunicaciones. De todas maneras, pongamosle atención justamente con lo que ocurre en los secuestros extorsivos: la clave está en el apoyo logístico que les dan los policías a las bandas. Es más, hay indicios que ellos mismos integraron algunas de las bandas que secuestraron, por ejemplo, a Pablo Belluscio. Tres policías tuvieron que ser apartados de la investigación del caso por la fiscal Rita Molina”, sostiene el juez Maroto.
“Sí, me parece importante –coincide el fiscal Di Lello–. La bolsa negra es decir la venta de celulares perdidos, usados, aparece en todos los secuestros y en gran parte de los delitos. Con el registro de celulares se restringe el derecho a la intimidad, pero hay que optar. Las dos causas más importantes que tiene el fuero federal son el consumo de drogas y la falsificación de DNI. Se forman centenares y centenares de causas penales, hay mucha estafa, alquileres de lugares a partir de los cuales se delinque e invariablemente, se usan documentos falsos. Es un fenómeno masivo y estoy de acuerdo en que hay que pararlo.”
La concentración del jueves deja picando la pelota de las estrategias de seguridad. En el fondo, el gran debate es dónde está el punto clave de todo el andamiaje. Para la mayoría de los especialistas, el centro del delito está en la Bonaerense y para muestra basta un botón: a Axel lo tuvieron en un lugar que tenía cobertura policial, la seccional no respondió a los llamados de alerta de los vecinos y los integrantes de la banda de secuestradores tenían todos relaciones con hombres de uniforme.