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Socióloga, investigadora del Conicet y profesora de la Universidad de General Sarmiento, Maristella Svampa es autora del libro Los que ganaron (Biblos), en el que analiza la ideología de los countries y barrios privados. “Es un reclamo ambivalente. Algunas propuestas son interesantes y positivas, otras son muy negativas, pero ninguna es de fondo”, sostiene al analizar los contenidos y posibles derivaciones del masivo reclamo de seguridad encarnado por Juan Carlos Blumberg.
–¿Cómo definiría la movilización generada por el caso?
–Fue importante y relativamente espontánea, porque estuvo acompañada por algunos medios con un discurso duro en materia de seguridad. La primera lectura es que fue una movilización con elementos ambivalentes, que vehicula un reclamo genuino de seguridad. Me hace acordar al cacerolazo, donde había también componentes contradictorios. Luego tomó la dirección que le dieron las asambleas barriales, pero no olvidemos que había una fuerte carga antipolítica en la demanda. Esta movilización no llega a tener la importancia del cacerolazo. Tiene componentes negativos, como el pedido de la baja de la edad de la imputabilidad o el endurecimiento de las penas. Pero también se reclama la limpieza de la Policía Bonaerense o la restricción a la portación de armas. Algunas propuestas son interesantes y positivas, otras son muy negativas, pero ninguna es de fondo. Sin embargo, la movilización es portadora de una demanda que debería ser debatida, puesto que se corre el riesgo de cruzar la delgada línea roja.
–¿Qué implica debatir la demanda?
–En primer lugar, definir qué se entiende por seguridad. Cuando se habla de inseguridad ciudadana se mira sólo un aspecto de la cuestión, que tiene que ver con la criminalidad. Hubo una unidimensionalización de la discusión. Inseguridad es también precariedad laboral, no tener un horizonte de vida. Hay que restituir un sentido más integral a la noción de seguridad. Esto es lo que se perdió en las últimas décadas con la implementación de los planes neoliberales. Se mira la seguridad en un solo sentido, lo que significa que las estrategias desarrolladas en torno a la cuestión de la inseguridad han sido básicamente represivas. Y esto se ve en dos aspectos. Primero, en el desarrollo cada vez más frenético de la seguridad privada. Las cifras son alarmantes. Hay 60 mil efectivos de seguridad privada en la provincia de Buenos Aires, un verdadero ejército paralelo. Hoy la seguridad es una marca de status, marca un estilo de vida. Están aquellos que pueden acceder a la seguridad, se van a los countries y barrios privados o contratan un servicio de seguridad privada, y los que no. Por otro lado, se ha incrementado el sistema institucional represivo, de disciplinamiento y control social. Se ha aumentado el pertrechamiento de las fuerzas represivas: Prefectura, Gendarmería, Policía Federal, policías provinciales. Pedir que se endurezcan las penas o que se sumen más efectivos es volver a caer en una mirada reduccionista, con énfasis en lo represivo.
–Avanzar en una mayor integración social puede demorar años, y el reclamo es de soluciones urgentes ¿No cree que la desincronía puede provocar que la derecha se apropie del tema y el progresismo se quede sin discurso?
–Es cierto, pero reducir el problema a una cuestión de efectivos o al endurecimiento de las penas es tapar el sol con las manos. La demostración del Congreso fue bastante clara en este sentido. Fue parte de la necesidad de la clase política de dar cuenta de una demanda que la interpela. Es necesario conversar con estos amplios sectores de la sociedad que tienen una mirada unidimensional y represiva. Pero hay más problemas. En la Argentina hay una cuestión específica, la consolidación de una mafia en la Policía Bonaerense, que es una continuidad en términos de aparato represivo de la dictadura militar, y que está en connivencia con ciertos estratos de la clase política. Son mafias incontroladas, que se han autonomizado, y que también son un riesgo para muchos sectores conservadores.
–¿Por qué?
–Porque estas mafias pierden funcionalidad. En tanto poder autonomizado se pueden tornar amenazantes desde el punto de vista económico y pueden llegar a amenazar la gobernabilidad. Los secuestros extorsivos los sufren empresarios e industriales, que son los que hacen las inversiones. Y por eso a algunos sectores de derecha más abiertos, no a esa suerte de protofascismo, pero sí a otros sectores más inteligentes, les interesa tomar el toro por las astas y no caer en el discurso fácil de la mano dura. Están pensando la articulación entre economía y política. Eso es lo que pasó con los militares, que se autonomizaron y se convirtieron en una amenaza para el desenvolvimiento del capital.
–Dos años atrás la clase media, la misma que hoy clama por más seguridad, miraba con simpatía a los piqueteros.
–Uno no puede entender el distanciamiento entre el grueso de la sociedad y los movimientos sociales si no se inserta en el análisis de lo que fue la crisis. Toda crisis entraña demandas contradictorias. La del 2001 trajo una demanda de una nueva institucionalidad, que podían encarnar privilegiadamente las formas autonomizadas de lo social. Y una segunda demanda que fue la intervención del Estado para garantizar el buen funcionamiento de la sociedad. Esta demanda no se vehiculiza ni tiene una traducción concreta y efectiva. La asunción de Kirchner coincide con esta demanda y se ajusta a ella. Por otro lado, hubo una estrategia deliberada del Gobierno para dividir y cooptar a los movimientos sociales.