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Las habituales visitas de Fernando de la Rúa a los Tribunales de Retiro tienen casi siempre el mismo objetivo: defenderse y acusar. Ayer volvió a hacerlo ante la Cámara Federal para insistir en solicitar que se lo desvincule de los homicidios producidos por la represión del 20 de diciembre de 2001 y quedar sobreseído en el expediente que investiga esos hechos que causaron 39 muertos en todo el país. Y no varió el libreto que viene repitiendo: volvió a acusar a la jueza María Servini de Cubría por el manejo de la Policía Federal, al señalar que la magistrada “judicializó” la conducción de los uniformados.
Sin modificar tampoco su clásico atuendo –blazer azul, pantalón gris, camisa rosa y corbata al tono–, el ex presidente se presentó ayer ante los camaristas de la sala I, acompañado de sus abogados Miguel Angel Almeyra y Zenón Ceballos. Llevaba algunas carpetas con las que guió su exposición para “mejorar los fundamentos” tendientes a transformar en sobreseimiento la falta de mérito que le dictó la jueza respecto de los homicidios de manifestantes que cayeron por las balas policiales.
El ex presidente se encuentra en una situación intermedia entre el procesamiento y el sobreseimiento, que lo mantiene vinculado a la causa hasta que aparezcan nuevos hechos que puedan modificar esa calificación antes del cierre del sumario. O hasta que la Cámara la modifique realizando una evaluación diferente de las pruebas a la que hizo la jueza Servini de Cubría. Los fiscales del caso pidieron su procesamiento, al igual que los querellantes, que son familiares de las víctimas.
Durante la audiencia, que se extendió por una hora y media, De la Rúa repitió que “no existió responsabilidad política” de su parte y que “los hechos fueron de una magnitud exponencial que los hacía incontrolables”.
Fuentes judiciales consultadas por Página/12 indicaron que la exposición giró sobre los mismos razonamientos que ya había volcado en el expediente. Según el ex presidente, la manifestación que lo desalojó del poder “fue un hecho absolutamente insólito” por su magnitud y, en consecuencia, “hubo falta de previsión” por parte de las autoridades para contenerlo.
Al término del trámite judicial, el abogado Almeyra explicó a la prensa que “se superpusieron la instancia política y la instancia judicial”. Sin embargo, minutos antes Ceballos había dicho que “fue el Ministerio del Interior (por entonces a cargo de Ramón Mestre) el que condujo la tarea policial”. Lo cierto es que Servini de Cubría concurrió el mediodía del 20 de diciembre a la Plaza de Mayo para frenar la actuación de la Policía Montada contra las Madres de Plaza de Mayo y otros manifestantes. Dio órdenes a los efectivos de replegarse y se retiró después a la comisaría segunda. Los asesinatos ocurrieron por la tarde cuando la jueza ya no estaba. De todos modos, en el expediente hay testimonios de jefes policiales que aseguraron que recibieron órdenes de funcionarios como Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad.