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Las decisiones en materia de derechos humanos y el juicio político a algunos integrantes de la Corte Suprema fueron, según Patricia Walsh, los dos puntos más destacados de este primer año de gobierno de Néstor Kirchner. Lo negativo: la falta de independencia económica, de soberanía política y de justicia social. Si bien destaca las expectativas que generó el Presidente, para la diputada de Izquierda Unida el futuro de la gestión dependerá de “la capacidad de soportar que tengan los que menos tienen”.
–¿Qué balance hace de este primer año de gobierno?
–Creo que legitimando y pagando la deuda externa, ilegítima y fraudulenta, y convalidando al FMI como el acreedor privilegiado no hay independencia económica. Enviando tropas argentinas al hermano país de Haití, por decisión del gobierno del hijo de Bush, no hay soberanía política alguna, ni para Haití ni para la Nación Argentina. Sin trabajo genuino, pagando planes sociales de miseria y de hambre con préstamos del Banco Mundial, a 150 pesos por mes y con inscripción cerrada, no hay justicia social. Por lo tanto, el balance para las mayorías de nuestro pueblo es desalentador y preocupante y lo que está vigente más que nunca sigue siendo la necesidad de construir una alternativa verdadera.
–¿Hubo algo para rescatar?
–Habilitar al bloque del Partido Justicialista en el Congreso Nacional para que votara la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, proyecto parlamentario de Izquierda Unida y reclamo del conjunto de la población durante décadas, fue sin duda el hecho más positivo y relevante en materia de derechos humanos. Comprometerse del mismo modo con la nulidad de los decretos de indulto a los genocidas es hoy nuestro reclamo. Descolgar los cuadros de Videla y Bignone en el Colegio Militar por decisión expresa del Presidente también es un hecho absolutamente positivo, lo mismo que resolver la recuperación del predio de la Escuela de Mecánica de la Armada, el campo de concentración más importante que funcionara en nuestro país. Otro tema importante para destacar es la decisión de avanzar en el Congreso con el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Injusticia. Sin embargo, seguimos reclamando que se arbitren las medidas necesarias para avanzar en el mismo sentido con los integrantes de la Cámara de Casación Penal, que recientemente han optado por decidir en favor de la impunidad. Así como también es urgente que se ponga fin a la impunidad que todavía mantiene en libertad a los genocidas de la última dictadura militar y que se comprenda la necesidad de debatir la situación de más de 3 mil procesos judiciales en trámite a los luchadores sociales.
–¿Qué perspectivas observa para el futuro?
–Este gobierno se piensa, se dice y se proclama a sí mismo como un gobierno popular. Sin embargo, la mitad de la población sigue estando bajo la línea de pobreza y la mitad de esa mitad es indigente. Ningún gobierno que se diga popular puede serlo de verdad si no resuelve la pobreza, la miseria, el hambre, el trabajo genuino, la educación y la salud de la mayoría de su población. Nuestro pueblo es paciente y generoso. Acompaña la esperanza y la expectativa que generaron algunas decisiones positivas, pero las respuestas a los temas más graves están pendientes. Ese tiempo dependerá de la capacidad de soportar que tengan los que menos tienen o los que no tienen nada.

Reportaje: Martina Noailles.