[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Que en la segunda semana de mayo el paquete de fideos largos Don Felipe haya subido un 23 por ciento o que el kilo de yerba Cruz de Malta se haya encarecido un 22,9 por ciento, repuntes que superan con creces cualquiera de los últimos índices de inflación, no perturba el ánimo en ningún despacho oficial: son excepciones que explicarían el retorno a las primeras marcas. Menos inquietante parece resultar que una ensalada de tomate perita resulte hoy un 92 por ciento más caro que en enero, algo similar a lo que ocurre con la lechuga. En estos casos, la culpa es de la “estacionalidad” y lo que fue hacia arriba en algún momento irá indefectiblemente hacia abajo. Pero a pesar de sus propios y condescendientes argumentos, el Gobierno intenta seguir de cerca aquellos movimientos que, previsiblemente, serán más bruscos cuando terminen de reacomodarse las tarifas públicas, proceso que recién comienza.
Las subas detalladas arriba surgen del relevamiento semanal que hace la Subsecretaría de Defensa del Consumidor a través de una consultora privada en doce bocas de expendio de la Capital Federal y el conurbano, sobre un menú de artículos básicos. El relevamiento más reciente prueba, por ejemplo, que el 17 de mayo el café La Morenita costaba un 18,3 por ciento más que una semana antes o que el pote de margarina Dánica subió en ese lapso un 19,3 por ciento.
En lo que va del mes, los productos frescos se mantuvieron tranquilos. Pero apenas se abre la mira para ver cómo evolucionaron desde el comienzo del año, se advierten algunos saltos llamativos. La carne es un caso, que desde el Gobierno se explicó, sencillamente, por una restricción en la oferta de ganado. “No son subas deliberadas y tienen justificativos claros”, asegura un miembro del cuerpo técnico de Defensa de la Competencia ante este diario.
Los cimbronazos de precios que más preocupan al Gobierno son los de algunos productos industrializados y por esta razón la subsecretaria de Defensa de la Competencia, Patricia Vaca Narvaja, tiene periódicas reuniones con la Copal (Coordinadora de la Industria de Procesos Alimenticios) y otras cámaras productoras y distribuidoras para saber por qué y hasta dónde pueden llegar algunas subas detectadas por el relevamiento oficial.
Es un seguimiento casi discreto y acotado por los límites que impone un régimen de precios libres y la falta de herramientas técnicas apropiadas para hacerlo. Un dato clave para que el Gobierno pueda contener los precios negociando con los productores es conocer su real estructura de costos. Pero, al menos por ahora, esta discusión sólo puede hacerse en base a la información que proporcionan las propias o empresas o a la que surge de la desactualizada matriz insumo producto que elaboró el Estado en 1997.
Algo similar ocurre con el propio relevamiento de los precios, tarea delegada a una consultora privada, que no refleja ni lo que sucede en el interior del país ni lo que ocurre en los circuitos comerciales más chicos como los almacenes, que en los últimos meses están ganando espacio a las grandes cadenas. El trabajo de Defensa de la Competencia comenzó a completarse con el detalle de precios que le están enviando los supermercados –informe que incluye una precisión sobre las ofertas– y según la controvertida resolución 102 que tardó meses en aplicarse.
Los precios también empezaron a demostrar una dispersión inquietante, no sólo por las diferencias entre las marcas secundarias y las principales, que volvieron a tallar para los consumidores más pudientes. Según admitió Vaca Narvaja ayer, una margarina que en un lugar cuesta 2,56 pesos en otro vale 1,25, otra pauta de que la situación es de difícil control.
Aun así, para el Gobierno la sangre no llegó al río ni llegaría tampoco con la inminente escalada tarifaria. Según un ejercicio matemático de aquella subsecretaría, ajustes entre el 20 y el 30 por ciento en la electricidad y el gas empujarían los precios de los productos finales no más allá del 1 por ciento.