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Una cosa no se puede negar: para producir cambios en el PAMI hay que poner empeño. El Gobierno presentó ayer un nuevo proyecto para normalizar la obra social de jubilados. Se trata del decimonoveno intento por transparentar la gestión del organismo con mayor presupuesto del Estado. El plan fue anunciado por el ministro de Salud, Ginés González García, la interventora del PAMI, Graciela Ocaña, y el número dos de la entidad, José Granero. El proyecto prevé que en cuatro meses los jubilados voten a dos miembros del directorio sobre un total de ocho. También busca “terminar con la tercerización que ha servido como modelo de saqueo” –en palabras de Ginés–, pone límites a los gastos administrativos y restituye el ingreso por concurso para los futuros empleados. Pero antes deberá ser aprobado por el Congreso.
En sus puntos fundamentales, la propuesta oficial prevé la creación de un Directorio Ejecutivo Nacional (DEN) compuesto por ocho miembros. Ese directorio será la máxima autoridad del PAMI y sus integrantes representarán a los jubilados, a los trabajadores y al Estado. Cuatro miembros serán designados por el Ejecutivo, dos serán propuestos por las centrales sindicales y dos serán electos por los propios jubilados. En este punto hay un guiño para la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que hasta ahora no era reconocida –la representación de los trabajadores era monopolio de la CGT–. Por el contrario, el texto del Gobierno deja abierta la chance para que la CTA tenga un representante en el directorio. El plan también fija reglas claras para el funcionamiento del organismo y el manejo de sus recursos.
- Asegura que la obra social contará “con las mismas fuentes de financiamiento” que tiene hasta ahora.
- Aclara que los gastos administrativos y de funcionamiento no podrán excederse del 8 por ciento del presupuesto total.
- Crea una Sindicatura General del PAMI, que estará a cargo de un funcionario designado por el Ejecutivo.
Pero uno de los objetivos más importantes del proyecto, sobre todo, es darles más poder a las reparticiones locales, que en la jerga del PAMI se llaman “Unidades de Gestión Local”. Este objetivo apunta a desgastar el poder de las “gerenciadoras”, las entidades que intermedian entre las seccionales del PAMI y las clínicas privadas que prestan los servicios. En la mayoría de los casos, las “gerenciadoras” son uniones transitorias de empresas (UTE) que agrupan a clínicas y obras sociales privadas. En la intervención, reconocen que cuando se intenta quitarles influencia, esas empresas “usan al afiliado como rehén y amenazan con cerrar las clínicas y dejar a los jubilados en la calle”.
El plan del Gobierno intentará terminar con la tercerización de servicios, como el de las ambulancias. En varias seccionales del instituto, las ambulancias no alcanzan para atender a todos los jubilados. Por eso, se contrata a privados –un ejemplo es la empresa Cruz Alsina en la UGL de San Martín– que debe aportar una determinada cantidad de ambulancias y respetar los criterios que se fijan en los contratos. Pero ello no sucede en muchos casos, y por eso se producen demoras de “dos o tres horas” en la atención domiciliaria, como admitió a Página/12 el gerente de una de las seccionales del PAMI del conurbano.
Según el texto oficial, la propuesta pretende fomentar la “participación” de los afiliados. Se trata de una cuestión importante porque la última vez que los jubilados eligieron a sus propios representantes –en la gestión de Eduardo Duhalde– sólo votó uno de cada diez beneficiarios. En aquella oportunidad, el bonaerense designó como director al ex pediatra de sus hijos, Horacio Pacheco, en una decisión que generó controversia. “Cuando se hagan trámites se va a poder votar”, transmitían optimismo cerca de Ocaña. Habrá que ver.
Pero el anuncio reflejó asimismo las internas que subsisten en el PAMI. Aunque en público nadie lo admitió, la conferencia de prensa dejó aldesnudo ciertas diferencias entre la interventora y su segundo. El domingo último, un programa de TV denunció que Granero había pedido que se reincorporara a un ex abogado de la obra social acusado de “direccionar” una licitación. Ayer Ocaña dijo que el episodio está “superado” y que el pedido de Granero había sido sólo “una mera opinión”.