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Los organismos de derechos humanos intentan evitar el cierre o la paralización total de la causa sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El expediente corre peligro desde que la Cámara de Casación abrió un recurso de queja presentado por el represor Raúl Enrique Scheller. Eso permitió que los defensores de algunos acusados solicitaran que la investigación sea enviada a ese tribunal, lo que en la práctica implicaría el congelamiento de la pesquisa. De hecho, ya está suspendido el trámite de elevación a juicio que involucra a Scheller y a otros nueve miembros de la patota de la ESMA. Ayer, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Comité de Acción Jurídica apelaron la decisión de la Sala IV de la Cámara de Casación y a la vez recusaron a los tres jueces que la integran.
En la causa que tiene a cargo el juez federal Sergio Torres, Scheller estaba procesado por el delito de tormentos reiterados en siete oportunidades. Los organismos de derechos humanos habían solicitado que, además, se amplíe la medida para abarcar todos los crímenes por los fue responsable por haber integrado el sector de inteligencia de la ESMA desde el 24 de marzo de 1976 hasta fines de 1983.
Ante esa situación, el represor criticó en la Cámara Federal la reapertura de la causa, medida que se ordenó después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Como no tuvo eco, fue en queja a Casación. La Sala IV de ese tribunal –integrada por Amelia Berraz de Vidal, Ana Capolupo de Durañona y Vedia y Gustavo Hornos– admitió la queja del represor y se dispuso a analizar el fondo de la cuestión.
Si los jueces le dan la razón al marino, sólo un fallo de la Corte Suprema podría salvar la investigación. El máximo tribunal tiene desde hace tres años la posibilidad de resolver si considera inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Pero mientras Casación no se expida, la causa igual está en peligro.
Ayer quedó paralizado el trámite de elevación a juicio oral contra Scheller y otros nueve represores. Además, varios abogados defensores ya solicitaron que toda la investigación sea enviada a Casación.
Los abogados Mónica González Vivero y Rodolfo Yanzón presentaron ayer una apelación contra la decisión de Casación. Argumentaron que no es correcto que la Sala IV intervenga en el caso por ser especialista en temas militares ya que eso se contradice con la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas, que señala que esos delitos no deben ser juzgados por un tribunal castrense. Destacaron, además, que la apertura del recurso “implica la violación a los derechos del debido proceso y a la justicia de las víctimas y de sus familiares ya que, entre otras cuestiones, impedirá en forma categórica el avance de la investigación y conocer y someter a proceso a los responsables de tales crímenes”.
Yanzón y González Vivero también recusaron a los miembros de la Sala IV de la Cámara de Casación. Se basaron, entre otras cosas, en la actitud de esos jueces al analizar las causas basadas en el derecho a la verdad que se llevaban a cabo en Mar del Plata y Bahía Blanca. “Resulta un tribunal que exhibe una enemistad manifiesta de los intereses de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por quienes usurparon el poder hasta el 10 de diciembre de 1983”, aseguraron. Agregaron que “el Dr. Daniel Enrique Madrid, secretario de esa sala, es militar, con grado de mayor del Ejército y cumplió funciones de enlace entre la Cámara Federal y el Ejército en la Jefatura II de Personal a las órdenes del general Mario Cándido Díaz”. Los abogados solicitarán el lunes que esos magistrados no intervengan en el caso hasta que se resuelvan todos esos planteos.