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El titular de la CGT y del Sindicato de la Alimentación, Rodolfo Daer, fue procesado por presunta administración fraudulenta. Bajo la sospecha de que se quedó con 2 millones y medio de dólares de su gremio, la jueza María Cristina Bértola resolvió dictar la medida contra el dirigente y embargar sus bienes en 10 millones de pesos. La estafa por la que está acusado se cometió con la venta de un predio destinado al esparcimiento de los afiliados.
Se trata de 40 hectáreas ubicadas en el municipio de Morón, en el barrio de Parque Leloir, que fueron vendidas en 1998 a la empresa Artigas Revestimientos por un precio de cinco millones de pesos. Aunque en la escritura se dejó por escrito que el monto había sido pagado “en efectivo y a entera satisfacción” de los vendedores, el sindicato habría recibido sólo la mitad. Por los otros dos millones y medio, Daer habría llevado al Banco Provincia cheques que nunca llegaron a cobrarse, ya que tras el adelanto en efectivo la firma compradora se declaró en cesación de pagos y se presentó en concurso de acreedores. El dueño de Artigas Revestimientos, Hugo Bianchi, también está siendo investigado por la maniobra.
El secretario general de la CGT había sido indagado en esta causa el 13 de abril y beneficiado con una falta de mérito, aunque en esa oportunidad la jueza aclaró que lo hacía debido a que los plazos procesales estaban vencidos y no había tenido tiempo para reunir una serie de pruebas pendientes.
Ayer, al enterarse de su procesamiento, Daer aseguró que es “inocente” y que lo demostrará aunque le lleve “la vida”. “Hasta ahora creía en la Justicia”, declaró también con un giro no lejano al melodrama. El dirigente atribuyó la resolución judicial a una maniobra vinculada con la “interna”.
La acusación le llega en un momento crítico. En el Sindicato de la Alimentación acaba de sufrir una fractura y sus antiguos socios, ahora convertidos en oposición, buscan desplazarlo en las próximas elecciones. Al mismo tiempo las comisiones internas de un grupo de fábricas alimentarias, con conducciones de izquierda, salieron a hacerle frente a raíz de la firma del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo para el sector, en el que Daer acordó con las cámaras empresarias que los trabajadores no afiliados hagan obligatoriamente un aporte “solidario” del 2 por ciento de sus sueldos.
El recurso engordó la caja del sindicato, afectada por las desafiliaciones y la pérdida de puestos de trabajo de la última década. Pero aumentó el rechazo entre los trabajadores: un mes atrás, cuando intentó entrar a Terrabusi para hacer campaña, lo corrieron de la planta. Y también en la cúpula de la CGT, a la que llegó en 1996 con el auspicio de Carlos Menem, hay movimientos para desbancarlo.
La figura penal por la cual fue procesado se aplica a quienes, estando obligados a administrar un bien, cometen un fraude. Tiene una pena de hasta seis años de cárcel, pero es excarcelable.