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La Secretaría de Seguridad Interior convalidó el pase a retiro de un comandante de Gendarmería que había denunciado penalmente a oficiales de la fuerza por la venta ilegal de cigarrillos de contrabando. De ese modo, Pablo Silveyra pasó de ser un funcionario público que cumple con su obligación de prevenir el delito y denunciarlo a ser un perseguido. El castigo interno contra Silveyra lo encabezaron en el 2002 dos comandantes, Eduardo González y Gerardo Chaumont. Son los mismos que hoy ocupan el puesto número uno y el número dos en la cúpula de la Gendarmería.
Silveyra se enteró de la venta ilegal de cigarrillos cuando estaba destinado en Campo de Mayo y se le acercó un gendarme.
–Todos los jefes roban y nadie hace nada.
–Discúlpeme, yo soy jefe y no robo.
–Jefe, acá entran cigarrillos y en lugar de quemarlos todos, los están vendiendo.
A partir de ese diálogo Silveyra realizó una investigación que remató en mayo del 2002 con una denuncia en la Justicia Federal.
El escrito, en poder del juez Rodolfo Canicoba Corral, cuenta estos hechos:
- El 3 de abril de ese año entraron cuatro contenedores con dos mil cajas de cigarrillos de 50 cartones cada una, “marca Derby (fabricación nacional pero de venta prohibida en el país) y Boots (origen USA)”.
- La Agrupación Unidades Operativas de Campo de Mayo debía quemar los cigarrillos.
- Hubo una quema inicial pero muy pronto apareció la orden de quitar personal. “El repliegue habría obedecido a que el jefe de la Agrupación Unidades Operativas, comandante mayor Jorge Roberto Villalba, la mayor autoridad y único responsable de la guarnición, habría sugerido al oficial jefe que estaba a cargo del operativo de destrucción que dejara bajo su dirección dicha tarea. Ante la negativa de este último, habría obtenido del director nacional de Gendarmería, comandante general Hugo Alberto Miranda, que éste impartiera la orden de entregar todas las cajas de cigarrillos que faltaban destruir (aproximadamente 1100) al comandante mayor Villalba”.
- En los días siguientes empezaron a salir camiones, con patentes y choferes que Silveyra entregó a la Justicia, y parte del cargamento quedó dentro de Campo de Mayo pero en galpones cerrados.
- En junio la Justicia allanó el lugar. Villalba quedó procesado junto con Roberto Esper, Fabián Barrandeguy, Julio Arceredillo, Carlos Lazzarini y Mario López.
- Miranda fue relevado como director de Gendarmería.
Sin embargo, Silveyra no fue reconocido sino castigado. Su error había sido denunciar a la cúpula de la Gendarmería hasta probar que se había transformado en la prolongación del contrabando por otros medios. Su pecado, haber recurrido directamente a la Justicia.
–¿Por qué no pidió que se abriera sumario interno? –preguntó Página/12 a Silveyra.
–Porque sospechaba del propio director nacional de Gendarmería. Le leo la denuncia: “Atento desconocer qué otros niveles de mando de la institución se encuentran involucrados en la maniobra ilícita y presumiendo que los ilícitos derivados de lo expuesto contarían con la anuencia y/o participación del director nacional de Gendarmería y un grupo de sus colaboradores, he decidido acudir directamente a Vuestra Señoría, prescindiendo del canal jerárquico institucional”.
–¿Y eso no es ilegal?
–Ilegal es violar la ley. Yo era funcionario público. ¿O un gendarme no lo es? Cumplí con el artículo 177, inciso 1 del Código Procesal Penal, que obliga a cualquier funcionario a denunciar un delito.
Miranda primero y luego su sucesor, Néstor Della Bianca, impusieron a Silveyra destinos menos importantes, como el archivo, y remataron la tarea pasándolo a disponibilidad. Silveyra denunció a los dos y al director de Asuntos Jurídicos, Carlos Castel, por supuesto abuso de autoridad, prevaricato y denegación de justicia.
Silveyra dice que ante una denuncia como la suya la obligación de la autoridad, de acuerdo con el artículo 193 del Código de Justicia Militar, que es una ley de la Nación, consiste en abrir un sumario, cosa que ni Miranda ni Della Bianca hicieron.
“Me pregunto si al secretario Norberto Quantín, que desestimó mi denuncia el 13 de enero último y no reparó en que ni Miranda ni Della Bianca cumplieron con su obligación de abrir sumario, no lo habrán hecho incumplir también la ley”, dijo Silveyra a Página/12. “Pero no soy abogado y le dejo esa respuesta a cualquier fiscal que quiera buscarla”, agregó.
La primera información sobre la persecusión contra Silveyra fue publicada en este diario el 18 de enero último. Ningún funcionario la desmintió. Tampoco la Gendarmería.
Silveyra informó ayer que el 15 de enero mantuvo una entrevista de una hora con un importante funcionario del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, cuyo nombre tiene anotado pero no quiere revelar por el momento. Ese funcionario, dijo, se mostró tan amable e interesado por su caso que dio traslado de la conversación a un área especializada del Ministerio.
Silveyra dijo no recordar el nombre del área. Sí afirmó estar seguro de que tanto el funcionario como el área son muy próximos a Beliz.
“Le dejé una copia de mi pedido de reconsideración del retiro”, contó ayer Silveyra. “Me dijo que al ministro le había interesado el tema y que lo iba a plantear y me dejó la sensación de que se ocuparía verdaderamente del asunto”, dijo. “Salí de la reunión con las esperanzas renovadas”, recordó el gendarme.
Pero pese a que los hechos fueron públicos y a que existieron contactos privados de alto nivel, algo se interpuso. Silveyra recibió el 22 de abril último una comunicación para presentarse en el Departamento Retiros y Pasividades, División Retiros, “de lunes a viernes de 8 a 13 horas”.