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Por M. G.

La estructura de seguridad interior que montaron el subsecretario José María Campagnoli y el secretario de Seguridad Interior Ignacio Rodríguez Varela, con la venia o la tolerancia del secretario Norberto Quantín, se apoyaba inicialmente en dos patas. Por un lado, el mantenimiento de la primacía de los comisarios Jorge “El Fino” Palacios y Juan José Schettino, el verdadero poder real detrás del poder formal. Por otro, el sobredimensionamiento de la Gendarmería, poco a poco convertida en una fuerza que seguía el modelo de la Guardia Civil franquista y los Carabineros de la época de Augusto Pinochet: una policía hipermilitarizada con funciones fronterizas menguadas y misiones urbanas en avance.
Otro de los artífices de este modelo es el teniente coronel retirado Armando Zarabozo, que en 1987, como mayor, fue ayudante del jefe de la inteligencia carapintada en la rebelión de Semana Santa, Enrique Venturino, ayudado también por el comensal de Patricios Gustavo Breide Obeid. Zarabozo, oficial de inteligencia, permanece en su puesto de director de Planeamiento y Control de la Secretaría de Seguridad Interior pese a que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, reclamó tres veces su despido.
La primera pata, la Policía Federal, fue transformada en persona por el presidente Néstor Kir- chner, que retiró a Palacios y verticalizó a la fuerza dando orden de cortar toda confusión con el crimen organizado.
La segunda, en cambio, sigue siendo la gran base de apoyo del poder del equipo de Seguridad Interior, y por eso Campagnoli, Rodríguez Varela y Zarabozo no pusieron ningún freno a la Gendarmería sino que la estimularon sin controlarla en sus funciones de shopping polirrubro ni depurarla a fondo.
Una prueba fue el polígono de tiro concedido irregularmente a una firma del empresario Juan Carlos Luena. La Gendarmería firmó el contrato irregular y solo lo denunció, tarde y mal, cuando se lo ordenó el ministro Gustavo Beliz luego de recibir una información anónima pero respaldada en documentación que el mismo Beliz ordenó comprobar.
El director de Asuntos Jurídicos que autorizó el contrato ilícito en un dictamen de cinco líneas, Carlos Castel, es el mismo que utilizó cuatro páginas para cuestionar a Silveyra.
El actual número dos, Gerardo Chaumont, era jefe de gabinete y mano derecha de Hugo Miranda, el director de Gendarmería denunciado por Silveyra en el caso de los cigarrillos de contrabando.
Miranda es el mismo que participó de la cena de operadores de inteligencia en el regimiento de Patricios en compañía, entre otros, de Vicente Massot, Raúl García, Enrique Nosiglia, Horacio Jaunarena y Rubén Visuara.
Chaumont integró la junta que calificó a Silveyra de “inepto para las funciones de su grado”. Otro integrante fue Enrique Della Gaspera, actual director de Logística. Y también Eduardo González, hoy director general.