EL PAíS
La criminalización de la protesta en la cabeza de los supremos
El próximo jueves, la Corte Suprema fallará sobre el caso de Marina Schifrin, la profesora condenada en Río Negro por cortar una ruta en 1997. Tres jueces se inclinarían por dar por prescripta la causa.
Por Irina Hauser y Laura Vales
En la Corte Suprema de Justicia quieren apurar el fallo sobre la situación de Marina Schifrin, el primer caso por corte de rutas que llega al máximo tribunal. Por eso intentarían llegar a un acuerdo el jueves de la próxima semana, en su reunión plenaria. Aunque todavía no están los cinco votos necesarios para dictar una resolución, habría tres jueces definidos en favor de dar por prescripta la acción penal y un cuarto que se inclina por ratificar la condena. El fallo incidirá en la suerte de las tres mil personas que en la Argentina tienen causas abiertas por participar en acciones de reclamo.
Schifrin, profesora de matemática de Bariloche, está acusada de haber interrumpido el tránsito durante una protesta en defensa de la escuela pública. Aquel corte ocurrió en 1997, al inicio del ciclo de manifestaciones contra los ajustes del gobierno de Carlos Menem y su ministro Domingo Cavallo.
Los colegios secundarios de Río Negro, donde Schifrin da clases, habían tenido durante la década del ’80 una serie de avances en su nivel educativo. El neoliberalismo los afectó en varios frentes: para la escuela pública, los ’90 significaron menos cantidad de docentes, descuido de los edificios y reducción de salarios. En 1997 los profesores de la provincia tuvieron una rebaja de sueldos del 10 por ciento.
Convocaron entonces a reuniones ampliadas (con padres y alumnos) para tratar la situación. Así, en una asamblea de 500 personas, se aprobó el corte de ruta, con un petitorio que sumó reclamos: los profesores por la defensa de sus sueldos, los padres pidieron por los comedores y el arreglo de los edificios y los estudiantes porque se habían cerrado talleres de capacitación.
La denuncia contra Schifrin fue impulsada de oficio por un fiscal. Llevada a proceso, el juez federal Leónidas Moldes la condenó a 3 meses de prisión y le impuso como parte de la condena la prohibición de ir a manifestaciones por dos años, un punto que muestra cómo el verdadero objetivo era castigar la protesta. Marina Schifrin apeló ante la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, pero los jueces ratificaron la sentencia.
Los jueces sostuvieron que absolver a la profesora hubiera sido “... una formidable contribución al caos, la anarquía y la destrucción de los derechos”. También aseguraron que “la única forma legítima y verificable” de la expresión soberana del pueblo es el voto y que “otros tipos de presunta expresión de la voluntad popular, distintos del sufragio (tales como reuniones multitudinarias en plazas o lugares públicos, encuestas, huelgas, lock-outs u otros medios de acción directa, vayan o no acompañadas por las armas, etc.) no reflejan realmente la opinión mayoritaria del pueblo, sino a lo sumo la de un grupo sedicioso” (sic).
Así, la Cámara de Casación sentó un antecedente muy desfavorable para todos los que tienen juicios por haber participado de manifestaciones de reclamo. Hace dos meses sumó otro: al resolver el caso de un grupo de trabajadores ferroviarios que cortaron las vías del tren durante un paro nacional convocado por las tres centrales sindicales –las dos CGT y la CTA– dijo que interrumpir el tránsito es delito, y que no vale alegar que se está ejerciendo el derecho a reunirse y peticionar ante las autoridades. Los abogados de presos sociales consultados por Página/12 evaluaban que una eventual prescripción del caso Schifrin, sin una toma de postura en defensa del derecho a reclamar, será una mala noticia. “Si la Corte no se pronuncia sobre el tema de fondo, seguirá vigente la doctrina de la Cámara de Casación”, consideró uno de los consultados.
Votarían por la prescripción Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt. Fuentes del tribunal dijeron a Página/12 que Maqueda evaluó hacer alguna aclaración sobre la inconveniencia de criminalizar la protesta, aunque es poco probable que sume adhesiones en ese sentido. Augusto Belluscio es proclive a dejar en firme el fallo de Casación.Todavía tienen que definir su postura Antonio Boggiano y Adolfo Vázquez. Elena Highton de Nolasco asumirá el martes que viene, por lo que no sería extraño que para votar quiera tomarse un tiempo y estudiar el caso. Eugenio Zaffaroni se excusó de intervenir debido a que antes de ser designado ministro había opinado sobre el caso, con críticas al fallo de Casación.