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El 17 de marzo el secretario general del sindicato de los gastronómicos, Luis Barrionuevo, firmó con Daniel Funes de Rioja, el hombre de la Unión Industrial que en los ’90 fuera uno de los más fuertes impulsores de la flexibilización laboral, un nuevo convenio colectivo para la actividad. El acuerdo tiene cláusulas que precarizan el empleo propias de la década menemista. Debería entrar en vigencia en las próximas semanas, aunque es posible que un sector de trabajadores pueda frenarlo: los gastronómicos de la Nueva Organización Sindical, vinculada a la CTA, presentaron un pedido de amparo para evitar que el Ministerio de Trabajo lo homologue y la Justicia les acaba de reconocer su derecho a intervenir.
El acuerdo de Barrionuevo da vía libre a los empresarios para disponer de los trabajadores para cualquier tipo de tarea, con jornadas que pueden durar hasta 12 horas diarias; permite una ilimitada cantidad de contratos basura y establece la obligación de trabajar en días feriados. Crea además una nueva categorí a en el escalafón, con un sueldo mínimo de 350 pesos, para evadir el aumento de 244 pesos otorgado por el Gobierno vía decreto.
Estas cláusulas comenzarán a regir una vez que el ministerio las apruebe, o bien si el ministerio no hace objeciones y transcurren 30 días, con lo cual la homologación se produce de manera automática.
El pedido de amparo denunció este último caso, el de la “inacción” de Trabajo, es decir que reclamó que el Estado actúe para controlar la legalidad del nuevo convenio.
Si bien en primera instancia un juez rechazó el amparo, el fiscal general Eduardo Alvarez dio la razón a la Nueva Organización Sindical Gastronómica. Para el fiscal, se trata de que el Ministerio de Trabajo “lleve a cabo un acto de control que la ley impone y cuya omisión podría ocasionar un daño” a los trabajadores. La Sala VII de la Cámara laboral compartió su criterio y dispuso que otro juez de primera instancia estudie el caso para tomar una decisión de fondo.
El pronunciamiento de los camaristas tiene una doble importancia. En primer lugar, “porque establece que la facultad de homologar convenios colectivos –correspondiente al Ministerio de Trabajo de la Nación– no es discrecional, sino que queda sujeta al control judicial”, dijo a Página/12 Héctor García, abogado de la Nueva Organización Sindical. En segundo término, porque los jueces reconocieron la legitimidad de un sindicato simplemente inscripto, para impugnar ante la Justicia un convenio colectivo.
El sistema vigente permite que un solo sindicato por actividad (el que tenga más afiliados) esté habilitado para negociar los Convenios Colectivos de Trabajo. En este caso, la Unión de Trabajadores Gastronómicos (Uthgra) de Barrionuevo es quien tiene el reconocimiento legal para sentarse a discutir el tema con los empresarios.
El problema es que una vez que la cúpula sindical y la cámara empresaria han llegado a un acuerdo, los trabajadores no tienen posibilidades de revisar nada, porque la nueva ley laboral no obliga a los sindicatos a someter los Convenios Colectivos de Trabajo a la aprobación de la asamblea de trabajadores. Eso ha permitido que los gordos estén firmando acuerdos con cláusulas que ninguno de sus representados aprobaría.
La decisión de la Justicia laboral abre una grieta para modificar este panorama. Ahora, si el juez que tome el caso verificara que el contenido del Convenio es incompatible con las normas legales y constitucionales, podría ordenarle al Ministerio que se abstenga de homologarlo o incluso que rechace su homologación.