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El Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo empezará a sesionar hoy a las tres de la tarde. De un lado se sentarán 16 representantes patronales y del otro 16 dirigentes gremiales. El Ministerio de Trabajo será anfitrión y, en alguna medida, árbitro. Desde el martes pasado, cuando se confirmó que volvería a activarse una institución que sólo se reunió una vez hace once años, cada sector dedicó su tiempo a resolver sus propias internas y a preparar su estrategia para la negociación. La intención del Gobierno es que hoy mismo se anuncie un aumento del salario mínimo de 350 a 400 pesos, con lo que, de paso, se diluiría el impacto de una eventual concentración masiva de Juan Carlos Blumberg. Los empresarios, por el contrario, intentarán llevar las discusiones a la larga. Y del lado sindical, la CTA planteará una suba del ingreso familiar a 720 pesos, mientras la CGT irá sin una postura definida.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ratificó que el Consejo sólo tiene atribuciones para fijar el monto del sueldo mínimo y del subsidio por desempleo. También podrá elevar “recomendaciones” sobre cualquier otra cuestión salarial, pero no serán vinculantes. Más allá de que esas son las reglas formales, todo dependerá de la negociación política. De hecho, fuentes empresarias indicaron a Página/12 que el Gobierno les dejó claro, a través de funcionarios de la cartera laboral, que pretende que el sueldo mínimo vaya a 400 pesos a partir del 1º de septiembre y que se incorporen a los haberes de los trabajadores del sector privado los 50 pesos actualmente no remunerativos.
“Nos dijeron que guardaron los decretos en un cajón, pero que si las negociaciones se demoran están dispuestos a sacarlos”, señaló a este diario uno de los representantes patronales que hoy irá al Consejo. La respuesta empresaria será la aceptación del ajuste del mínimo a 400 pesos, pero no hoy, sino más adelante. “Si llegamos a la reunión con ese tema resuelto, van a venir por más”, explicó. Por lo tanto, el objetivo de los empresarios es dedicar varias sesiones al tratamiento de ese tema. Uno de los principales alfiles del sector patronal es Daniel Funes de Rioja, quien dedicó toda su vida a negociaciones de este tipo. Anteayer, el abogado mantuvo una larga charla con otros dirigentes empresarios para acordar una estrategia. Funes participará del Consejo en representación de la Unión Industrial Argentina.
En cuanto a la incorporación a los salarios de los 50 pesos ahora no remunerativos, los empresarios se mostrarán duros, pero finalmente accederían. En cambio, en este momento rechazan de manera tajante un nuevo aumento generalizado. La postura es que mejoras adicionales deberán discutirse en paritarias, diferenciadas por rama de actividad y por región. El argumento es que cada compañía tiene una realidad distinta y que no se las puede forzar a todas al mismo aumento, porque algunas no podrían pagarlo.
La contundencia de la negativa tiene que ver con una versión que llegó a oídos empresarios: Tomada habría anticipado a la CGT y a la CTA que el Gobierno está dispuesto a impulsar una mejora de 100 pesos para todos los trabajadores del sector privado, 50 ahora y 50 en diciembre.
La CTA pide más que eso. Su planteo es que el salario mínimo debe trepar a 500 pesos, mientras que las asignaciones familiares por hijo deben subir de 40 a 110 pesos. Una familia tipo, entonces, recibiría 720 pesos por mes, lo suficiente para quedar por arriba de la línea de pobreza. Las asignaciones por hijo tendrían que ser universales, según esa central sindical. El otro punto clave que llevarán al Consejo los hombres de la CTA es el aumento del Plan Jefas y Jefes de Hogar a 500 pesos, junto con la redefinición del programa para vincular a los beneficiarios a actividades laborales concretas. “El verdadero salario mínimo es del Plan Jefas y Jefes”, definió el diputado y economista de la central, Claudio Lozano. La CTA pretende que el Consejo se convierta en un ámbito de discusión global sobre la política de ingresos.
La CGT, por su parte, llegará sin una postura definida, producto de la agudización de su interna. Lo que allí destacan es la recuperación del Consejo como espacio permanente de negociación. Los 32 delegados que hoy empiezan a sesionar tienen mandato por cuatro años.