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La Oficina Anticorrupción (OA) ya cuenta con datos cruciales para armar el rompecabezas de la plata negra de la Side. En los próximos días denunciará ante la Justicia que en los últimos quince años la central de inteligencia recibió al menos 1000 millones de pesos/dólares extrapresupuestarios a través de decretos secretos y que buena parte de ese dinero volvía a salir en negro bajo el disfraz de los famosos “gastos reservados”. El organismo investigador pudo probar un caso de principio a fin, donde los fondos públicos partían del Ministerio de Justicia, en tiempos de Raúl Granillo Ocampo, y retornaban allí mismo “en valija” directo al bolsillo de los funcionarios. La gran sospecha es que la misma maniobra se repetía en otros ministerios, pero los usos pudieron ser muy variados: desde sobresueldos, sobornos en el Congreso, hasta financiamiento de campañas.
Daniel Morin, jefe de la OA, está dando los últimos toques a un informe que llevará a los tribunales federales, en el que mostrará el esqueleto de una red de transferencias de dinero del Estado que llegaba en tandas a la Side para ser redistribuido sin control de ninguna clase. La presentación judicial pedirá, según pudo saber Página/12, que el Gobierno levante el secreto sobre las disposiciones confidenciales que habilitaron los giros hacia la central de espías, para poder corroborar qué ministerios originaron la triangulación de fondos. También requerirá que se investigue el delito de peculado, que puede no ser excarcelable y que está previsto para los funcionarios que se apropian o desvían plata que tienen en custodia. La advertencia no se limita a Granillo sino que se extiende como una telaraña hacia el resto de los miembros del gabinete de Carlos Menem y de los gobiernos sucesivos que pudieron tener participación en la trama.
El organismo anticorrupción determinó un patrón que se repitió desde 1989 hasta fin de 2003, con estos rasgos: casi todos los años la Side ejecutaba mucho más dinero, a veces casi el doble, que el que recibía de presupuesto, y lo hacía con fondos transferidos desde otras áreas de gobierno mediante decretos o resoluciones administrativas secretas. Los cálculos de los investigadores indican que el área de inteligencia engrosó sospechosamente su patrimonio en por lo menos 1000 millones de pesosdólares en aquel lapso y luego los hacía figurar como gastos reservados, aquellos que no requieren rendición. Aunque la ley dice que es dinero previsto para seguridad y defensa, se habrían usado a piacere.
El punto de partida de esta historia fueron las revelaciones del ex secretario privado de Granillo Ocampo, Roberto Martínez Medina, un personaje que se hizo famoso este año en el juicio por enriquecimiento ilícito contra María Julia Alsogaray. Fue cuando se plantó frente al tribunal oral y contó que mientras su ex jefe era ministro de Justicia del menemismo todos los meses le retiraba un sobresueldo de 50 mil pesos de la Jefatura de Gabinete, por entonces a cargo de Jorge Rodríguez. En el contexto de un juicio abierto, el relato de Martínez Medina pareció una hecatombe, pero la verdad es que ya le había reportado lo mismo –y más– ante la OA mucho tiempo antes.
Los aportes del ex mano derecha de Granillo y los rastreos de la propia OA llevaron a establecer que por decretos secretos de 1998 la cartera de Justicia transfirió 2,5 millones de dólares de fondos propios que primero “viajaron” a la Jefatura de Gabinete, luego llegaron a la SIDE y volvieron en negro a la cartera de Granillo. Este caso se pudo desentrañar porque en el medio se coló una disposición del Ministerio de Economía –a cargo de Roque Fernández– que corregía la de Justicia y dejaba el manejo al descubierto. Y porque los investigadores detectaron que, en fechas sucesivas sincronizadas con los traspasos de dinero, habría ocho entradas al edificio de Inteligencia por parte del entonces secretario de Administración del Ministerio de Justicia, José Domingo Coronel. Esto podría indicar, advirtieron en la OA, “que el dinero volvió en valija”. Es el ejemplo testigo que Morin llevará a los tribunales. El fiscal anticorrupción llevará su denuncia al menos a tres juzgados federales que tramitan causas ligadas a la plata negra de la SIDE, tanto porque estudian su ruta como qué delitos cometieron quienes se beneficiaron con ella:
- La presentación central se haría en el juzgado de Jorge Ballestero y la fiscalía de Guillermo Montenegro, que analizan el sistema de sobresueldos del menemismo deschavado en el juicio contra Alsogaray, durante el cual varios ex funcionarios reconocieron que cobraban el extra salarial. Ahora están en la mira, además de Granillo, Jorge Domínguez, Alberto Mazza, Claudia Bello y Beatriz Gutiérrez Walker, pero también el jefe de ministros, Rodríguez.
- Otra causa clave es la que conduce Rodolfo Canicoba Corral, donde se analiza qué hacían los organismos públicos con los gastos reservados. Según un informe del perito Alfredo Popritkin –extrañamente apartado del expediente– entre 1988 y 2001 se gastaron 3400 millones con esa modalidad. Aunque la Side fue la mayor beneficiaria, señala ministerios como los de Relaciones Exteriores e Interior, que hasta recibían los fondos reservados en mano.
- La OA podría presentarse también ante el juez Jorge Urso, que investiga la famosa leyenda acerca de los sobres de los jueces federales.
Cuando lo echaron de Justicia, Gustavo Beliz aprovechó la ocasión para sacar relucir entre sus rezongos el misterio del dinero de la Side. Cuando dijo que el año pasado cuatro resoluciones ocultas, tanto de Eduardo Duhalde como de Néstor Kirchner, habían elevado en 100 millones el presupuesto de la Side, no había descubierto la pólvora. La OA lo venía analizando desde hacía tiempo. El gran desafío en puerta será que el Gobierno abra el contenido de los decretos reservados y que la Justicia se disponga realmente a develar qué se hizo con el dinero del Estado.