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Por R. K.

La Procuración Nacional dio anoche un paso de importancia para encarar la investigación del caso AMIA. El subprocurador, Eduardo Casal, firmó una resolución por la cual se establece una Unidad Fiscal Especial de Investigaciones del atentado, a cuya cabeza estarán el fiscal Alberto Nissman, acompañado por otro fiscal de primera instancia, Marcelo Martínez Burgos. El texto indica que ambos funcionarios tendrán atribución para intervenir en la causa principal, o sea, la investigación del atentado, hoy a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, y todas las demás causas conexas, como la que instruye el juez Claudio Bonadío sobre las irregularidades cometidas, en especial por Juan José Galeano, a lo largo del expediente AMIA.
Paralelamente, se está preparando otra resolución en el marco del Ministerio de Justicia: el titular de esa cartera, Horacio Rosatti, firmaría en las próximas horas la conformación de la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción (OA), en la que Alejandro Rúa y Daniel Morin encabezarían desde allí la investigación del atentado, tanto en lo que respecta a quién produjo el ataque como al encubrimiento que hubo durante la pesquisa. Ayer, la Cámara Federal resolvió que la OA sea tenida como parte en la causa que instruye Bonadío y es seguro que esta misma semana Rúa y Morin pedirán que Galeano y Hugo Anzorreguy sean llamados a prestar declaración indagatoria.
Las movidas de esta semana apuntan a darle otra velocidad a lo que tenga que ver con el caso AMIA. Hoy en día hay cuatro frentes abiertos en los que tendrán que darse pasos de importancia:
- El Tribunal Oral dará a conocer los fundamentos de su fallo el 29 de octubre a las 20. En ese texto explicarán por qué absolvieron a los policías y a Telleldín y por qué imputan a Corach, Anzorreguy, Galeano, los fiscales, el personal del juzgado, el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, y otras personas por haber armado una pista falsa. Se habla de que los fundamentos tendrán 500 fojas, lo que pondrá en marcha varios expedientes judiciales y le enviará material a algunos ya existentes.
- La investigación del atentado está hoy en manos de Canicoba Corral. Algunos familiares y funcionarios ya empiezan a señalar que actúa con demasiada lentitud. En esta causa actuará la flamante fiscalía que encabeza Nissman. La Unidad Especial AMIA –que coordina a policías federales, hombres de la SIDE, Gendarmería y Prefectura–, y que ahora se incorporará a la Dirección de Investigaciones de la OA, es la que más material provee hoy en día a la causa y está pidiendo exhortos a varios países: Brasil, Paraguay, Suiza y Estados Unidos. Allí estarían –según los hombres de la Unidad AMIA, que dirige Rúa– los puntos clave de la pista que, partiendo de un celular de la Triple Frontera, señala a un colombiano convertido al Islam como coordinador del atentado.
- La investigación por las irregularidades en el expediente AMIA, a cargo de Bonadío. Aquí también actuarán la fiscalía de Nissman y la OA. Esta última pedirá la citación inmediata a Galeano como imputado y también hará el mismo pedido respecto de Hugo Anzorreguy. La OA fue ayer aceptada como parte en esta causa debido a que se malversó dinero del Estado: los 400.000 dólares pagados a Telleldín. El defensor de Juan José Ribelli, José Manuel Ubeira, pidió el apartamiento de Bonadío de esta causa por haber sido funcionario de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, cuando estaba a cargo de Carlos Corach. Como ahora Corach está imputado, la Cámara Federal podría aceptar la recusación que, en un principio, Bonadío había rechazado.
- El cuarto frente es el del Consejo de la Magistratura (ver aparte), donde, en caso de no aceptarle la renuncia, avanzaría el proceso para destituir a Galeano. En la Casa Rosada se barajó en las últimas semanas la idea de conformar una Conadep del caso AMIA, o sea un comisión integrada por personas de prestigio e independientes a los que se les abran todos los archivos y participen de la investigación. La idea no ha sido desechada, pero algunos familiares ya le hicieron saber al Gobierno que la responsabilidad por la pesquisa es del Estado y que es el Estado el que debe investigar. En todo caso una comisión sólo supervisaría lo que hagan los organismos estatales.